Publicado por: Los Tiempos (Cochabamba - Bolivia)

En Cochabamba, tres alcaldes electos tienen procesos en contra por lo que pueden ser supendidos en el marco de la Ley de Municipalidades, una norma aplicable a los alcaldes en forma similar a la "ley corta".

El que tiene mayor riesgo debido a lo avanzado de su proceso es Héctor Cartagena, alcalde electo de Quillacollo por Unidad Nueva Esperanza (UNE). Los otros dos con procesos, aunque en menor grado de investigación, son Jhonny Pardo (MAS) de Mizque y Víctor Valderrama de Punata de la agrupación Insurgente "Martín Uchu" (IMU), según datos recogidos de la oficina regional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

En el resto del país, figuran otros cinco alcaldes de ciudades capitales: Luis Revilla de La Paz, René Joaquino de Potosí, Jaime Barrón de Sucre, Percy Fernández de Santa Cruz y Moisés Shriqui de Trinidad.

La suspensión temporal de alcaldes que afrontan acusaciones formales en  material penal tiene su base jurídica en la Ley 2028 de Municipalidades que está vigente y que establece en su artículo 48 que un Alcalde será suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones "y las de Concejal" por existir en su contra auto de procesamiento ejecutoriado que es equivalente a acusación formal.

Según esta normativa, la suspensión durará toda la "substanciación del proceso para asumir su defensa" y la autoridad puede ser restituida a su cargo "en caso de sentencia absolutoria o declarativa de inocencia". La Ley 2028 también prevé suspensión definitiva y pérdida de mandato de Alcalde y suspensión definitiva como concejal cuando haya sentencia condenatoria ejecutoriada, pena privativa de libertad, pliego de cargo ejecutoriado o sentencia judicial ejecutoriada por responsabilidad civil.

Cartagena, alcalde de la agrupación opositora Unidad Nueva Esperanza (UNE), está acusado por encubrimiento y conducta antieconómica por un monto de 105 mil dólares por, supuestamente, haber protegido a un funcionario en un proyecto de ejecución de alcantarillado.

Jhonny Pardo, alcalde electo de Mizque por el MAS, al igual que Víctor Balderrama de Punata de la agrupación Insurgente "Martín Uchu" (IMU) afrontan acusaciones de malos manejos económicos en gestiones anteriores al frente de esas alcaldías.

En el caso de Balderrama, que obtuvo el 74 por ciento de votación de Punata en las últimas elecciones, el proceso en su contra fue paralizado en 2007 tras su suspensión como autoridad de ese municipio y, según sus seguidores, se pretende reactivar esa investigación ahora que ganó la elección.

El responsable departamental de esa agrupación ciudadana, Remberto García, advirtió que los punateños del área urbana y rural anunciaron un "alzamiento popular" en caso de persistir los aprestos de truncar la posesión del alcalde electo.

En Cochabamba, el MAS ganó 40 de las 47 alcaldías, y las plazas perdidas que más dieron que hablar fueron las de Quillacollo donde ganó Héctor Cartagena, de UNE, y Víctor Balderrama, de IMU. 

18 alcaldes anteriores

Asimismo, existen en la representación departamental del Ministerio de Transparencia en Cochabamba 18 ex alcaldes con procesos por corrupción.

Estas autoridades, que figuran en listas de Transparencia son  Asterio Camacho de Anzaldo, Pedro Guzmán de Aiquile, Vicente Rojas de Arani, Luis Alberto Mérida de Arque, Marco Coraite de Capinota, Alejandro Pérez de Chimoré, William Quevedo de Colcapirhua, Emilio Zurita de Entre Ríos, Román Choque de Morochata, Policarpio Quinterios de Sacaba, Liborio Loza de Santiváñez, Valerio Cartagena de Sipe Sipe, Jhonny Alvarez de Tacachi, Evaristo Peñaloza de Tiquipaya, Nicolás Rosas de Totora, Pacífico Otalora de Vinto y Gonzalo Terceros de Cercado.

En el caso de la mayoría de estos alcaldes, se trata de denuncias que están siendo procesadas al interior de la Oficina Departamental de Transparencia, con excepción de los alcaldes de Cliza, Sacaba, Tacahi, Vinto, Arque y Cercado.

Un caso inusual entre las autoridades ediles es el del concejal electo del Movimiento Al Socialismo y ex coronel de Policía, Jesús Mérida, quien se encuentra siendo investigado por un presunto caso de suicidio en su casa.

OTROS ALCALDES DEL PAÍS

Jaime Barrón

El alcalde electo de Sucre, Jaime Barrón de la Alianza Por Chuquisaca (APC) es acusado por la Contraloría local de nepotismo en la Universidad San Francisco Xavier, de la que fue Rector. Según Transparencia, vulneró normas vigentes. El Ministerio Público también le sigue un proceso por su participación en los hechos de racismo contra campesinos ocurridos en la ciudad de Sucre en mayo de 2008.

René Joaquino

El alcalde electo de Potosí, René Joaquino, d Alianza Social (AS), es acusado de la compra de autos usados e indocumentados en 2006 para la Alcaldía. El Tribunal de Sentencia estableció el 21 de junio como fecha del inicio del juicio oral en su contra y otros seis ex concejales. Con esta figura, el Concejo Municipal tendría que autorizar la licencia indefinida para que se defienda en los estrados judiciales.

Luis Revilla

El alcalde electo de La Paz Luis Revilla, y el jefe nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, son acusados del presunto desvío de un millón de bolivianos por la compra de terrenos en la zona de Alpacoma para el relleno sanitario. La primera notificación ante el Ministerio Público no prosperó porque los acusados no conocieron las razones de la demanda, pero se prevé que se retome el proceso.

Moisés Shriqui

El alcalde electo de Trinidad, Moisés Shriqui, es investigado por la Fiscalía por vínculos con el caso Eduardo Rózsa. También, la Contraloría General denunció al alcalde de percibir doble salario y ocasionar un daño económico de 116 mil dólares al Estado (1 a 6 años). Shriqui realizó cobros a la alcaldía municipal de Trinidad por 901 mil bolivianos y del Seguro Social Militar otros 647mil bolivianos. 

Percy Fernández

El alcalde electo de Trinidad, Percy Fernández, es investigado por el Ministerio de Transparencia y la Contraloría por daño económico al municipio de Santa Cruz por 5 millones de dólares por un pago irregular a una empresa por un servicio no prestado a la Comuna. La acusación la hizo el concejal Óscar Vargas, ex aliado del alcalde, quien brindó toda la documentación pertinente a las dos instituciones del Gobierno.

FUENTE: Archivos La Prensa

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