Carlos Morales Peña *

Un error editorial no puede considerarse una apología del delito, su postulación -tal como lo hace el Gobierno contra el periódico colega La Razón- no es más que otro atentado contra la libertad de expresión en Bolivia. Cuando llegó a nuestras manos la edición del diario de Auquisamaña, el lunes 27, nos llamó la atención el polémico "especial", cuyo titular prometía más "información" sobre el caso Rózsa, el que estalló tras la muerte a tiros de una supuesta banda terrorista, el 16 de abril, en Santa Cruz.

Si bien, técnicamente, la separata tiene un diseño diferente al que ofrece el periódico colega con otros productos, el armado de éste llevaba inmediatamente a pensar que se trataba de un producto periodístico. Quizá el principal error editorial fue no haber puesto, como se debe, una cinta que desde la tapa advierta al lector que se trataba de un producto "solicitado" por alguna entidad que, obviamente, había pagado por la oferta. La Razón argumenta que la firma de los autores del suelto, en este caso la Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarias de Bolivia, en la última página era suficiente, a mi parecer no lo era.

Un principio en la construcción de todo periódico es la separación clara de los espacios dedicados a la información de aquellos que tienen como objetivos la opinión (editorial y columnistas) y la comercialización de productos. No es posible permitir su entrelazamiento y menos su confusión en productos que no lo dicen claramente. Es el caso de la separata sobre Rózsa. Si bien La Razón hizo, el mismo día de la edición, la aclaración sobre la autoría del producto en su página A2, no resultaba suficiente pues un lector desprevenido podía no leer la precisión en dicha página y sí debía contar con información suficiente como para saber que se trataba de un producto comercial.

Hasta ahí el "error" editorial sobre el caso. Sin embargo, de ahí a plantear que con la publicación de una separata con contenidos adversos a la versión del Ejecutivo y la Fiscalía sobre el caso Rózsa, cuyos autores han puesto su firma para respaldarla, estaríamos ante un caso de "apología del delito" hay una gran distancia. Menos dar a entender que el periódico aludido tendría oscuras intenciones de aportar con dicha separata a dar otra versión de los hechos. La amenaza de juicio vertida contra La Razón por el Órgano Ejecutivo no es más que otra bravuconada de un gobierno que, desde hace tres años, ha puesto en marcha una ofensiva política contra los medios de comunicación y los periodistas que son críticos e informan de las falencias de su modelo político, económico, social y cultural.

Lo dijimos con claridad cuando el Ejecutivo inició, en marzo de este año, un proceso contra La Prensa bajo los argumentos de desacato, calumnias e injurias por una información sobre los vínculos de altas autoridades con el contrabando en Pando. También lo han señalado las organizaciones de periodistas y medios por las agresiones cometidas por grupos de choque afines al oficialismo que se suceden contra los comunicadores bolivianos. Sólo vale la pena recordar que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) declaró a 2008 como el peor año para la libertad de expresión y de prensa en 27 años de democracia. La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) advirtió que la libertad de expresión está vigente en el país, pero de forma restringida por las diversas afrentas que sufre el gremio en los últimos años.

La prensa libre e independiente incomoda y no es compatible con el actual esquema de poder. Su domesticación -a través de juicios, amenazas, agresiones varias y acusaciones sin fundamento- forma parte de esa estrategia. Se trata de otra amenaza contra la libertad de prensa en Bolivia, situación que fue denunciada ante organismos nacionales e internacionales como parte del retroceso en los derechos básicos de la democracia.

* Jefe de Redacción de La Prensa

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