Publicado por: El Deber (Santa Cruz - Bolivia)

Abusos. Los chaqueos, los desmontes ilegales y la explotación irregular de madera persisten en áreas de la reserva ubicada en el norte cruceño. Hay cinco concesiones forestales afectadas por nuevas tomas

Hilton Heredia García | hheredia@eldeber.com.bo

El Gobierno ve peligro y no descarta el uso de la fuerza

Los chaqueos, desmontes ilegales y explotación de madera persisten en la reserva forestal Choré. Según las Asociaciones Sociales del Lugar (ASL) esas acciones son desarrolladas por campesinos y colonizadores de sindicatos agrarios. Las asociaciones aducen que prácticamente los campesinos se han apoderado de las concesiones forestales San Pedro y de cuatro ASL, que son las encargadas, de acuerdo con la ley, de realizar el aprovechamiento forestal.

EL DEBER recorrió el lunes las zonas afectadas con representantes de las ASL y observó que hay asentamientos y explotación forestal, presuntamente por colonizadores y campesinos.

Representantes del municipio de Santa Rosa del Sara también confirmaron las supuestas irregularidades mediante un informe técnico enviado a la Autoridad de Bosque y Tierra (ABT). 

En el ingreso al sindicato denominado Guadalupe, hay un camino al parecer recientemente construido (al menos 13 kilómetros), el cual se prolonga a otros sindicatos como Monterrey y 24 de Junio.

En el recorrido se observó nuevos asentamientos en las orillas del camino y trabajos recientes de chaqueos y aprovechamiento forestal. Las ASL  estiman que hay en la zona unas 200 familias de campesinos y colonos.

De igual modo se vio que los integrantes de los sindicatos agrarios se movilizan en motos y han consolidado su control sobre las concesiones forestales sin que las cuatro ASL (Los Tajibos, Entre Ríos, Santa Rosa y Arroyo Negro, que constituyen aproximadamente 120 familias) puedan desarrollar su trabajo de manera normal.
En criterio de autoridades municipales de Santa Rosa del Sara, hay un alto tráfico ilegal de madera. Además, se hizo notar que un 95% de esa región, vive de la madera.

La concesión de las ASL, que ascendía a 37.000 ha, en la actualidad llega a sólo 5.000 ha. La empresa San Pedro trabaja desde 1968 en un área de 17.400 ha y provee de madera aserrada y secada en horno a la Tecno Carpintería San Pedro, que exporta puertas y marcos de madera. Ambas empresas son de propiedad de Jorge Paz Rivero.

Con la ocupación y destrucción de esta concesión se prevé una pérdida de 200 empleos directos.
Los dirigentes de las ASL Joaquín Gutiérrez, Lucio Roca, Óscar Fernández y el empresario de la concesión San Pedro, Eduardo Paz, pidieron la intervención inmediata de la zona y el desalojo de los mencionados sindicatos, caso contrario no descartan asumir otro tipo de acciones.
"No se hace nada pese a que hemos demostrado que hay aprovechamiento ilegal del bosque, un transporte ilegal de madera hacia Cochabamba, y además la apertura de caminos", denunció Paz.

Por la zona hay troncas marcadas, según indicaron las ASL y que también se logró apreciar durante la visita al área, aunque no se vio a los responsables.

Asimismo, en el trayecto se evidenció el tráfico ilegal de madera, de gente que se ‘pasea' en la reserva forestal a la vista de las autoridades. Es que las autoridades forestales sólo controlan una vez cada tres meses los aserraderos que operan en la zona.
En ese sentido, las especies forestales de alto valor comercial, como el ochoó, el yesquero, la mara, el tajibo y el verdolago están desapareciendo gradualmente.

Por su lado, el responsable forestal de la Alcaldía de Santa Rosa, Jaime Fernández, aseguró que se informó a la ABT sobre las irregularidades, pero no obtuvo ningún resultado hasta la fecha.
Las ASL creen que por día se extrae 10.000 pulgadas de madera de forma ilegal, es decir 10 camiones tráilers salen cada 24 horas de la zona.

A esto se suma que los sindicatos pretenden legalizarse pues iniciaron contactos con el Gobierno para su asentamiento definitivo. 
En el Viceministerio de Tierras se explicó que esta actividad es considerada como delito, pues está prevista en la Ley Forestal que establece que "la destrucción de bienes del Estado, es un delito, tipificado por el artículo 223 del Código Penal. La tala, quema o cualquier acto de destrucción de los bosques, por ser éstos de propiedad del pueblo boliviano, es un delito".

En tanto el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras se limitó a señalar que hoy a las 11:00 se analizará el tema con el Viceministerio de Gestión y Desarrollo Forestal, la ABT, el Concejo Municipal de Santa Rosa de Sara, la Federación Única de Trabajadores Campesinos y las ASL.
Anoche se intentó comunicarse con dirigentes de la Central Las Pavas o de algún sindicato, pero desde esa comunidad se indicó que habían salido a una reunión a Santa Rosa.

http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-10-07/vernotaahora.php?id=091007001655