Publicado por: La Prensa (La Paz - Bolivia)

SALGUERO PEDIRÁ LA LICENCIA DE CUATRO PARLAMENTARIOS OPOSITORES DE CHUQUISACA

La Policía puede ejecutar la orden de aprehensión en cualquier momento y trasladar a Cava a La Paz.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ordenó la aprehensión del presidente cívico chuquisaqueño, Jhon Cava, y pidió el desafuero de los parlamentarios Fernando Rodríguez, Gonzalo Porcel, Lourdes Millares (Podemos) y Tomasa Yarwi (UN), por los supuestos delitos de violación a los derechos humanos y actos de racismo para que se sometan a una investigación por los delitos cometidos en contra de al menos 30 campesinos el 24 de mayo de 2008.

Cava se declaró "perseguido político" porque -según dijo- no fue notificado y los legisladores mencionados denunciaron que el grupo legislativo incurrió en irregularidades, pues al parecer habilitó a diputados suplentes para que puedan hacer quórum cuando el Reglamento de la Cámara de Diputados dice que deben ser los titulares quienes sesionen en esas instancias parlamentarias.

La determinación fue comunicada ayer por la diputada y presidenta de esa instancia legislativa, Elizabeth Salguero (MAS), quien consideró que Cava cometió el delito de desacato al no presentarse a declarar cuando fue convocado en más de dos oportunidades. La legisladora dijo que existen "suficientes indicios" que confirman su participación en los actos de humillación contra los agricultores.

La resolución de la Comisión de Derechos Humanos menciona que la Policía debe "escoltar" al dirigente cívico ante la instancia que investiga en La Paz los sucesos del 24 de mayo.

Esta acción judicial, según Salguero, se ejecuta como cabeza de Ministerio Público, pues el fiscal general, Mario Uribe, certificó que el grupo parlamentario que ella preside tiene esa competencia. La Policía, con el mandamiento de aprehensión, puede capturar en cualquier momento a Cava, incluso tratandosé de feriados o fin de semana.

Asimismo, dijo que pedirá a la Fiscalía General de la República que solicite a la Corte Suprema de Justicia el licenciamiento de los senadores Rodríguez, Yarwi y los diputados Porcel y Millares (Podemos), para que sean sometidos al proceso de investigación, pues presuntamente ellos también tendrían un grado de responsabilidad en las vejaciones.

Acerca de la solicitud de la prefecta chuquisaqueña, Savina Cuéllar, de reprogramar sus declaraciones, la diputada Salguero aseguró que "se está tratando de consultar con ella, qué hora y qué fecha tiene tiempo para ver la posibilidad de trasladarnos a Sucre, por lo menos cuatro diputados, con lo cual haríamos quórum".

El 24 de mayo, miles de campesinos llegaron a la capital para esperar al presidente Evo Morales -quien debía entregar ambulancias a los municipios en el estadio Patria-; sin embargo, tanto el Jefe de Estado como los agricultores fueron impedidos de llegar a ese sitio por activistas afines al Comité Interinstitucional.

Pasado el mediodía, un grupo de al menos 30 campesinos fueron capturados en los alrededores de Sucre y llevados a la plaza principal, donde fueron obligados a arrodillarse (con los torsos desnudos) para pedir perdón por las tres muertes ocurridas en noviembre de 2007 en La Calancha. El acto fue considerado como una expresión racista.

La defensa

Desde la capital chuquisaqueña, Cava denunció que existe "gente del Ministerio de Gobierno" que desde hace dos días le está haciendo un seguimiento. "Seguramente esta noche (ayer) o en la madrugada entrarán a mi casa encapuchados para detenerme, estoy preparado".

Asimismo, se consideró como un "perseguido político".

El dirigente cívico descartó haber recibido una notificación para presentarse a declarar ante la Comisión de Derechos Humanos. "No he firmado ninguna notificación (...) en todo caso ya presté mi declaración sobre este caso el 12 de noviembre ante la Fiscalía y envié una copia de esas declaraciones a la diputada Salguero".

También cuestionó la competencia del grupo parlamentario que dirige Salguero, pues, según Cava, no tiene atribuciones de cabeza de Ministerio Público, sino solamente "coadyuva" con las investigaciones de la Fiscalía. "Eso ha dicho el fiscal (Uribe), entonces, mientras no me presenten esa acreditación, no acudiré a ninguna Comisión".

Sin embargo, la diputada Salguero explicó a La Prensa que la labor del grupo parlamentario se enmarca en la Resolución de la Cámara de Diputados 02572008, que instruye el inicio de investigaciones por los hechos del 24 de mayo en calidad de "cabeza de Ministerio Público" y en una carta del fiscal Mario Uribe del 13 de junio de 2008, en el que dice que pone "a disposición de la Comisión de Derechos Humanos toda la cooperación que el Ministerio Público pueda prestar a los efectos de la investigación que llevará adelante sobre las denuncias de violación a los derechos humanos...".

Además, aclaró que si bien no se logró encontrar al dirigente cívico, se le dejó cedulones para que se presente a declarar, pero no lo hizo.

Cava, en contacto con radio Panamericana de La Paz, advirtió con presentar una querella contra la diputada Salguero, porque aparentemente está violando su derecho a la libre circulación.

El senador Fernando Rodríguez (Podemos) mencionó que la Comisión que emitió la orden de aprehensión no tiene competencia, por lo que está cometiendo un delito, además sesionó con parlamentarios suplentes, como es el caso de César Navarro y Alejandro Colanzi; sin embargo, Salguero dijo que no existe ninguna limitación para que se habilite a éstos, ya que sus titulares les autorizaron. El Reglamento sólo habla de "titulares".

Anunció que por estas "irregularidades" presentará un proceso penal la próxima semana contra su colega parlamentaria. "Lo que está haciendo es grave; es decir, más allá de que tengamos o no culpabilidad, en mi caso, por ejemplo, se está pretendiendo pedir un desafuero con el tema de los campesinos. No tengo ninguna denuncia ni estoy procesado en ese tema".

La prefecta Savina Cuéllar respaldó moralmente a los parlamentarios y al dirigente cívico y pidió que no se asusten, porque "no hicieron nada". "Tendrán que demostrarnos a quiénes hemos golpeado, a cuántos hermanos hemos humillado. No hicimos nada de eso (...) quieren callarnos a los opositores".

Como consecuencia del mandamiento de aprehensión, la Comisión de Derechos Humanos de Diputados decidió ampliar el plazo de entrega final del informe hasta fines de julio.

Los líderes de la "media luna" que fueron aprehendidos y permanecen detenidos en el penal de San Pedro, hasta ahora, son el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández y los dirigentes cívicos de Tarija Reynaldo Bayard y Felipe Moza, por varios delitos.

La oposición critica la orden y el oficialismo celebra

La oposición parlamentaria criticó la orden emitida para la aprehensión del presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Jhon Cava. El oficialismo y los campesinos de ese departamento celebraron la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

El senador Luis Vásquez (Podemos) dijo que "esta orden demuestra una vez más que no existen garantías para el desarrollo de una investigación imparcial. Hay denuncias de irregularidades en la Comisión y lo que se pretende es neutralizar a la oposición". El diputado Bernardo Montenegro (Podemos) dijo que "esta actitud una vez más pone en evidencia de que el MAS no respeta competencias".

No obstante, el diputado Wilber Flores (MAS) dijo que "fue una decisión valiente en aras de justicia". Este criterio fue respaldado por el senador masista Ricardo Díaz, quien ponderó las acciones de la Comisión de Derechos Humanos.

El dirigente campesino de Chuquisaca Esteban Urquizu aseguró que "llegó la hora de hacer justicia" y conminó a Savina Cuéllar a presentarse a declarar.

Apuntes

El 24 de mayo, al menos 30 campesinos fueron humillados frente a la Casa de la Libertad.

Ese hecho supuestamente fue promovido por Savina Cuéllar, cívicos y parlamentarios.

En Diputados iniciaron un proceso en contra de los presuntos responsables.

http://www.laprensa.com.bo/noticias/11-06-09/noticias.php?nota=11_06_09_poli1.php