Publicado por: La Prensa (La Paz - Bolivia)

LAS BOLETAS DE SEGURO SE GIRARON POR 3,3 MILLONES DE DÓLARES

Las autoridades de YPFB no verificaron la documentación recibida para la contratación.

Con la finalidad de suscribir el contrato para construir una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, la sociedad accidental Catler-Uniservice presentó a Yacimientos tres pólizas de seguros con la garantía de un inmueble cuyo derecho propietario está en litigio, según pudo conocer La Prensa.

El pliego de especificaciones de la licitación respectiva exigía, en principio, que la empresa adjudicataria entregue boletas bancarias, tasadas en el 2, 20 y 10 por ciento, respectivamente, por lo que la inversión total, por este rubro, habría ascendido a 27,62 millones de dólares.

El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez autorizó que no se presenten estos documentos, sino pólizas de seguro.

Entonces, Raúl Jordán Pereda presentó, con la finalidad de avalar la compra de los seguros a dos compañías, un lote de terreno de 221.205 metros cuadrados, ubicado en Mallasilla.

La primera de las tres boletas garantizadas por Jordán cubre 1,65 millones de dólares y su precio fue de 9.500 dólares. La segunda y la tercera pólizas, emitidas por una segunda compañía aseguradora, respaldan 825.000 dólares y su precio de 20.600 dólares.

Como consecuencia de ello, la inversión total para la compra de los tres documentos ascendió a 30.100 dólares; en tanto que la apoderada del garante, Gloria Paola Miranda Meyer, cobró 177.000 dólares de dos cheques girados por el fallecido Jorge O'Connor D'Arlach.

El 3 de diciembre del año pasado, Miranda Meyer recogió 99.000 dólares del mencionado fideidomiso abierto en el Banco Unión y el 15 de enero, de la misma cuenta, retiró 78.000 dólares.

La Fiscalía cree que esta suma es la comisión pagada por el consorcio por el aporte de las garantías, según una fuente del Ministerio Público, que pidió guardar su identidad en reserva.

En un video presentado el 20 de julio y que fue grabado con cámara escondida, Luis Fernando Córdoba, presunto autor intelectual del hecho, menciona "a el Jordán, que ha dado sus terrenos a quien ha firmado", como uno de los receptores de parte del dinero que no fue invertido en la construcción de la separadora.

La misma fuente del Ministerio Público reveló que "se tiene información de que ese terreno es objeto de un juicio".

Incluso, el 20 de febrero, los comunarios de Mallasilla presentaron un recurso de amparo constitucional dentro del proceso judicial que siguen contra Jordán por la propiedad del área otorgada como aval de las pólizas.

Unos 600 campesinos de esa región acusaron de despojo y abrieron una causa contra Jordán, a quien señalan en varios memoriales como "loteador".

El Ministerio Público espera una certificación de la Corte Suprema de Justicia en torno a esta causa por derecho propietario.

El funcionario de la Fiscalía lamentó que las autoridades de Yacimientos no hubieran verificado los respaldos entregados por el consorcio para la obra.

Los fiscales sospechan que los 177.000 dólares fueron la cantidad a la que Luis Fernando Córdoba se refirió en la grabación encontrada en la celda de Miguel O'Connor D'Arlach, hermano de la víctima fatal y recluido en la penitenciaría bajo la imputación de contratos lesivos al Estado.

Esa revisión fue ordenada por un juez y dio lugar, además, a que en la pieza de Santos Ramírez se encuentren hojas membretadas en blanco de la estatal y la planilla de personal y sus pagos.

Un segundo video no pudo ser presentado porque la defensa de Luis Fernando Córdoba recusó a los fiscales Edward Mollinedo y César Romano.

En la audiencia en la que los ejecutivos de la sociedad accidental Catler-Uniservice Miguel O'Connor D'Arlach y Mario Cossío MacGalem fueron remitidos al penal de San Pedro, el fiscal Mollinedo dijo que ese consorcio efectuó gastos injustificados por 984.157 dólares, que salieron del fideicomiso indicado.

Miguel O'Connor D'Arlach fue beneficiado con arresto domiciliario el 15 de julio después de mostrar al juez los dos videos grabados subrepticiamente.

Sala Penal niega libertad a Santos Ramírez

La Sala Penal Segunda de la Corte Superior de La Paz denegó ayer la cesación de la detención preventiva de Santos Ramírez.

Los magistrados Armando Pinilla y Dora Villarroel argumentaron "la inexistencia de nuevos elementos de prueba que permitan al Tribunal modificar la decisión del juez, el recurso interpuesto por el abogado José Luis Paredes es inviable, por tanto la Sala Penal Segunda de la respetable Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz confirma la resolución cuestionada en todos los términos de su redacción".

Imputado por delitos relacionados con la contratación de la sociedad accidental Catler-Uniservice para construir una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, Santos Ramírez guarda detención preventiva desde el 13 de febrero.

Su abogado, Paredes, calificó como "insólita" la decisión de los magistrados ante la imposibilidad de recurrir a otra instancia judicial en el país para revertir el encarcelamiento de su cliente.

Anunció que presentará una acción de libertad y si ésta fuera declarada improcedente, planteará una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues, según él, la decisión de ayer "no condice con la actitud que debe observar un juez idóneo" y porque "no puede lesionarse de esta manera el derecho a la libertad que tiene toda persona".

"Impusieron la detención preventiva porque faltaban siete personas por declarar. Ya lo hicieron, la parte querellante admitió que lo hicieron, pero los vocales de la Corte Superior dicen que las quieren ver. Están en el cuaderno de investigaciones, pero ni siquiera lo hojearon".

Paredes dijo que los administradores de justicia tienen temor de pronunciarse a favor de su cliente, pues "pese a que tiene todas las de la ley", fallan en su contra; presume que no quieren enfrentar la

reacción de la colectividad ante una medida que beneficie a su representado.

Recusaciones desestimadas

El fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez Reque, desestimó la recusación planteada por Luis Fernando Córdoba contra los fiscales Edward Mollinedo y César Romano, integrantes de la comisión que investiga el caso de supuesta corrupción pública en la contratación del consorcio Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.

La decisión fue notificada ayer a las partes y como consecuencia de ello, Edward Mollinedo y César Romano podrán reasumir la investigación de este caso.

Córdoba recusó a los representantes del Ministerio Público al entender que ambos profesan una manifiesta antipatía en su contra.

Los dos representantes del Ministerio Público presentaron una grabación hecha con cámara oculta en el penal de San Pedro y que fue encontrada en una requisa, hecha con orden judicial, en la celda de Miguel O'Connor.

Ante la reacción de Córdoba y su defensor, Williams Sánchez Peña, Mollinedo anunció que los enjuiciará por desacato, pues denunciaron que los fiscales habían pedido 300.000 dólares de soborno a cambio de la libertad del detenido preventivo.

Al conocer la determinación del Ministerio Público, Sánchez Peña no ocultó su malestar y dijo que esa decisión "roza en el prevaricato".

Proceso

Yacimientos calculó que la planta separadora de líquidos costaría 86 millones de dólares.

Para iniciar las obras, se abrió un fondo fiduciario de 35 millones de dólares.

La Fiscalía sostiene que la adjudicataria Catler-Uniservice malgastó 984.157 dólares.

http://www.laprensa.com.bo/noticias/04-08-09/noticias.php?nota=04_08_09_segu1.php