Por: Eduardo Campos Velasco (*)

Cuando el gobierno por el intermedio del ministro Carlos Romero y otros altos jerarcas esgrime una serie de argumentos en contra de los dirigentes del TIPNIS, parece no darse cuenta que las mismas, antes que lograr su propósito, lo que hacen es desprestigiarles política e institucionalmente.
No es pues serio y menos responsable, que utilicen la descalificación y el descrédito de los dirigentes del TIPNIS, cuando lo que corresponde es dar respuesta a la demanda de la IX Marcha que luego de más de 60 días de haberse iniciado, está en la sede de gobierno. En todo caso, ¿por qué esperaron la llegada de la marcha para emitir semejantes acusaciones?
Por otra parte, cuando acusan a Bertha Bejarano de tener antecedentes con el tráfico de drogas, se olvidan decir que ella, ha cumplido su condena, en el marco de la ley brasilera y, como todos, tiene el derecho a la rehabilitación. La dirigente Bejarano no tiene deudas pendientes con la justicia, ni boliviana, ni brasilera; ella está en el pleno ejercicio de su ciudadanía que la ha recobrado acatando lo dispuesto por la ley. En comparación, que distinta es la situación por ejemplo del vicepresidente García Linera que, siendo acusado de terrorismo, acabo beneficiándose de retardación de justicia y no mereció condena alguna, quedando la duda de su responsabilidad en esas acciones francamente “conspirativas y sediciosas”.
Hace mal el gobierno en recordarle a la opinión pública la vida de los dirigentes del TIPNIS, porque, inevitablemente, todos recuerdan – también – el pasado de muchos de ellos. Sostener que el dirigente Chávez, estuvo involucrado en tráfico de influencias a favor de “casas de juego”, cuando “trabajaba” con ellos, es francamente una confesión de las prácticas políticas del Movimiento al Socialismo. Esas afirmaciones, antes que descalificar a Chávez, lo que hacen es – corroborar – la sospecha generalizada de que el MAS ha hecho del Estado un “botín de guerra” que contradice al famoso “proceso de cambio”
El gobierno, si está interesado en resolver el conflicto del TIPNIS, no debiera dedicarse a implementar estrategias de descrédito a los dirigentes de la IX Marcha; lo responsable, lo sensato, es plantear soluciones y alternativas. Sembrar dudas sobre la legitimidad y licitud del papel de los dirigentes del TIPNIS, no hace otra cosa que recordarnos a todos, que ellos mismos (los del gobierno), tiene – también – “sombras” en su pasado.
Por ejemplo, por qué no explican cómo es que las hermanas Terán, militantes del MAS y allegadas del propio presidente Morales, están prófugas, luego de haber gozado de medidas sustitutivas en su proceso por tráfico de drogas?
Acusar de colaboradores del narcotráfico a los dirigentes del TIPNIS, es francamente inaudito, cuando a todas luces la IX Marcha está luchando porque no se produzca la invasión de los colonizadores cocaleros del Polígono Siete. Otra sería la situación de la Sra. Bejarano, si ella estuviera apoyando la expansión de los cultivos de coca aprovechando la construcción de la carretera por el medio del TIPNIS.

El tema - a fuerza de tanta movilización - está por demás claro. Nada de lo que haga o diga el gobierno y sus circunstanciales colaboradores, impedirán que la gran mayoría de la sociedad boliviana, se solidarice con la lucha de los pueblos indígenas del TIPNIS, Todos quieren carretera, para integrar Cochabamba y Beni; pero todos – también - se oponen a que la misma destruya el TIPNIS. Esa es la conclusión que el gobierno se niega a ver y que está obligado a acatar, si es evidente que gobiernan “obedeciendo al pueblo”. Dedicarle tiempo al desprestigio de los dirigentes del TIPNIS, sólo empeora el perfil del gobierno, que día que pasa, se ve más cuestionado por su ineficiencia y soberbia.
La sociedad boliviana, pese a los esfuerzos del gobierno por impedirlo, ya ha hecho de la VII y IX Marchas del TIPNIS, un punto de encuentro, entre los intereses y aspiraciones de los pueblos indígenas y la población urbana; no reconocer ese escenario de empatía y solidaridad que se ha producido, es ya atentar contra sus propios intereses (como fuerza política).
En la medida que el gobierno, el Movimiento Al Socialismo, pretenda desconocer y desbaratar el proceso de facto que se está produciendo entre los intereses de los pueblos indígenas y la población urbana de Bolivia, esta – también – serrando las puertas de la sostenibilidad de su discurso.

(*) Asambleísta Departamental - UN