Publicado por: La Patria (Oruro - Bolivia)

Según asambleísta Eduardo Campos Velasco:

El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, está obligado a demandar la nulidad del contrato del proyecto Oruro Puerto Seco, por la serie de observaciones técnicas y legales que se presentaron desde su adjudicación, hasta el estudio a diseño final, señaló el asambleísta departamental por Unidad Nacional (UN), Eduardo Campos Velasco, molesto porque ayer por la mañana la Asamblea Departamental debería haber emitido criterio institucional al respecto, sin embargo la reunión de la Comisión Especial no prosperó.

Los acontecimientos producidos recientemente, referidos a la ampliación de las investigaciones por parte del Ministerio Público a los personeros de la consultora Prointec, responsables de la elaboración del estudio a diseño final Oruro Puerto Seco, por la alteración de documentos en la presentación de su propuesta, obliga a la Gobernación a demandar la nulidad del contrato, debido a que según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, el ofertante hubiera alterado varios de los certificados del personal clave del estudio, lo que en definitiva, le permitió adjudicarse el contrato por un valor superior a los 10 millones de bolivianos, destacó el asambleísta.

"Lo que corresponde en el marco de la responsabilidad por la función pública, es que la gobernación se constituya en parte coadyuvante del proceso, en vista de que se trata de recursos públicos, el no hacerlo, implica una actitud cómplice con el perjuicio que se ocasiona al departamento de Oruro. En ese sentido y como parte coadyuvante del proceso, debe pedirse la ampliación del mismo a los miembros de la comisión calificadora que facilitó la adjudicación del proyecto y de todos aquellos funcionarios involucrados en el tema", explicó Eduardo Campos Velasco.

Este escenario establece que no se deba hablar de recisión de contrato, porque se trata de vicios que ponen en tela de juicio, la propia adjudicación y firma del contrato. El dolo, invalida el consentimiento cuando los daños causados por uno de los contratantes son tales, sostuvo.

"De manera paralela, la gobernación está obligada a ejecutar las boletas de garantía que aún están vigentes, medida que permitirá en lo inmediato, recuperar cerca de 2.000.300 bolivianos, de los más de 5 millones que ya se han cancelado a la consultora. Por otra parte, la Gobernación también está obligada a iniciar un proceso administrativo interno, que establezca las responsabilidades de varios funcionarios involucrados en la adjudicación del mencionado contrato, indistintamente si éstos aún cumplen función en la institución o han dejado de hacerlo", indicó Campos.

Estas iniciativas se las debería de haber anunciado ayer por la mañana, en la Comisión Especial conformada en el seno de la Asamblea Legislativa departamental, integrada por Froilán Fulguera Pita, (presidente del ente legislativo), José Luis Toco (jefe de Bancada del Movimiento Sin Miedo), Jaime Chuquichambi (jefe de Bancada del Movimiento Al Socialismo) y Eduardo Campos Velasco por Unidad Nacional.

"Por la importancia del tema y ante el evidente desinterés de los miembros de dicha comisión, me veo en la necesidad de hacerla pública, considerando además que no pronunciarse al respecto, implica responsabilidades, tal como establece la normativa vigente y en particular la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz", explicó.

En pasados días, el Ministerio Público secuestró los documentos originales de todo el proceso de adjudicación, calificación y valoración de las propuestas técnicas presentadas a la fecha, en virtud del riesgo evidente de que puedan ser sustraídas algunas piezas originales, además de ampliar la investigación con el personal denominado "clave".

"Lamentablemente a más de 5 años de la promulgación de la ley del Puerto Seco (Ley Nº 3316) del 16 de diciembre de 2005, el anhelado proyecto de los orureños, ahora enfrenta otras dificultades de orden legal que hacen temer que se vea nuevamente postergado. Sin embargo, debe quedar claro que al margen de las observaciones de tipo técnico que varias instituciones locales han hecho a los contenidos del mencionado estudio, que no fue entregado oficialmente a la Gobernación, surgen estas nuevas observaciones, de tipo jurídico legal, están referidas a la validez del propio contrato, indistintamente de si está bien o mal elaborado el estudio", manifestó.

En este sentido las declaraciones de los fiscales asignados al caso, respecto a la existencia de dolo en la constitución del contrato, motivo por el cual la ampliación del proceso establece las figuras de falsedad material e ideológica, peculado, uso de instrumento falsificado, uso indebido de profesión, elementos sumados al proceso que el Ministerio Público sigue al ex prefecto Alberto Luis Aguilar, el ex secretario general Tomás López, al ex director jurídico Fidel Gutiérrez, la ex directora Administrativa y Financiera Patricia Jaldín y otros dos funcionarios, por el presunto delito de conducta antieconómica, en la socialización y licitación del mencionado proyecto.

"Lo que está sucediendo, más bien lo que se viene conociendo, ratifican las múltiples denuncias que se hicieron en su momento, respecto de las irregularidades en la adjudicación del proyecto Oruro Puerto Seco. Debe destacarse la actitud de Campeo y los miembros del Comité Cívico, quienes impulsan de manera decidida el esclarecimiento de este tema. En ese sentido, es inaudito que la Gobernación y la propia Asamblea Legislativa Departamental, no tomen las medidas pertinentes y necesarias en defensa de los intereses de la institución y el departamento", reflexionó el asambleísta por Unidad Nacional.

http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=66579