Publicado por: El Deber (Santa Cruz - Bolivia)

Carla Paz Vargas
- ¿Hay una mejor relación de la CAOcon el Gobierno?
- Es una decisión del sector agropecuario trabajar de manera coordinada con el Gobierno para buscar un crecimiento sostenible de la producción, basada en inversiones que se quieren hacer, innovación tecnológica y consolidación de mercados, aspectos en los cuales nos planteamos el desafío de promover un plan estructural de desarrollo agropecuario y que no sólo vislumbre las soluciones que la coyuntura plantea, sino con el objetivo de duplicar el volumen total de la producción agropecuaria, garantizando la seguridad alimentaria y creando excedentes exportables para participar del circuito de países exportadores de alimentos.
- El nuevo viceministro de Tierras, Víctor Camacho, reconoció que se ‘politizó' el tema tierras. ¿Ello sugiere un cambio en el tratamiento agrario?
- En el tema tierras se refleja la necesidad de generar certidumbre y superar diferencias para trabajar en las coincidencias, tratando de buscar cómo llegar a posiciones técnicas y no ideológicas para evitar inconvenientes que frenen el proceso de diálogo con posiciones coyunturales que acaban afectando al sector.
- ¿Hay avances en las mesas de diálogo con el Gobierno?
- Nosotros tenemos básicamente siete puntos en el trabajo que desarrollamos con el Gobierno. El número uno es tierras, que empezó a mediados del año pasado y avanza de manera lenta porque habían muchas visiones y diferencias que van encontrando puntos de coincidencia.
Se hizo una agenda específica y uno de los temas más relevantes es haber avanzado en las relaciones servidumbrales  durante el saneamiento de las propiedades productivas.
- ¿Se aclaró el tema de servidumbre?
- Coincidimos en que este tema es un hecho marginal y delictivo, porque la relación laboral en el campo es muy positiva, tiene una dinámica de alta intensidad de trabajo y una remuneración por encima de los valores fijados por las instancias judiciales. En todo caso, lo que corresponde es formalizarla, pero de ninguna manera vale la pena penalizar la propiedad de la tierra por un hecho aislado.

- ¿Hay una nueva normativa al respecto?
- Sí, es el Decreto Supremo 388 que surge de un acuerdo entre Gobierno y productores. Asimismo, se está trabajando en el registro de transferencia de propiedades y en la verificación de la Función Económica Social.
Además nos sentamos con las nuevas autoridades para conversar de la normativa agraria y las futuras leyes de la Asamblea Legislativa.

- ¿Pidieron al Ejecutivo que se suspenda el veto a la exportación de oleaginosas?
- El sector ha manifestado que existe un compromiso con el país, no con el Gobierno, de garantizar el abastecimiento interno, esa es la prioridad y creemos que tenemos que ir por esa línea. Sin embargo, una vez garantizada la provisión interna, debemos tener la seguridad, de parte del Gobierno, de poder exportar a través de mecanismos ágiles y de forma oportuna para tener una credibilidad como país.

Hubo situaciones muy complejas y creo que el tema aceitero fue el más discutido, pero también está el maíz, sorgo y azúcar. Por esta situación creemos que debe haber posiciones muy bien definidas a través de datos de consumo y producción para evitar distorsiones que benefician al especulador, porque el productor llega a pagar culpas de actividades ilícitas como el contrabando.

- Sin embargo, el presidente Evo Morales, habló de la posibilidad de revisar el veto a la exportación de aceites...
- Sí, creo que fue un compromiso del presidente que esperamos que se convierta en una medida operativa. La restricción a la venta de los aceites de girasol y soya, nos coloca en una situación incómoda y aunque los trámites son más ágiles, terminan siendo un obstáculo en las actividades de largo plazo.

- ¿Cuál es la situación de la producción de maíz y sorgo que incidió en el precio de la carne de pollo?
- En maíz y sorgo, estamos en una posición muy desfavorable como país, porque en nuestra política de producción no se tiene cuidado de que una medida de corto plazo desincentiva la producción y con ello se compromete la provisión de granos al sector avícola para los próximos seis meses. Ahora, corremos el riesgo de importar y de que la crisis de los avicultores sea más severa.

- En el último año, la provisión de diésel para el agro fue regular, ¿preocupa al sector los casos de corrupción en YPFB?
- Nos preocupa el accionar de YPFB, porque las irregularidades que se presenten tienen un grado de repercusión en el desarrollo normal de las actividades productivas, pero de parte del Ministerio de Hidrocarburos hay una buena predisposición para mantener los volúmenes y garantizar el abastecimiento, que esperamos se mantenga durante la cosecha de verano.

- Acaban de ser golpeados otra vez por los fenómenos climáticos. ¿Cómo ha visto la respuesta del Gobierno?
- Hace cuatro años que sufrimos los efectos de los fenómenos climáticos y creemos que hay en el sector una predisposición de trabajar con los gobiernos central, prefectural y municipal, pero todavía no se tiene la capacidad inmediata para reaccionar de forma oportuna a los problemas.
Creo que hay mejores escenarios para discutirlo, pero existen enormes vacíos y mientras no se efectúen acciones claras y concretas, todavía no podemos decir que hay respuestas efectivas.

- El Gobierno asegura que el daño provocado por las lluvias y sequías al sector productivo sólo alcanza al 2%...
- No hubo los mecanismos creíbles y confiables, debido a que no se puede llegar hasta ahora a los lugares afectados y por eso la evaluación es precipitada; creo que una cosa es decir lo que realmente se ha perdido con resultados totales y otra con números parciales.
Sin embargo, si se considera que en el norte de Santa Cruz existían 250.000 hectáreas de soya y tenemos una disminución de los rendimientos hasta de 200 kilogramos, estamos hablando de que se dejarán de cosechar hasta 50.000 toneladas (a $us 250 la tonelada, son más de $us 13 millones), entonces nos debe preocupar.

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