Democracia, Equidad y DesarrolloMinería es disminuida y afectada con la NPCE
Publicado por: La Patria (Oruro - Bolivia)
El peligro de avasallamientos hace temer la inversión y es necesaria una ley
falta de la aprobación de una ley marco, la actividad minera es el área afectada con la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), debido a las amenazas de avasallamiento por las comunidades rurales a las concesiones mineras durante el primer semestre.
El presidente de la Cámara de Minería de Oruro, Gonzalo Quintela, afirmó que debido a las amenazas de avasallamientos de "120 afiliados, una tercera parte persiste en el trabajo minero, el resto no lo puede hacer porque no hay garantías, no hay seguridad jurídica, estamos a la espera de una disposición, de un decreto supremo que devuelva las garantías que el gobierno debe dar a la minería chica".
La delegada de Autonomías y Descentralización y, ex constituyente por Oruro, Mirtha Jiménez reconoció que "evidentemente se esta comprendiendo mal, porque claramente se dice que los recursos son de propiedad del Estado, pero los recursos renovables son de propiedad de los pueblos indígenas, hay una mala interpretación".
Agregó que, "en realidad debemos ajustar y remarcar que no es de alguna comunidad lo que es una concesión minera, debemos respetar estas decisiones y amarrar a un marco legal".
Durante el primer semestre del año, algunos centros mineros fueron amenazados y avasallados por parte de comunidades originarias, después de la promulgación de la NCPE; por ejemplo, en el Departamento de La Paz con la mina Himalaya y Potosí con la mina de Amayapampa y, antes de la promulgación de la carta fundamental se tuvo en 2008 el avasallamiento de la Mina Santa María, ubicada a 35 kilómetros al Sudeste de la ciudad de Oruro, por comunarios de Huaylluma (Cochabamba). Jiménez consideró que "debemos respetar estas concesiones, no es cierto, no es de amarrar a un marco legal, en el cual se debe ajustar algunas cosas".
Quintela, por su parte, se mostró esperanzado que la vigencia del Decreto Supremo aprobado en mayo, tras la marcha de los trabajadores mineros, que "consiste en garantías y sanciones a las personas ajenas al sector campesino, que promueven estos actos de avasallamiento a las concesiones mineras", finalizó.
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