Publicado por: La Prensa (La Paz - Bolivia)

Reporte: El 21 de diciembre, la defensora interina, Rielma Mencias, presentó un informe que expresa que el operativo del Hotel Las Américas pudo carecer de legalidad al no desarrollarse en presencia de un fiscal.

Los funcionarios policiales que llevaron a cabo el operativo del 16 de abril en el hotel Las Américas de Santa Cruz no practicaron ese allanamiento con una orden judicial y "vulneraron el derecho a la integridad física y psicológica de Mario Tádic", de acuerdo con una resolución del Defensor de Pueblo.

El fiscal interino de La Paz, Fernando Ganam, dijo que Tádic debe presentar una demanda ante el Ministerio Público para que otro fiscal abra una investigación, aunque admitió no conocer ese documento.

El 16 de abril de 2009, efectivos policiales desarticularon una milicia dirigida por Eduardo Rózsa Flores, boliviano-húngaro-croata, quien fue abatido junto a sus camaradas Árpád Magyarosi, rumano, y Micheal Dwyer, irlandés, mientras el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tádic fueron capturados vivos.

El 17 de junio, desde el penal de San Pedro, en La Paz, Tádic interpuso una queja ante el Defensor del Pueblo, que abrió una investigación cuyas conclusiones fueron conocidas ayer.

La resolución da cuenta de que "la falta de participación" de un fiscal en aquella ocasión "pudo provocar la falta de legalidad de las actuaciones respecto del allanamiento, así como los excesos cometidos por los funcionarios policiales, que vulneraron el derecho a la inviolabilidad de domicilio".

El documento, que lleva la firma de la defensora interina, Rielma Mencias, lamenta que "el Ministro de Gobierno y el Comandante General de la Policía no hayan "otorgado información respecto de las solicitudes planteadas y relacionadas con la investigación".

El abogado de Tádic, Gianni Prado, informó que el documento será remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las recomendaciones

Esta resolución emite seis recomendaciones que, si bien no tienen efecto vinculante, son objeto de seguimiento del Defensor del Pueblo.

La primera está dirigida al Director Nacional de Responsabilidad Profesional de la Policía, a quien se pide "adoptar acciones administrativas contra los funcionarios policiales que realizaron el operativo (...) sin cumplir los procedimientos establecidos".

La segunda instruye al Inspector General del Ministerio Público "adoptar las acciones correspondientes en contra del (fiscal) Marcelo Soza, por la falta de participación en los hechos".

La tercera solicita a Soza que "determine la nómina de los funcionarios policiales que participaron en el operativo y remita los antecedentes ante la Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional de la Policía Boliviana".

La cuarta recuerda, tanto al Ministro de Gobierno como al Comandante de la Policía, "su deber de preservar los derechos y garantías (...) cuanto a la aprehensión de personas, pues su inobservancia conlleva responsabilidad".

La quinta recuerda también a ambas autoridades su obligación de colaborar "con las investigaciones del Defensor del Pueblo de acuerdo con la normativa constitucional y legal vigente" y la sexta hace lo propio con Soza sobre la necesidad de cumplir los artículos 180 y 183 del Código de Procedimiento Penal.

El primero dispone que todo allanamiento deberá hacerse con orden judicial y, salvo el caso de flagrancia, no podrá realizarse por la noche, y el segundo establece que la orden de allanamiento deberá presentarse a sus habitantes.

Vuelven a la Corte de La Paz los obrados del caso Rózsa

Por disposición del juez cruceño Roque Leaños, los 11 cuerpos de la investigación por el caso de presunto terrorismo volvieron al distrito judicial de La Paz.

El candidato a asambleísta del departamento de Santa Cruz Saúl Ávalos y su esposa ganaron un recurso judicial contra el magistrado cruceño Luis Tapia Pachi, quien tenía en su poder el expediente de esta investigación.

El legajo fue enviado a Sucre en octubre del año pasado y los ministros de la Suprema lo remitieron a la Corte cruceña, que, a su vez, lo entregó a Tapia Pachi, pues la Sala Penal Tercera de ese distrito judicial le encomendó el caso el 3 de septiembre.

La única acción procesal que realizó este juez fue dejar sin efecto una orden de aprehensión contra el ex líder cívico cruceño Branko Marinkovic para que se presente en La Paz y preste declaraciones en calidad de sospechoso.

Entretanto, la Corte Superior de La Paz declaró improbada una recusación contra la juez Betty Yañíquez, quien tenía esta causa bajo su conocimiento. A partir del momento en que los cuerpos fueron enviados a Sucre, el caso peregrinó por varios juzgados de La Paz hasta llegar al Tercero de Instrucción en lo Penal Cautelar de El Alto y se fueron acumulando otras acciones llevadas adelante en La Paz por el fiscal Marcelo Soza.

Ayer en Santa Cruz, Tapia Pachi lamentó la decisión de su colega, aunque la acató, mientras que el Ministerio de Gobierno saludó el fallo y, mediante un documento, "solicitó que las investigaciones continúen hasta dar con los financiadores de la célula".

Para destacar

El fiscal Marcelo Soza se encuentra con baja médica indefinida, pues el viernes sufrió una crisis cardiaca.

El Ministerio Público designó al fiscal Isabelino Gómez para que asuma la dirección de este caso.

Pese a que el caso de presunto terrorismo estaba en Santa Cruz, Soza continúo las investigaciones.

Esas acciones investigativas fueron incluidas en otro legajo que fue conocido por un juzgado de El Alto.

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