Democracia, Equidad y DesarrolloNo hay recursos para implementar la autonomía departamental en Bolivia
Publicado por: La Prensa (La Paz - Bolivia)
EL MINISTRO CARLOS ROMERO PLANTEA QUE LOS SUBGOBIERNOS PUEDAN AUTOSUSTENTARSE
El Gobierno pretende poner en marcha el régimen autonómico desde 2010; sin embargo, no existen fondos para la aplicación de las atribuciones que están citadas en la nueva Constitución. El ministro Carlos Romero plantea que se usen los ingresos departamentales como IDH o regalías.
Boris Miranda Espinoza.- En el Tesoro General de la Nación (TGN) no hay ni un solo centavo para implementar las autonomías departamental, regional e indígena desde 2010 como pretende el Gobierno. El Ministerio del área plantea que se utilicen recursos de la industrialización de los recursos naturales, de ingresos por concepto de hidrocarburos, del Tesoro General de la Nación (TGN) y que los gobiernos autónomos busquen la forma de autosustentarse.
El vicepresidente Álvaro García Linera anunció, la pasada semana, que el régimen autonómico entrará en vigencia en Bolivia con las elecciones departamentales y municipales del domingo 4 de abril de 2010. En esos comicios se elegirán gobernadores en los departamentos y asambleístas por cada provincia y pueblos indígenas de la región.
El Gobierno no tiene cálculos sobre el costo de la implementación de las autonomías; sin embargo ya evalúa las posibles fuentes de financiamiento.
El ministro de Autonomía, Carlos Romero, en entrevista con La Prensa, admitió que para solventar el proceso de transición de un Estado descentralizado al autonómico, se echará mano a las arcas del Estado y luego a otros ingresos que tiene el país; sin embargo, este criterio no es compartido por el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora.
Esta autoridad gubernamental informó que en el presupuesto proyectado para 2010 no se tiene previsto el desembolso adicional de recursos para los departamentos que accedan a la autonomía departamental, pues a éstos se les asignará los montos que ya están programados, tampoco se podrá transferir fondos complementarios a los municipios que el 6 de diciembre se transformen en autonomías indígenas.
Según el Ministerio de Economía, este año, Chuquisaca tiene un ingreso de 1.140.068.496 bolivianos; La Paz, 2.167.875.330; Cochabamba, 1.561.152.126; Oruro, 818.739.737, y Potosí,1.811.118.226, por concepto de IDH, EIDH, regalías y otros ingresos. Según Romero, para aplicar las más de 40 nuevas competencias que adoptarán las gobernaciones o prefecturas, se emplearán esta misma cantidad de recursos.
La autonomía regional en la provincia Gran Chaco de Tarija tiene asegurado sus recursos porque el Gobierno, mediante decreto, decidió transferir de manera directa el 45 por ciento de las regalías petroleras que corresponden a ese departamento.
El ministro Romero dijo que "en un primer momento seguro que el Tesoro General va a ser, en algunos casos, prácticamente fuente exclusiva. Los recursos deberán ser asignados desde allí, sobre todo para el caso de las autonomías indígenas, que por ahora parecen no tener recursos propios más allá de aquellos que corresponden a la alícuota correspondiente al IDH".
El ingreso de los 12 municipios que apuestan por la autonomía indígena oscila entre 1.420.139 bolivianos de Huacaya (Chuquisaca) y 11.542.703 bolivianos de Charagua (Santa Cruz). Estos gobiernos, aparte de las 43 competencias exclusivas de municipios, tendrán que ejecutar 23 atribuciones de la autonomía indígena originaria campesina.
La Constitución Política establece un régimen autonómico de cuatro niveles: departamental, municipal, indígena y regional. La transferencia de competencias y atribuciones a estos subniveles comenzará en 2010.
Romero sostuvo que los costos todavía no están determinados en el caso de la transferencia. Explicó que la Ley de Autonomías establece un mecanismo de cálculo del presupuesto para cada caso sobre los costos históricos y las proyecciones a futuro.
El secretario de Autonomía de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, dijo que el Gobierno maneja un "falso discurso", porque "en realidad no quiere descentralizar, sino aún quiere tener el control de los recursos".
El funcionario anticipó que la transferencia de recursos traerá una nueva batalla con el Órgano Ejecutivo, ya que los departamentos exigirán un mayor presupuesto porque tienen más competencias para desarrollar, como dice la nueva Constitución.
El delegado de Autonomías de la Prefectura tarijeña, Adrián Oliva, planteó que los recursos que provienen de las regalías hidrocarburíferas sean transferidas directamente a un fondo departamental. El Gobierno rechazó esta propuesta y opinó que el proceso sea financiado con los beneficios de la industrialización de recursos.
COMPETENCIAS
Éstas son algunas de las competencias que otorga la nueva Constitución a los gobiernos departamentales:
1. Elaborar su estatuto de acuerdo con los procedimientos establecidos en la CPE y en la ley.
2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.
3. Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos departamentales en las materias de su competencia.
4. Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales, en el marco de las políticas nacionales.
5. Elaboración y ejecución de planes de ordenamiento territorial y de uso de suelos.
6. Proyectos de generación y transporte de energía en los sistemas aislados.
7. Planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras de la red departamental.
8. Construcción y mantenimiento de líneas férreas y ferrocarriles.
9. Transporte interprovincial terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros medios de transporte.
10. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos departamentales.
11. Estadísticas departamentales.
12. Otorgar personalidad jurídica a organizaciones sociales que desarrollen actividades en la región.
13. Otorgar personalidad jurídica a organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro.
14. Servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria.
15. Proyectos de electrificación rural.
16. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía de alcance departamental, preservando la seguridad alimentaria.
17. Deporte en el ámbito de su jurisdicción.
18. Promoción y conservación del patrimonio natural departamental.
19. Promoción y conservación de cultura y patrimonio cultural.
20. Políticas de turismo departamental.
21. Proyectos de infraestructura.
22. Creación y administración de impuestos de carácter departamental.
23. Creación y administración de tasas y contribuciones especiales de carácter departamental.
24. Comercio, industria y servicios para el desarrollo.
Pando
El Ejecutivo ya logró la compatibilización del Estatuto Autonómico pandinos con la Constitución Política del Estado en su primera etapa (en grande). El proceso se facilitó luego de que el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández fuera detenido y reemplazado por el almirante Rafael Bandeira, designado por el Gobierno. Entre marzo y julio de este año, la Prefectura, el Ministerio de Autonomía, sectores sociales y el Concejo Municipal realizaron varios encuentros para compatibilizar el proyecto autonómico. El documento aprobado ya está listo y se tiene previsto reanudar el trabajo para una aprobación en detalle. Pando elegirá a al Gobernador y la Asamblea Legislativa Departamental el 4 de abril de 2010.
Santa Cruz
El Gobierno consiguió que más de la mitad del Consejo Departamental apoye el proyecto de compatibilización de los estatutos. Estas autoridades son las responsables de formar una instancia de consultas para obtener consensos en la modificación de los estatutos cruceños. El ministro Romero dijo que el documento que aprobaron los cruceños en el cuestionado referéndum del 4 de mayo de 2008 es el más difícil de compatibilizar con la Constitución, puesto que atribuye para el gobierno departamental competencias estratégicas del Estado, como el control de los recursos naturales y el régimen de Policía. La Prefectura cruceña rechazó cualquier instancia de negociación con el Gobierno.
Tarija
En Tarija se creó un foro autonómico con la presencia de todas las instituciones del departamento, excepto la Prefectura, para debatir la compatibilización de los estatutos. El ministro de Autonomía, Carlos Romero, dijo que estuvo todo el sistema municipal, las organizaciones sociales, las universidades y otras instituciones. En la más reciente reunión se decidió coordinar la formación de una entidad deliberativa-consultiva para la revisión de los estatutos tarijeños. La Prefectura de Tarija observa que el Gobierno quiere dividir el departamento con el fomento de la autonomía regional para tres municipios en el Chaco.
Beni
El ministro de Autonomía, Carlos Romero, reconoció que no existen "señales muy claras" en este departamento. Se formó un colectivo ciudadano con intelectuales e instituciones de desarrollo social, aunque, según la autoridad gubernamental, todavía es muy débil para entregar resultados. Beni, junto con Santa Cruz, tiene estatutos autonómicos con atribuciones en cuanto a recursos naturales y política fiscal muy avanzadas. También tiene disposiciones que dejan al margen al Gobierno nacional en todo lo referido a la política de tierras. El prefecto del Beni, Ernesto Suárez, no reconoce la autoridad del Ministerio de Autonomías.
El Tesoro General de la Nación será la principal fuente de financiamiento en un primer momento.
Las prefecturas de Tarija y Santa Cruz dicen que Gobierno no quiere descentralizar los recursos.
Carlos Romero, Ministro de Autonomía "La autonomía es el tránsito a un sistema federalista"
El ministro de Autonomía, Carlos Romero, dice que el proceso autonómico boliviano es un tránsito al federalismo. En su conversación con La Prensa, vaticina que este proceso demorará entre 50 y 100 años.
-¿Cuál es la naturaleza del proceso autonómico en Bolivia?
-Nuestra Constitución conjuga dos vertientes para la proyección de la autonomía. Por un lado, la descentralización político- administrativa desde iniciativas nacionales que requieren de la convergencia de los niveles subnacionales. Por eso la aplicación en cada nivel representa un verdadero nuevo pacto territorial. Por eso, si bien la proyección de instrumentos técnicos y normativos para transferir competencias es una iniciativa que corresponde al Gobierno nacional, el límite del nivel central está en el diseño del autogobierno subnacional. Ahí se requiere una participación dinámica y acuerdos de los actores locales.
Una segunda vertiente está relacionada con el reconocimiento de las entidades territoriales indígenas preexistentes al Estado. En ese caso no se aplica un criterio de descentralización, sino de incorporación de la institucionalidad organizativa de los pueblos indígenas.
-¿En qué etapa se encuentra la implementación?
-Ésta es, concretamente, la etapa de implementación luego de que la autonomía ha sido reconocida en la Constitución. La creación del Consejo Nacional Autonómico, de los consejos departamentales y de algunas plataformas ciudadanas que impulsan la deliberación autonómica son parte de una primera etapa. Otro elemento para destacar es el avance logrado en los estatutos autonómicos en Pando en una primera etapa en grande. Luego, con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, proyectaremos los ejes temáticos señalados por la nueva Constitución, como el procedimiento de transferencia de competencias.
-¿Cómo iniciará la transferencia de competencias a los subniveles?
-Necesitamos que se constituya la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo ideal sería que la Ley Marco de Autonomías sea de las primeras en ser agendadas. Puesta en vigencia, necesitamos que los departamentos que accedan a la autonomía ya tengan sus estatutos aprobados y compatibilizados, en el caso de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Necesitamos la formación del Tribunal Constitucional para ejercer el control de constitucionalidad.
Estamos hablando de un horizonte temporal que se va a proyectar el próximo año. Va a tener su hito fundamental en las elecciones del 4 de abril, porque se elegirán gobernadores y órganos legislativos departamentales. Siguiendo un procedimiento lógico, las competencias que menos problema deberían representar en términos de transferencia son aquellas que corresponden al Órgano Ejecutivo y luego al Legislativo. Estamos transitando a un esquema bastante complejo de organización estatal. Éste es un diseño prefederal.
-¿Prefederal?
-El esquema contenido en la Constitución es un tránsito al federalismo. No sabemos si este tránsito al federalismo va a durar 50 años o 100 años, pero definitivamente es un tránsito a ese sistema. El carácter prefederal del diseño autonómico boliviano se mide en tres aspectos. Primero, la capacidad legislativa otorgada a los gobiernos subnacionales. Segundo, la potestad tributaria reconocida a favor de esas entidades autonómicas, y tercero, los mecanismos coercitivos para el cumplimiento de las leyes autonómicas que vayan a aprobarse.
-¿Cómo se va a financiar la asignación competencial?
-Tenemos que despolitizar el debate. Este tema ha sido un tema que ha complejizado y ha, en algunos casos, desnaturalizado las experiencias de descentralización en varios países del mundo. En nuestro caso, ha sido traumático el tránsito por la Participación Popular, que ha multiplicado los municipios sólo para facilitar el acceso a los recursos económicos. Así se ha atomizado a las unidades administrativas y ahora hay municipios casi equivalentes a una comunidad campesina.
-¿Cómo imagina la reconfiguración territorial con la implementación plena del régimen autonómico?
-Imagino una estructura muy compleja en primer lugar. Tendremos tres autonomías, la departamental, la municipal y la indígena, con gran potencia por su capacidad legislativa. La autonomía regional sólo la aterrizaría en algunas macrorregiones del país, el Chaco, el Pantanal, los Lípez y el norte amazónico. Ahí se impulsarán regímenes circunscritos en sus respectivos departamentos para luego mancomunarse.
Imagino que en la región andina las autonomías indígenas deben llegar desde los municipios. Bastará con flexibilizar el sistema municipal. En las tierras bajas imagino que predominantemente habrá que hacer conversión de las tierras comunitarias de origen a autonomías indígenas. No en todos los casos, porque hay dispersión. Esta conversión va a promover una ruptura del monopolio político y cultural con relación a élites conservadoras.
En el nivel departamental imagino gobiernos que deben ser crecientemente fuertes. Entre ellos deben cerrar las brechas de desigualdad y asimetrías institucionales. Tienen que tener una proyección democrática, solidaria, plural y productiva. Su función será regular las otras autonomías en su territorio.
En relación con el Estado, imagino que la implementación de la autonomía será pactada. El funcionamiento debe responder a pactos programáticos para que el Estado y los subniveles siempre tengan la perspectiva de complementarse entre sí antes de superponerse y generar fisuras entre otros niveles.
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