Publicado por: La Patria (Oruro - Bolivia)

Escenario de incertidumbre

Las denuncias ante la fiscalía por parte de la Cámara de Artesanos y Micro Empresarios del Occidente (Campeo) conjuntamente el Comité Cívico, relacionadas con la elaboración del diseño final del proyecto Oruro Puerto Seco; así como otras observaciones efectuadas cuando se licitaba el diseño final del estudio, configuran un escenario de incertidumbre y frustración respecto a este emprendimiento regional, manifestó el asambleísta departamental por Unidad Nacional (UN), Eduardo Campos Velasco.

El Proyecto Oruro Puerto Seco, que fue adjudicado a la empresa Prointec S.A. en una irregular "cuarta licitación" por la administración prefectural de Alberto Luis Aguilar en mayo del 2009, explicó Campos, debió estar concluido según las clausulas del contrato en el plazo de 10 meses; es decir marzo del 2010, sin embargo a la fecha, habiendo transcurrido otro año adicional, no se conocen los resultados del mismo y por el contrario, su elaboración y entrega definitivas, se encuentran envueltas en varias denuncias, como las efectuadas por los cívicos orureños.

"Por otra parte, también se conoce que está en curso, un proceso judicial en contra el ex prefecto Aguilar y varios de sus colaboradores, como el ex secretario general, Tomás López; el ex director jurídico, Fidel Gutiérrez, la ex directora administrativa y financiera, Patria Jaldín y otros funcionarios responsables de la unidad encargada del tema, por haber dispuesto la utilización de recursos públicos para cancelar ‘trabajos de consultoría', sin haber cumplido la normativa vigente para esos propósitos. Concretamente, se trata, del famoso estudio del Plan Estratégico del Puerto Seco Oruro (2007)", recordó.

En cuanto a las recientes observaciones, sobre el presupuesto del estudio a diseño final del proyecto, en comparación a Puerto Seco Rivera (Uruguay), Campos dijo: "Cuando se señala que un trabajo similar realizado en Uruguay por Prointec, tiene un costo de 250.000 dólares, cifra cinco veces menor a la convenida en el contrato con la ex Prefectura de Oruro, nos preocupa de sobremanera, como el hecho que de acuerdo a la denuncia, refiere la ausencia de profesionales especializados.

"En lo referente a la situación del estudio a diseño final que continúa elaborando Prointec (sin fecha definitiva de entrega), Campos dijo que la Gobernación está obligada a informar a la Asamblea Legislativa Departamental y no sólo a este ente legislativo y fiscalizador, sino a la ciudadanía: ¿cuál es la situación del estudio?, ¿se cumplió con los términos de referencia?, ¿el estudio tiene la calidad que justifiquen el millón y medio de dólares de su costo?, ¿si se aceptará o no el mismo, sabiéndose que hay varias observaciones? Como todos nos damos cuenta, se trata de uno de los proyectos de mayor significación para el desarrollo regional, motivo por el cual, no puede continuar la indefinición en la que se encuentra", dijo.

Por tanto sostuvo que la justicia está obligada a proseguir los juicios planteados y llegar a conclusiones que establezcan las responsabilidades o no de los involucrados, porque no es admisible que en estos casos de tanta importancia para el desarrollo departamental, no se proceda con la misma celeridad que se emplea en otros, de interés político.

"Oruro, no puede seguir creyendo que éste y otros proyectos, van viento en popa, cuando en realidad, o están paralizados o en definitiva han sido fondeados de las prioridades políticas del partido de Gobierno. Por lo menos, los orureños tenemos el derecho a saber la verdad, para poder asumir las acciones que fueran necesarias", concluyó el asambleísta departamental, Eduardo Campos.

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