PLATAFORMA DE DISCUSIÓN DEMOCRÁTICA

Carlos Hugo Molina
es analista político y exprefecto de Santa Cruz.
El 16 de octubre habrá elecciones para las cuatro instituciones del Órgano Judicial, y cualquiera sea el número de ciudadanos y ciudadanas votantes o ausentes, y de votos blancos y nulos, se elegirán las autoridades propuestas por el Órgano Legislativo. Esta afirmación inicial, define el escenario de la elección y la validez legal de ella.

Las observaciones formuladas por la oposición y los problemas que ha debido superar el cronograma previo, en todas sus etapas, ya forman parte de las anécdotas políticas, y el Tribunal Supremo Electoral ha avanzado inexorablemente en llevar adelante el proceso.

La aprobación del reglamento, las postulaciones, la habilitación, la evaluación, la selección e impugnación de las candidaturas, el diseño de la gigantesca papeleta, se han cumplido cronológicamente. Esta segunda constatación deja en evidencia, el cumplimiento del procedimiento.

Un tercer elemento de análisis se refiere a lo excepcional de la elección. Esta modalidad de elegir autoridades judiciales es única en el mundo, es decir, no existe un antecedente similar en el marco de los 194 estados del Sistema de Naciones Unidas. El 60% de los votantes en el referéndum que refrendó su validez, aprobó esta forma de organización estatal, tan compleja y abigarrada.

La corrupción, la debilidad institucional y la lista larga de lacras indefendibles de una administración de justicia estigmatizada abonaron el escenario para explorar formas innovativas, fuera de los sistemas que modestamente siguen los otros órganos judiciales del mundo. Resultaba tan difícil defender la administración de justicia, que el defecto arrastró causa, efecto, institucionalidad y procedimiento, en una masa informe y despreciable. “Cualquier cosa será mejor a lo que tenemos”, se repitió inmisericordemente.

Esa indignación colectiva y un error de cálculo del oficialismo y la oposición, definieron la alternativa. Es la cuarta parte de este rompecabezas tan provocador.

Todo está listo para que el 16 de octubre se produzcan las elecciones. Hay Órgano Electoral habilitado, existen candidatos, hay papeleta, se dispondrán de recintos electorales y designarán jurados electorales; y otra vez, así asistieran a votar sólo los familiares, amigos y contertulios de los candidatos, y ellos por sí mismos, tendremos conformado el órgano administrador de justicia.

Es bueno recordar los ámbitos que le corresponde administrar al sistema de justicia. La libertad, la defensa del patrimonio y los límites que se les debe imponer a los poderosos para que no cometan arbitrariedades y violaciones estarán en manos de quienes serán elegidas y elegidos, para aplicar el nuevo orden jurídico.

Si todo esto es cierto, ¿dónde están las dificultades? Tengo la sensación de que conforme nos vayamos acercando al 16 de octubre descubriremos las razones de por qué nadie, antes de nosotros, había tenido la genialidad de inventarse esta modalidad.

Resulta que los candidatos fueron seleccionados en el marco de la institucionalidad política del Movimiento Al Socialismo (MAS), que, al tener los dos tercios de votos legislativos necesarios, no tenía necesidad de negociar cuotas ni razón alguna para renunciar al poder total. Simplemente, ha ejercido su autoridad, y la inclusión de notables excepciones no modifica el acto de poder que ha significado la selección de los candidatos. Este componente es la piedra fundamental para definir los comicios judiciales: habrá votación, no elección.

Esa primera constatación nos lleva a una segunda. Resulta que los procesos electorales en el mundo tienen algunas características comunes: existencia de candidatos plurales, debate abierto y evaluación de méritos, compulsa de enfoques diferentes, formación y capacidades… nada de todo eso ocurrirá, pues, la Asamblea Legislativa, al oficiar de evaluador de los candidatos, ha liberado a los candidatos, ciudadanos, ciudadanas e indígenas de abrir la boca para ser elegidos.

La ausencia de fiscalización de medios de comunicación, calificados de opositores por parte del oficialismo, deja a la población sin la posibilidad del esclarecimiento imprescindible sobre la persona que definirá su libertad, sus bienes y su debilidad frente al poderoso. Preguntar y/o informar, adquiere la calidad de delito electoral.

Finalmente, el derecho ciudadano a no asistir al acto electoral, elegir, votar en blanco o pifiar el voto con signos inequívocos y asumir una posición pública y militante, como condición de la democracia, sufre el intento de ser calificado como contrario al bien colectivo, al derecho de las mujeres e indígenas de ser magistrados, y por ello, también, constituirse en delito electoral.

¿Cómo elegirá el común de los mortales entre 118 candidatos que no conoce, que no ha elegido y que estarán acompañados solamente de una foto, un nombre y un número? La oposición ha propuesto una fórmula muy simple: voto nulo. Y no en blanco, porque puede ser objeto de marcación posterior.

El Gobierno tendrá un poco más de dificultades esta vez en el proceso electoral, no en la elección que, como he repetido, está garantizada. Tendrá que acudir a la consigna por la vía del número, y en un papelito se indicará el o la candidata que deberá marcarse entre 28 para el Tribunal Constitucional; el número entre 28 para el Tribunal Agroambiental; el número entre 14 para el Consejo de la Magistratura; y los números de un hombre y una mujer entre seis postulantes departamentales al Tribunal Supremo de Justicia. Fácil.

Tengo una provocación: ¿Y qué pasará el 17 de octubre? Estamos a tiempo de pensarlo.