Publicado por: La Prensa (La Paz - Bolivia)

LA MAYORÍA DE LOS JUICIOS SON POR MALVERSACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS

El uso de recursos en las campañas autonomistas de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando es investigado.

El proceso judicial por malversación de fondos instaurado contra el prefecto cruceño, Rubén Costas, no es el único. El fiscal general del Estado, Mario Uribe, informó ayer que cinco autoridades departamentales en funciones y tres ex prefectos tienen juicios abiertos por éste y otros delitos.

Ernesto Suárez, de Beni; Mario Cossío, de Tarija; Savina Cuéllar, de Chuquisaca, y el oficialista Alberto Luis Aguilar, de Oruro, afrontan procesos, al igual que las ex autoridades de Pando Leopoldo Fernández; Manfred Reyes Villa, de Cochabamba, y José Luis Paredes, de La Paz.

Costas es procesado por una presunta malversación de 10,2 millones de bolivianos en la organización del referéndum aprobatorio del Estatuto Autonómico de Santa Cruz que se realizó el 4 de mayo de 2008.

Esta autoridad departamental prestó ayer sus declaraciones informativas ante un fiscal en Santa Cruz y justificó el uso de esos recursos económicos.

Su colega Suárez también es enjuiciado por supuesta malversación de fondos en la compra de seis generadores de electricidad y nepotismo. Además, la Contraloría General del Estado investiga el empleo de capitales públicos para la organización del referéndum autonómico en Beni, el 1 de julio.

Cossío tiene al menos ocho juicios iniciados por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, dos de los cuales ya tienen imputación formal. Éstos se refieren a presuntos sobreprecios en la construcción de obras. También está en investigación el desembolso de al menos cinco millones de bolivianos para la organización de la consulta autonómica en Tarija, el 22 de julio de 2008.

La autoridad tarijeña negó en varias oportunidades estas denuncias y aseguró que forman parte de una persecución política. La Fiscalía General, el 26 de agosto de este año, ordenó el inicio de una investigación contra la prefecta chuquisaqueña, Savina Cuéllar, respecto del contrato para la supervisión de la tercera fase del estadio Patria, suscrito entre la Prefectura y el arquitecto Raúl Rivera Ramírez, quien fue sentenciado a ocho años de cárcel por un caso de corrupción, pero aún así consiguió ingresar en el gobierno departamental.

Cuéllar dijo que contrató a ese funcionario sin conocer sus antecedentes penales y confiando en su buena fe.

Asimismo, la causa fue abierta contra las vocales de la Corte de Justicia de Chuquisaca Elena Lowenthal y Teresa Rosquellas que fallaron a favor de Rivera Ramírez dejando de lado la sentencia previa.

La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, presentó una denuncia contra el prefecto de Oruro, Alberto Luis Aguilar (MAS), y otros cuatro funcionarios por presunta corrupción y daño económico de 91.000 bolivianos por la firma de contratos supuestamente irregulares. Ayer, el fiscal Uribe dijo que este caso está en proceso de investigación.

En lo que se refiere a ex autoridades, Leopoldo Fernández es procesado por uso indebido de recursos. Transparencia denunció que el ex funcionario departamental, detenido preventivamente en el penal de San Pedro por la masacre de Porvenir, giró cheques de cuentas fiscales a la ex presidenta del Comité Cívico de Pando Ana Melena de Suzuki para la campaña autonómica de julio de 2008.

Incluso en los informes de descargo de la autoridad aparecen millonarias sumas de dinero para el transporte de mototaxistas a la ciudad de Santa Cruz y apoyo al Consejo Nacional Democrático (Conalde).

También tiene un juicio abierto por supuesto sobreprecio en la construcción de al menos diez obras civiles.

El ex prefecto de La Paz José Luis Paredes tiene un proceso abierto por la Fiscalía General por un supuesto enriquecimiento ilícito durante su gestión prefectural.

Paredes apareció con 1,7 millones de dólares depositados en una cuenta familiar y que supuestamente estaban destinados para una fundación.

Manfred Reyes Villa, quien actualmente es candidato a la Presidencia por el Plan Progreso para Bolivia, tiene una demanda en su contra por la compra de un lote de vehículos a fines de 2006 supuestamente con sobreprecio.

Estos casos están radicados en la Fiscalía General y pueden ser remitidos a las fiscalías de Distrito para que profundicen las investigaciones. Están en proceso de auditaje en la Contraloría General del Estado gastos realizados durante las movilizaciones de la "media luna" por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en agosto y septiembre de 2008.

Prefecto dice que quieren inhabilitar su candidatura

El prefecto cruceño, Rubén Costas Aguilera, acusó al Gobierno de pretender inhabilitarlo como candidato en las elecciones departamentales y municipales de abril de 2010, con la instauración de un proceso penal que, en su criterio, no tiene fundamento legal.

La autoridad se presentó este jueves ante el Ministerio Público a prestar su declaración informativa sobre la presunta malversación de 10,2 millones de bolivianos en la organización del referéndum aprobatorio del Estatuto Autonómico del 4 de mayo de 2008, que no contó con respaldo jurídico.

Acompañado de sus abogados, la autoridad departamental se hizo presente en dependencias de la Fiscalía de Distrito, donde también declararon los secretarios de Autonomía de la Prefectura cruceña, Carlos Dabdoub, y de Hacienda, José Luis Parada.

A diferencia de los vocales de la Corte Departamental Electoral, quienes el martes se acogieron al silencio, Costas señaló que la inversión de dicho monto económico fue aprobada en el marco de la legalidad por la Asamblea Legislativa Departamental, ex Consejo Departamental.

Explicó que los fondos empleados para la consulta salieron de los gastos corrientes y no de los recursos destinados a la inversión pública; sin embargo, la Ley Safco dispone que los recursos deben ser empleados para los fines que fueron aprobados, en este caso sueldos y compras.

Apuntes

Son cinco los prefectos en funciones y tres las ex autoridades que tienen juicios abiertos.

Representantes de la "media luna" son investigados por usar fondos para referendos ilegales.

El Fiscal General dijo que la mayoría de los procesos es por malversación de fondos.

http://www.laprensa.com.bo/noticias/02-10-09/noticias.php?nota=02_10_09_poli1.php