Publicado por: La Prensa (la Paz - Bolivia)

Anuncio: El representante de la Jindal en bolivia, Arvin Sharman, aseveró que el Estado aún no les entregó 660 hectáreas en el Mutún. El Ministerio de Minería espera que la controversia contractual se resuelva amigablemente.

La Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) concluyó el trámite de ejecución de las boletas de garantía de la Jindal Steel Bolivia (JSB), pero aún no traspasó los 18 millones de dólares depositados en dos bancos privados a las cuentas fiscales.

Además, la ESM autorizó a su presidente, Sergio Alandia, a "agotar todos los esfuerzos" para postergar los plazos de ejecución del contrato con la empresa india. Es decir, a llegar a un acuerdo amigable para que la Jindal continúe con el contrato.

En julio de 2007, el Gobierno boliviano y la empresa Jindal firmaron un convenio para la explotación del 50 por ciento del cerro del Mutún, mediante el cual los indios se comprometieron a invertir 600 millones de dólares.

Según Alandia, hasta el momento, la empresa sólo invirtió el 2 por ciento de sus planes, y por lo tanto incurrió en incumplimiento de contrato. Además, la empresa al parecer no renovó de manera oportuna las boletas de garantía por 18 millones de dólares.

Pero los representantes de la empresa argumentan que la inversión no avanzó como debía porque el Gobierno boliviano incumplió en la entrega de la totalidad del terreno comprometido. El representante de Jindal en Bolivia, Arvin Sharman, dijo a La Prensa que el Estado aún no les dio 660 hectáreas de las más de 5.000 acordadas.

Además, aclaró que las boletas de garantía debían ejecutarse, en caso de incumplimiento, al término del quinto año del contrato, pues al cabo del segundo, sólo corresponde, si es que se verifica fallas en la empresa, el incremento de los montos de la garantía.

El Presidente de la ESM y el ministro de Minería, José Pimentel, anunciaron ayer que se concluyó el trámite de ejecución de las boletas de garantía. Alandia especificó, sin embargo, que los 18 millones de dólares continuaban en los bancos privados, pero que ya se iniciaron los trámites para realizar el traspaso a las cuentas fiscales. Dijo que Hacienda tramita la creación de esas cuentas, pero no dio a conocer plazos.

El Deber informó que se frenó la apertura de la cuenta fiscal.

De esta manera, explicó Alandia, se ha ingresado en un proceso de controversia contractual, que inicialmente debe ser resuelto y negociado de manera amigable entre la Jindal y la ESM. Dijo que esta negociación no tiene plazos, pero que una vez se agoten los esfuerzos y no haya entendimiento, se tienen 90 días para el inicio de un arbitraje nacional.

Pimentel manifestó su deseo de que las negociaciones se resuelvan de manera concertada sin llegar al arbitraje, y puso énfasis en que el cobro de los 18 millones de dólares no está garantizado. "Si es que cobramos los 18 millones, dijo, esos montos irán a las regiones y a la ESM".

Sharman se mostró sorprendido de que el Gobierno hable de "ejecución de las boletas de garantía", en alusión a la conferencia de prensa realizada por Alandia y Pimentel, porque recordó que el 9 de marzo, el Gobierno nacional y su empresa llegaron a un acuerdo para postergar el inicio del cómputo del cronograma de inversiones, que debía correr a partir del 1 de abril de 2010.

Además, el Gobierno se comprometió a entregar en 60 días, hasta el 9 de mayo, las 660 hectáreas de terreno que aún faltan, y donde la empresa tiene previsto instalar las plantas, el campamento y la procesadora de agua.

También recordó que el fin de semana anterior, entre el viernes y el sábado, la ESM, a la cabeza de Alandia, dijo que paralizaría la ejecución de las boletas de garantía.

Alandia mostró ayer a los medios de comunicación la resolución de la ESM, con la que el directorio aprueba el trámite de ejecución y reconoce que "a partir de la ejecución de las boletas de garantía, se genera una controversia contractual".

Pero Alandia no se refirió ayer a ningún acuerdo en la conferencia de prensa efectuada en la ciudad de La Paz, y más bien dijo que Hacienda ya inició el trámite de apertura de una cuenta fiscal para traspasar los 18 millones de dólares depositados por Jindal, aunque aseguró que no existen plazos para que esto se materialice.

En cambio anunció que iniciará con los representantes de la empresa siderúrgica extranjera una negociación para encontrar un acuerdo en la controversia contractual. Pero no garantizó que los resultados sean positivos, pues anunció que en caso de que no se hagan convenios, corren 90 días de plazo para que se inicie un arbitraje nacional.

Después anunció que la resolución de la ESM establece qué es lo que pasará con la Jindal. El artículo tercero de esa determinación encarga a su presidente, es decir a Alandia, "a agotar todos los esfuerzos para viabilizar la aplicación de la parte décima del CRC (contrato de riesgo compartido) sobre régimen de solución de controversias".

Ese acápite se refiere a la "suspensión del cómputo del plazo" e indica que los plazos quedarán suspendidos respecto de los compromisos contractuales en los casos expresamente señalados.

En la conferencia de prensa en la ciudad de La Paz, el Ministro de Minería anunció que su despacho instruyó a Alandia el inicio de los trámites necesarios para la explotación, por parte de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), del otro 50 por ciento del cerro del Mutún.

De esa manera, sostuvo que se garantiza que en Bolivia se explotará el hierro del Mutún con o sin la presencia de la Jindal. Las autoridades del Gobierno manifestaron su interés por impulsar la explotación estatal del otro 50 por ciento.

La ESM revela que la Jindal ejecutó sólo el 2 por ciento de sus promesas.

El proyecto

El contrato con la Jindal Steel Bolivia (JSB) se firmó en julio de 2007 en la ciudad de Santa Cruz.

El compromiso inicial era una inversión de 2.100 millones de dólares en ocho años.

El presidente de la ESM, Édgar Alandia, informó que la Jindal no invirtió ni el 2 por ciento de sus compromisos.

El 9 de marzo, el Gobierno y la Jindal acordaron postergar el cronograma de ejecución de las inversiones.

El nuevo plazo, según los acuerdos del 9 de marzo, corren recién a partir del 1 de abril de 2010.

En 60 días, el Gobierno debe entregar las 660 hectáreas que aún no dio a la empresa india.

El cerro del Mutún se encuentra en Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, en la frontera con Brasil.

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