Por: Fernando Molina

Por "principio" deberíamos ser iguales en todo, pero en el mundo de las "consecuencias" -o la realidad- tal cosa nos llevaría a la violencia (habría que impedir a la fuerza que el otro se desiguale) y, por tanto, a la desdicha. Para tratar de ser felices, entonces, buscamos ser iguales "en principio", esto es, "de derecho", y, simultáneamente, aceptamos ser desiguales "de hecho".

Dijo Aristóteles: "Igualdad en lo que el hombre es igual, y desigualdad en lo que el hombre es desigual". Iguales en dignidad y valor: cada vida es igualmente valiosa y merece idéntico respeto. Iguales en humanidad: ningún miembro de nuestra especie es menos humano que otro (el racismo, que se opone a esta clase de igualdad, se considera un delito). Igualdad frente a la ley, al Estado, a los demás ciudadanos, porque todos tenemos los mismos "derechos", es decir, justamente, porque en "principio" somos iguales. Igualdad de oportunidades para realizar plenamente nuestras vidas. Este último es el punto en el que hace hincapié el economista Amartya Sen. Al mismo tiempo somos desiguales en inteligencia, talento, espíritu de emprendimiento y laboriosidad. Tarde o temprano, esto produce diferencias de riqueza y conocimiento. Pues bien, la pregunta es: ¿hasta qué punto la sociedad puede admitir estas diferencias? ¿En qué momento éstas afectan la igualdad (principista) de oportunidades y derechos?

La respuesta varía según cuál sea el enfoque ético. El más común es el utilitarismo, que prescribe un incremento del bienestar del mayor número posible de personas. Según el utilitarismo, mientras más deseos materiales sean satisfechos por la sociedad en el presente, mejor para todos. Por eso esta concepción fundamenta al Estado del bienestar y a otras políticas de redistribución de la riqueza. El informe del PNUD "Los cambios detrás del cambio" lo adopta en parte, al alinearse a nuestra Constitución (profundamente redistribuidora).

El problema se produce cuando se incrementa el bienestar de la mayoría con medidas como la nacionalización y el cambio de los contratos (o con una seguridad social onerosísima, como la de Europa), que pueden representar un serio problema para el bienestar de las generaciones venideras. Entonces, al utilitarismo redistribuidor (es decir, a la Constitución) se le puede objetar lo siguiente: que no piensa en la felicidad de las personas del futuro. Para hacerlo, no debería fijarse exclusivamente en la igualación del consumo, sino también en la difusión de la creatividad y las opciones de realización vital.

Por eso Amartya Sen, John Rawls y otros liberales de izquierda defienden un utilitarismo "diferido" o "intergeneracional", que restringe en alguna medida la igualdad actual a fin de cuidar la igualdad por venir. Son de "izquierda" porque se niegan a considerar la desigualdad como un fenómeno puramente positivo (acicate de la emulación), como hacen los liberales de derecha o "neoliberales". Para ellos (Sen, Rawls) se tiene que intervenir y reformar la distribución natural de los dones, pero no sólo mediante la repartición de riqueza (lo que puede ser negativo para las próximas generaciones), sino especialmente creando oportunidades.

El informe del PNUD también apoya estas ideas, contradiciendo su adscripción inicial. En todo caso, en las propuestas que hace, lo que prevalece es este utilitarismo "diferido". Por eso plantea "democratizar el empleo", por ejemplo. A lo que el vicepresidente García Linera replicó (en la presentación del informe), de forma muy significativa: "Sobre todo, democratizar la propiedad".

Fernando Molina es periodista y escritor.