Publicado por: La Prensa (La Paz - Bolivia)

Rechazo: El fiscal Milton Mendoza no pudo revisar los registros que pueden conducir al hallazgo de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Juan Carlos Flores Bedregal y Renato Ticona Estrada, muertos en 1980.

Las Fuerzas Armadas desobedecieron ayer una orden judicial para abrir los archivos reservados que pueden contener datos que conduzcan a hallar los restos de desaparecidos en dictaduras militares.

El juez Róger Valverde instruyó el miércoles 10 a las FFAA permitir el acceso de la Fiscalía y los familiares a sus archivos para hallar los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Juan Carlos Flores Bedregal y Renato Ticona Estrada, desaparecidos durante la dictadura de Luis García Meza.

Con ese fin, el fiscal Milton Mendoza se presentó ayer a las 09.30 en el Gran Cuartel de Miraflores junto a activistas de derechos humanos; la defensora del Pueblo, Rielma Mencias, y familiares de los desaparecidos.

Empero, los guardias sólo cedieron el paso a Mendoza, quien se entrevistó durante media hora con el Comandante.

En la calle, el representante del Ministerio Público anunció que procesará penalmente al Comandante de las Fuerzas Armadas por desobedecer una orden judicial.

"Es un despropósito total, un incumplimiento a la decisión judicial, un incumplimiento a la función que tenemos los fiscales, porque los fiscales investigamos, no los jueces. Por lo tanto, quienes tienen la necesidad de evaluar si es un documento importante o no para una investigación es el fiscal, no es el juez, por lo tanto, es un despropósito y un grado de obstaculización mayúsculo".

La primera muestra de desobediencia militar a este propósito se produjo en mayo de 2009, cuando el entonces ministro de Defensa, Walker San Miguel, aprobó la Resolución Ministerial 0316/09 que "autoriza al Comando en Jefe de las FFAA facilitar el acceso a familiares y víctimas de regímenes sujetos a dictaduras militares, archivos, registros públicos y documentos existentes en las FFAA del Estado, que lo soliciten y demuestren su interés legítimo".

El lunes, el actual ministro del sector, Rubén Saavedra, aseguró que no habrá inconvenientes para cumplir la orden judicial mencionada. "El Gobierno tiene toda la voluntad democrática de transparentar la información, uno de sus actos es éste, permitir el acceso a la información de las FFAA".

Ayer, el comandante en jefe de las FFAA, Ramiro de la Fuente Bloch, anunció que sólo entregará el escalafón militar de julio y agosto de 1980 al Ministerio Público, pero el fiscal Milton Mendoza insistió en revisar todos los archivos militares y reiteró que demandará a la autoridad por desobedecer una orden judicial.

Edwin Rojas Tordoya, presidente del Colegio Nacional de Abogados, afirmó que el comportamiento de la cúpula militar es un ilícito y sus autoridades, susceptibles a ser juzgadas por este motivo.

El delito atribuido a De la Fuente Bloch es penado con uno a tres meses de reclusión y multa 20 a 60 días.

Para procesar a De la Fuente Bloch, Mendoza solicitó ayer los documentos para demostrar que la de ayer fue la segunda oportunidad en que las FFAA se resisten a cumplir una orden de este tipo.

Alrededor de las 13.20 de ayer, el oficial convocó a una conferencia de prensa para dar cuenta de que cumplirá el compromiso, pero que sólo entregará a la Fiscalía el escalafón militar de junio y julio de 1980, solicitado por el juez.

Para justificar su posición, el jefe militar se refirió al artículo 98 de la Ley Orgánica de las FFAA (ver recuadro), que dispone que la información relativa al escalafón militar deberá ser mantenida en reserva. Dijo que pidió ese plazo porque se deben ordenar archivos voluminosos.

Mendoza dijo que la entrega del escalafón militar condiciona su labor investigativa, "porque de acuerdo con la orden judicial, debemos acceder a toda la información relativa a las desapariciones mencionadas y seremos nosotros quienes decidamos qué es relevante".

Ayer por la tarde, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, se reunió con De la Fuente Bloch. No trascendieron detalles de lo tratado, aunque un comunicado de esa cartera reitera su predisposición para que el Ministerio Público tenga acceso a la documentación exigida.

El fiscal Mendoza calificó la actitud militar como un "despropósito".

Dos entidades se indignan

La asesora legal de la Asociación de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), Nadia Cruz, explicó que la orden del juez Róger Valverde no se limita a pedir el escalafón castrense, que definió como una "documentación complementaria", sino a revisar todos los registros de las detenciones de la dictadura de Luis García Meza.

Por ello, la presidenta de este organismo, Ana Urquieta, anunció que esa entidad se sumará a la querella que planteará el fiscal Milton Mendoza en contra del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Ramiro de la Fuente Bloch, por desobediencia a órdenes judiciales.

La defensora del Pueblo, Rielma Mencias, calificó la oposición militar a exponer los archivos de esa dictadura como "preocupante".

"Obran como en dictadura"

Olga Flores Bedregal, hermana de Juan Carlos Flores Bedregal, detenido y desaparecido el 17 de julio de 1980, lamentó que las Fuerzas Armadas sean "un factor de poder y obran como en época de dictadura, pues desconocen órdenes judiciales y resoluciones ministeriales", al haber impedido el acceso irrestricto a los archivos de los regímenes militares que gobernaron el país entre 1964 y 1982.

Admitió que no concurrió ayer al acto que se cumplió en el Estado Mayor porque "sabía que era un show para que la Fiscalía cobre cierta notoriedad".

Reconoció haber sido convocada a participar, junto al fiscal Mendoza, en la frustrada apertura de los mencionados registros, aunque mostró su extrañeza porque no se cursó similar invitación a la familia Quiroga Santa Cruz. "Que yo sepa, en mi caso hubo una acción personal del Fiscal y no tengo idea por qué actuó de distinta manera con la familia de Marcelo".

Durante seis meses, los militares se negaron a aceptar su demanda para que revise los archivos en los que, presume, está contenida la información relativa al paradero de los restos de su hermano y de otros desaparecidos.

"Como hermana de un detenido desaparecido en el Estado Mayor, voy a seguir luchando amparándome en la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas para que se aclaren los hechos".

Artículo 98 de la LOFFAA

El artículo 98 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas

(LOFFAA) se refiere exclusivamente a la información del escalafón. Textualmente señala lo siguiente:

"La documentación clasificada del Escalón del personal de las Fuerzas Armadas tiene carácter secreto e inviolable. Esta condición podrá únicamente ser levantada:

Por petición motivada del Poder Legislativo.

Por orden judicial del Juez competente, mediante auto motivado en proceso formal.

En ambos casos la información será remitida al requiriente por conducto del Comandante en Jefe y será mantenida en reserva".

La mencionada ley no hace referencia, en artículo alguno, a la información clasificada de inteligencia militar o de operaciones realizadas para resguardar el orden interno durante los regímenes dictatoriales.

Detalles

El Estado está obligado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a sancionar a los culpables de desapariciones.

Ese organismo internacional exige al país ubicar los restos de Renato Ticona Estrada, asesinado el 23 de julio de 1980.

La sentencia internacional obliga a resarcir a los familiares del desaparecido Ticona Estrada con 446.000 dólares.

http://www.laprensa.com.bo/noticias/18-02-10/noticias.php?nota=18_02_10_segu1.php