Publicado por: La Patria (Oruro - Bolivia)

Por la Fiscalía

Prefectura entregó el pasado viernes documentación sobre la licitación del proyecto

Los funcionarios de la Asociación Boliviana de Marinos Mercantes y Afines (Abomma), Franklin Durán y de la Asociación Internacional de Profesionales en Puertos y Costas (Aippyc), Álvaro Omar Landa Durán, serán convocados en las siguientes horas por la Fiscalía de Oruro, para que declaren acerca del presunto caso de corrupción que investiga a las autoridades de la Prefectura, por irregularidades en la licitación del Puerto Seco de Oruro.

El fiscal anticorrupción, Lindon Requena manifestó ayer, que hoy un investigador se ausentará a la sede de gobierno, para citar a los representantes de las mencionadas empresas.

"Vamos a solicitar los estatutos o el reglamento interno de Abomma, para saber hasta dónde el personal de esta institución tendría capacidad o aptitud legal para hacer contratos con empresas o entidades públicas, como la Prefectura, más detalles no podemos brindarles por razones obvias", explicó.

Dijo que en los siguientes días se tendrán mayores elementos de convicción para luego emitir el requerimiento que corresponda.

DOCUMENTOS

Por otro lado, el pasado viernes la Fiscalía recibió documentación ampulosa de la licitación del Puerto Seco de Oruro, que será analizada por su equipo técnico.

"Es toda la documentación que ha tenido que ver con la contratación de personal, el proyecto en sí y otros. Estos documentos nos permitirán tener una visión más clara y con mayor objetividad y, emitir el requerimiento conforme a ley", indicó Requena.

También se recibieron las declaraciones de varios funcionarios de la Prefectura, que tuvieron que ver con los hechos denunciados y que corroboraron las declaraciones de una de las personas implicadas, como es Víctor Hugo Moreno.

DENUNCIA

El 24 de agosto pasado la Fiscalía de Oruro recibió la denuncia presentada por el Viceministerio de Transparencia, en contra del prefecto Alberto Aguilar y los funcionarios Tomás López, Fidel Gutiérrez, Patricia Jaldín y Víctor Hugo Moreno, quienes fueron acusados de un presunto daño económico al Estado, porque se detectó una serie de irregularidades en el proyecto de concesión del Puerto Seco de Oruro.

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