Publicado por: El Deber (Santa Cruz - Bolivia)

Pablo Ortiz | portiz@eldeber.com.bo

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Oacnudh) recomendó al Estado Plurinacional de Bolivia investigar con imparcialidad el caso de supuesto terrorismo en Santa Cruz. El consejo fue dado en el informe anual de esta institución sobre los derechos humanos en el país, que ve avances respecto a 2008, pero pone especial atención en este hecho. Para el Gobierno, tanto el Ejecutivo como el Ministerio Público cumplen con el respeto a los derechos humanos.

El documento de 120 puntos hace también referencia al operativo del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas, en el que mataron a Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, y arrestados Elöd Tóásó y Mario Tadic.

Recuerda que otras seis personas fueron detenidas por estos hechos (hasta el 31 de diciembre de 2009) y que tanto la comisión de la Cámara de Diputados como la Fiscalía consideran que las muertes sucedieron durante un tiroteo. Sin embargo; también añade que sectores de la oposición cuestionan la investigación de la Fiscalía y dice que las muertes fueron resultados de ejecuciones extrajudiciales. "Si se confirma el uso indebido de la fuerza durante el operativo, los presuntos responsables deben ser sometidos a una investigación administrativa y, de ser necesario, a una investigación penal", ‘reza' el informe.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos también acota que hubo un problema de jurisdicción entre La Paz y Santa Cruz por este caso y que fue en parte resuelto por el Gobierno a través del Decreto Supremo 138, que establece a La Paz como la jurisdicción para procesar casos de terrorismo, sedición y alzamiento armado contra la seguridad del Estado. "La oficina en Bolivia considera que el decreto violaría el principio de reserva legal al regular materia de procedimiento penal", escribió la ONU.

Sobre el informe, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, afirmó que el documento reconoce que la situación de los derechos humanos mejoró en Bolivia respecto a la gestión 2008 y que el Gobierno saluda este dictamen.

Admitió que el Alto Comisionado hace referencia al caso Rózsa y dijo que esa recomendación es protocolar.
"El Estado está comprometido, la investigación se realiza en estricto respeto de los derechos humanos, corresponde al Ministerio Público y al Órgano Judicial garantizar estos derechos", acotó.

La autoridad también se refirió a la situación del Órgano Judicial y a las acefalías en el Tribunal Constitucional. Afirmó que este documento fue elaborado antes que la Asamblea Plurinacional redacte la ley corta, que permitió designar autoridades judiciales al presidente Evo Morales. "Gracias a la ley se cumple una recomendación del Alto Comisionado", explicó Llorenti. Como el informe es de 2009, criticaba las más de 5.000 causas y 30.000 afectados por las acefalías del Tribunal Constitucional.

El informe de la Oacnudh también registra tres casos de uso excesivo de fuerza. Uno se registró el 18 de febrero del año pasado, cuando nueve supuestos testigos de la matanza de Porvenir fueron trasladados a La Paz. Los otros dos casos están referidos al operativo del 16 de abril en el hotel Las Américas y al traslado violento, con los ojos vendados con cinta, de Alcides Mendoza y Juan Carlos Gueder a La Paz, registrado el 28 de abril de 2009.

Sejas dice que tiene refugio en Brasil
El ex presidente de la Unión Juvenil Cruceñista David Sejas, indicó que, junto a cinco personas que estuvieron en esta organización del Comité pro Santa Cruz, tiene el estatus de refugiado en Brasil. En contacto telefónico, explicó que vive en Cuiabá y que el Estado brasileño ya lo ha inscrito en la lista de refugiados políticos de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur, por sus siglas en inglés). Prefirió no dar a conocer los nombres de las otras cinco personas porque tienen familiares en Bolivia que pueden correr peligro.

Sejas fue citado a declarar por el caso Rózsa en repetidas oportunidades. En primera instancia logró demorar la citación al objetar la jurisdicción de La Paz, pero cuando un juez cruceño remitió los legajos del caso de supuesto terrorismo a la sede de Gobierno, salió del país.

Sejas aseguró que se encuentra en Brasil desde dos días antes de las elecciones generales del 6 de diciembre. El ex dirigente manifestó que personeros del Gobierno se pusieron en contacto con él y le ofrecieron $us 150.000 para que regrese al país y acuse a los principales dirigentes de estar involucrados en acciones terroristas. "Lo mismo sucedió con Kudelka, que siempre fue un infiltrado del Gobierno en el Comité Cívico", indicó el ex dirigente. Juan Kudelka es un ex colaborador de Branko Marinkovic que declaró la semana pasada en La Paz y que niega presiones o favores del Gobierno para testificar.

El que sí declarará hoy es Geider Salas, presidente del Colegio Médico, que fue citado la semana pasada, pero no se presentó porque estaba en un congreso en Argentina. A través de un memorial solicitó realizar la indagatoria.

  El documento  

- Comparado con 2008, en 2009 hubo una mejoría general de la situación de los derechos humanos, especialmente en relación con la disminución de las actividades de grupos de choque. Hubo menos violencia política, aunque la división entre el Gobierno y la oposición continuó, con repercusiones sobre la situación de los derechos humanos. Este año los problemas que afectan al Estado de derecho y al sistema de justicia se tornaron más agudos.

- Reitera su recomendación de investigar si las acciones realizadas por la Policía el 11 de septiembre en Pando fueron las más apropiadas para evitar la escalada de la violencia, prevenir violaciones a los derechos humanos y proteger a las víctimas. 

- Recomienda intensificar esfuerzos para implementar el derecho con la consulta de acuerdo a la nueva Constitución y llevar a cabo consultas y estudios de impacto ambiental en relación con proyectos extractivos y de desarrollo situados en las tierras y territorios de las comunidades y pueblos indígenas.

- Alienta al Gobierno continuar y reforzar las medidas dirigidas a la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, especialmente de aquellas condiciones a las cuales están sometidas las familias y comunidades guaraníes. 

- Recomienda al Gobierno intensificar sus esfuerzos encaminados a superar las manifestaciones y causas subyacentes del racismo y la discriminación, incluyendo la realización de un adecuado diagnóstico de la situación y criminalizando el racismo y la discriminación.

- Insta al Ministerio de Justicia a continuar con sus esfuerzos para localizar los restos de quienes fueron desaparecidos durante las dictaduras militares y entregarlos a sus familias, así como a garantizar que los archivos militares confidenciales del Estado, de la época dictatorial, sean efectivamente desclasificados.

- Recomienda a la Asamblea Legislativa Plurinacional eliminar el delito de desacato de la legislación penal boliviana.

http://www.eldeberdigital.com/2010/2010-03-25/vernotaahora.php?id=100324232756