Publicado por: Los Tiempos (Cochabamba - Bolivia)

Santa Cruz |

La decisión de la jueza octava de Instrucción en lo Penal, Valeria Salas, de enviar a Palmasola al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Alcides Villagómez, por incumplir una resolución de la Sala Civil Segunda de Santa Cruz en la que ordena habilitar como asambleístas por la etnia yuracaré-mojeño a Rosmeri Gutiérrez y a Roberto Carlos Cortez, disgustó a la dirigencia cívica cruceña.

Los cívicos convocaron para hoy a una concentración en la plaza 24 de Septiembre en defensa de la libertad y la democracia, y en repudio a la violación de los derechos humanos. Simpatizantes de los asambleístas de Verdes quemaron la Constitución en rechazo a la acusación de los opositores del MAS. Al final de la audiencia, la Policía tuvo que intervenir utilizando gases lacrimógenos, porque los seguidores de Villagómez intentaron agredir a los fiscales.

Tras el fallo judicial, las reacciones no se hicieron esperar de parte de los masistas que, a través del asambleísta Johnny Zeballos, celebraron la decisión de la juzgadora porque "se enmarca en las normas y reconoce la existencia de la etnia yuracaré-mojeña en Santa Cruz".

Mientras tanto, el gobernador Rubén Costas y el líder cívico, Herland Vaca Díez, rechazaron el dictamen por considerar que los masistas buscan desestabilizar a la región, persiguiendo y encarcelando a las autoridades opositoras al Gobierno.

El envío de Villagómez a Palmasola también provocó la reacción de los cívicos de San Matías, que suspendieron el bloqueo de carretera para dirigirse a Santa Cruz de la Sierra a fin de estar presentes en la concentración cívica.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, a tiempo de  lanzar la convocatoria, pidió  voluntad y coraje a la población para defender los intereses de la región, así como también hizo un llamado a los abogados, fiscales, jueces, policías y militares para que defiendan los intereses de los ciudadanos y no los de un Gobierno de turno.

A esa posición se sumaron sectores cruceños y residentes de Vallegrande y San Matías, que se concentraron ayer por más de siete horas en el frontis de la clínica Niño Jesús II para respaldar a Villagómez y rechazar el accionar de las autoridades judiciales.

Durante las siete horas que  demoró la audiencia, numerosos vecinos que se apostaron en los alrededores de la clínica, aprovecharon la oportunidad para reafirmar la defensa a la autonomía, mientras que otros manifestaron a voz en cuello que la única alternativa que le queda a la región es el sistema federal.

Después de que se emitió el fallo, tras siete horas de audiencia celebrada en la pieza 2006 de la clínica Niño Jesús II, el abogado de la defensa, Richard Cardozo, inmediatamente apeló argumentando que no se valoraron las pruebas y porque su defendido no declaró debido a que "no estaba lúcido".

Una vez presentada la apelación, la jueza tiene 24 horas para remitir el expediente a una sala de la Corte Superior de Distrito que, a su vez, deberá fijar una nueva audiencia en un plazo de 72 horas.

Las Naciones Unidas, a través de un comunicado, hicieron ayer un llamado al diálogo y la prudencia para la solución de este conflicto generado por la posesión de una representante indígena en la Asamblea Legislativa de Santa Cruz.

"El Sistema de Naciones Unidas (SNU) hace un llamado a todos los sectores políticos y sociales involucrados en la misma a actuar con prudencia y a contribuir al logro de una solución a la controversia en el marco del diálogo y del respeto de los derechos humanos de todos y de las instituciones democráticas nacionales y regionales", señala el comunicado.

Reacción

El Comité Pro Santa Cruz convocó a los cruceños a una concentración hoy en la plaza 24 de Septiembre para expresar su rechazo a la violación de los derechos humanos

Defienden a Gutiérrez

En la comunidad de El Tacuaral, de Rosmeri Gutiérrez, dicen que es la salvadora de los yuracarés, y en otros lugares, como en El Peligro, donde moran los mojeños, hay quienes la desconocen como representante. Ambas poblaciones se encuentran en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Yuracaré y Trinitaria El Pallar, que a su vez está dentro de la reserva Choré.

Rosmeri Gutiérrez Herbas el 17 de febrero se vio favorecida por una resolución de la Sala Civil Segunda, que dispuso que la Asamblea Legislativa Departamental la posesione como asambleísta indígena por el pueblo yuracaré-mojeño, lo que no ocurrió hasta ahora.

Esta situación ha calentado el ambiente en dicha TCO, ubicada en las riberas del río Ichilo, donde, además de El Tacuaral y El Peligro, existen otras comunidades yuracarés y mojeñas.

El epicentro del ambiente pesado está en El Tacuaral, donde habitan 25 familias y al que se puede llegar después de navegar durante 20 minutos en un deslizador desde Puerto Villarroel (Cochabamba).

En El Tacuaral se encuentra la casa de los padres de Rosmeri Gutiérrez, es el lugar donde llega cuando viaja desde Santa Cruz, donde vive con su esposo y sus hijos.

En El Peligro, señalaron que no reconocen a ninguna representante del pueblo yuracaré-mojeño y que al adoptar esa posición está perjudicando a ambos pueblos. Para Ruber Paz, cacique de El Peligro, las bases nunca han legitimado que la señora Rosmeri represente a los mojeños, ni mucho menos que mezcle ambas culturas con el interés de conseguir un curul en la Asamblea Legislativa.

A su vez, Gutiérrez, desde Santa Cruz, remarcó que ella actúa en función de la ley y que su nombramiento fue acreditado por una asamblea indígena y avalada por las normas legales.

Según los documentos de identidad de Gutiérrez, así como del asambleísta suplente Roberto Carlos Cortez, difundidos el miércoles pasado, ambos nacieron en Carrasco, Puerto Villarroel (Cochabamba).

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20110513/detencion-preventiva-enfurece-a-crucenos_125514_252424.html