Publicado por: La Prensa (La Paz - Bolivia)

LOS ORIGINARIOS QUE SE RESGUARDARON EN UNA IGLESIA RETORNARON A SUS COMUNIDADES

Nueve policías de la estación petrolera fueron degollados por los indígenas que los capturaron. Doce detenidos llegaron ayer a Bagua junto con el cadáver de un comandante asesinado.

Lima / Agencias.- Alberto Pizango, líder indígena en Perú sobre quien pesa una orden de captura por los enfrentamientos entre nativos y policías en la región de Bagua, el 4 de junio, que se saldaron con al menos 34 muertos, se refugió en la Embajada de Nicaragua en Lima. Entretanto, cientos de originarios que huyeron por temor a ser detenidos retornaron ayer a sus comunidades.

El primer ministro de Perú, Yehude Simon, dijo ayer, durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de su país: "Acabo de recibir un informe de la Embajada de Nicaragua que dice que en la tarde de hoy (ayer) se refugió el ciudadano Alberto Pizango, y el Gobierno (de ese país) lo ha aceptado".

El embajador de Nicaragua en Lima, Tomás Borge, confirmó que en su legación se refugió a Pizango, pero dijo que todavía no se le otorgó asilo político.

"Me informaron de su asilo y estamos estudiando si por razones humanitarias le damos el asilo, pero todavía están estudiando el caso", explicó, y luego dijo que esa decisión será respondida hoy por su Cancillería.

Pizango, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), encabezó desde el 9 de abril un paro indefinido en la región selvática en contra de unos decretos legislativos aprobados por el Gobierno de Alan García. La movilización incluyó cortes de carreteras, tomas de yacimientos petroleros y gasísticos y bloqueo de ríos.

Las protestas alcanzaron su momento más crítico el viernes 5 de junio, cuando los policías intentaron desbloquear la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la denominada Curva del Diablo, en la región de Bagua. Desde esos choques, el paradero del líder indígena era desconocido.

Incluso se llegó a decir que salió de Perú a Bolivia con ayuda de legisladores de aquel país.

Pizango es acusado por el Gobierno peruano de instigar esos disturbios que dejaron un saldo de al menos 34 muertos, 25 de ellos policías. Sin embargo, cifras de los indígenas de la zona y también reportes médicos hablan de entre 30 y 50 fallecidos. Además, 150 personas resultaron heridas.

Un párroco de Bagua Grande denunció la existencia de una fosa común con 15 nativos cerca de la zona denominada El Resposo, pero una comisión que se trasladó al lugar no encontró nada.

Los delitos que pesan sobre el líder indígena son sedición y homicidio calificado y ataque a las fuerzas armadas, cargos que pueden derivar en una sanción de hasta 35 años de cárcel, según juristas locales.

Retorno al hogar

Entretanto, cientos de indígenas que estaban refugiados en un centro pastoral de la parroquia de Bagua Grande, en el norte amazónico de Perú, retornaron desde ayer a sus comunidades, tras tres días de tensión en esa zona.

Los nativos llegaron a ese centro en camiones de la gobernación provincial. Además, la población local compró el combustible de los motorizados mediante una colecta espontánea, según el Canal N de televisión.

El padre Castinaldo Ramos dijo a Efe que se trata de 700 nativos (entre ellos hombres, mujeres y niños) que pidieron refugio a la Iglesia por miedo a ser detenidos en las redadas policiales desarrolladas horas después de los disturbios del viernes.

De acuerdo con la prensa peruana, tras los incidentes del viernes, al menos 79 indígenas fueron apresados, 12 de los cuales llegaron ayer a Bagua, junto con el cadáver del comandante Miguel Montenegro, jefe de la Estación petrolera 6 en Imazita, región de Bagua.

El viernes 5 de junio, los nativos tomaron de rehén a esa autoridad policial y a 38 efectivos que estaban bajo su mando. Él y otros once oficiales perecieron a manos de los originarios, el resto logró huir o está desaparecido.

La venganza

Según una publicación del diario peruano El Comercio, los indígenas desarmaron a los policías que habían tomado de rehenes, les quitaron los uniformes y los asesinaron a machetazos.

Esa misma versión da cuenta de que, al momento de ser atacados por los originarios, la mayoría de los 38 policías que custodiaban esa estación petrolera estaban en las viviendas del campamento.

Los nativos, que hacían una vigilia desde el 23 de abril, irrumpieron en esas instalaciones aproximadamente a las 18.30.

En sólo unos minutos, los originarios tomaron el control de la estación. La aparición de patrullas combinadas de la policía y del Ejército, que dispararon contra la turba de manifestantes, permitió que 23 policías se libraran de morir.

Los custodios que no lograron huir fueron baleados en reiteradas ocasiones e incluso recibieron tiros de sus propias armas. Nueve policías de ese grupo, incluido su comandante, fueron degollados.

Hasta ayer se desconocía el paradero de cinco policías que son buscados en la selva del caserío Cusugrande, del distrito de Imaza, en la provincia de Bagua.

Un suboficial, que también fue reportado como desaparecido, apareció ayer y se recupera en un hospital policial.

Luego de recuperar la estación de bombeo número 6, el Ejército quedó al cargo de la seguridad de esa instalación.

En la invasión de la estación petrolera, los atacantes se llevaron 38 fusiles, granadas, pistolas, uniformes, casos y escudos. Un número no precisado de armas e implementos policiales fue recuperado en un operativo desarrollado ayer.

Los policías dan testimonio de la furia indígena

El diario La República de Perú recogió los testimonios de los policías que lograron huir de la furia de los campesinos que tomaron de rehenes a 38 uniformados en la estación 6 del oleoducto en la zona de Imazita, departamento de Amazonas, Perú, la que terminó con la matanza de once oficiales y su comandante. El Gobierno y medios peruanos denunciaron que fueron asesinados de forma cruel, pues incluso algunos fueron degollados.

"Todo empezó cuando los indígenas escucharon a través de una radioemisora que tres nativos habían sido asesinados a balazos en la Curva del Diablo, en Bagua. Eso bastó para que los indígenas nos dispararan", relató el suboficial de tercera de la Policía, Oscar Mancia Escobar, uno de los sobrevivientes.

Añadió que los nativos gritaban: "¡Han matado a nuestros hermanos nativos. Hay que matarlos también a ellos!, así gritaban enardecidos los indígenas".

Postrado en una cama de la clínica de oficiales del Hospital Central de la Policía, Mancia reveló que escapó malherido en medio de la turba, mientras el resto de sus compañeros de armas pedían auxilio cuando eran ejecutados a tiros por los indígenas.

"Traté de escapar, pero fui alcanzado por una bala en la pierna. Al poco rato estuve rodeado de un centenar de indígenas que me hincaban con lanzas en todo el cuerpo. A pesar de que suplicaba por mi vida, ellos no entendían. Actuaban como salvajes".

Me hice al muerto

"Mi cuerpo ya no respondía a tanto golpe y sólo me quedó hacerme el muerto. Así recién los nativos dejaron de atacarme y se retiraron, pero luego aparecí en un barranco". Luego de que sus captores lo botaran despertó y caminó hasta llegar a la choza de una indígena que se negó a ayudarlo por temor a represalias.

"Pensé que la mujer me iba a delatar, pero uno de sus hijos que me vio ensangrentado me entregó ropa para que aparentara ser como ellos y así escapar de la turba. El nativo incluso amarró mi cabeza con un trapo y me llevó hasta el río, donde pude divisar a una patrulla del Ejército que me trasladó a su cuartel, donde me dieron los primeros auxilios".

Más testimonios

Otro superviviente, el suboficial Jhon Flores Dancuar, aseguró que a las 09.00 del viernes 5 de junio los aborígenes llegaron armados con lanzas y palos, lograron tomar el control de la estación petrolera y luego se apropiaron de fusiles AKM, pero también de sus pertenencias personales. Explicó que, dos horas después, los 38 policías fueron llevados a otro lugar, donde los ataron.

"Estábamos desarmados, y pese a que el comandante (Miguel) Montenegro trataba de dialogar, nos llevaron a la parte alta de un cerro para entrar en contacto con el Presidente de la República o la Ministra del Interior a través del celular del comandante, pero el teléfono carecía de señal".

Sostuvo que el comandante Montenegro, quien el domingo sería hallado muerto en un barranco, trataba de hacerles entender que respetaran el acuerdo de paz firmado, pero ellos se negaron y dieron la orden de disparar.

"Pude salvarme, pero al tratar de escapar fui cosido como animal", narró Flores.

Otro de los flagelados, Fredegundo Vásquez Gavidia, confirmó la versión de sus compañeros, aunque en su caso logró escapar tras empujar a uno de los indígenas que lo custodiaban.

Condena de la CIDH al conflicto

Según el diario El Comercio de Perú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer "enérgicamente" las protestas indígenas que causaron la muerte de al menos 34 personas el viernes de la semana pasada, entre ellas 24 policías, en el norte de Perú, y llamó a "promover un proceso de diálogo" para hallar una solución al conflicto.

La reacción del organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) se produce en vísperas de que el sistema interamericano celebre hoy una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente en Washington para ser informado oficialmente de los sucesos suscitados la semana pasada en la localidad peruana de Bagua.

La CIDH emitió ayer un comunicado por el que "condena enérgicamente los graves hechos de violencia" y "recuerda al Estado su obligación de esclarecer judicialmente estos hechos de violencia y reparar sus consecuencias". Asimismo, "hace un llamado a las partes a promover un proceso de diálogo para la búsqueda de una solución que respete los derechos humanos", agrega el organismo, que a la par recuerda la "importancia" de "adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos".

Millonarias pérdidas

El paro y las movilizaciones acatados por comunidades indígenas de la selva peruana desde hace dos meses, que derivaron en al menos 33 muertes en enfrentamientos entre policías y nativos el reciente viernes, han generado pérdidas económicas por 186 millones de dólares, informó ayer la prensa local.

La gerente general del conglomerado Perúcámaras, Mónica Watson, declaró al diario financiero Gestión que las pérdidas económicas más graves se registraron en la región San Martín, estimadas en 360 millones de soles (unos 120 millones de dólares).

San Martín es una de las regiones selváticas más dinámicas comercialmente, con una importante industria en madera, aceites y en la explotación petrolera.

A su turno, la Cámara de Comercio de Bagua, ciudad de la región Amazonas, donde se produjeron los violentos enfrentamientos del viernes, ha calculado sus pérdidas en 200 millones de soles (66 millones de dólares). Bagua y las ciudades vecinas sufren de un bloqueo de caminos y desabastecimiento de alimentos y combustibles desde casi el inicio de las protestas, en abril.

Pizango, el hombre más buscado

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango Chota, hasta ayer en paradero desconocido y sobre quien pende una orden de busca y captura, llegó a la organización procedente de la docencia.

De 43 años, Pizango fue elegido presidente de Aidesep en la ciudad de Iquitos el 14 de diciembre de 2008 para un periodo que culmina el 31 de diciembre de 2011, año en el que se celebrarán elecciones presidenciales y parlamentarias en Perú.

El líder indígena pertenece al pueblo Shawi-Campu Piavi de la región Loreto y hasta su elección se desempeñaba como profesor de escuela en la ciudad de Yurimaguas, ubicada en la misma región y muy cerca de la vecina San Martín.

En sus presentaciones, Pizango suele usar un tocado de plumas, de la misma forma que sus compañeros en la dirigencia visten túnicas típicas de la selva peruana. Actualmente, en el Consejo Nacional de Aidesep están representados, además de su etnia, los pueblos Yine, Awajun y Machiguenga.

La asociación selvática reúne a 57 federaciones y organizaciones territoriales, que representan a 1.350 comunidades, donde viven 350.000 hombres y mujeres indígenas, agrupados en 16 familias lingüísticas, según la información de su página web.

Pizango, quien es casado y con hijos, ofreció su por ahora última rueda de prensa, acompañado por otros dirigentes, el viernes 5 de junio en Lima, cuando salió escoltado por políticos de izquierda, ante la amenaza de una orden de captura.

El conflicto en Bagua

El viernes 5 de junio, el norte de Perú, especialmente las provincias de Bagua y Utcubamba, en el departamento Amazonas, fueron escenario de enfrentamientos entre las fuerzas policiales y las comunidades indígenas. Estos últimos reclaman la protección de sus derechos y de sus territorios ancestrales.

Según BBC Mundo, el conflicto del viernes fue la cúspide de una serie de protestas que los indígenas comenzaron el 9 de abril. Con esas manifestaciones, los aborígenes rechazan y piden la anulación de una serie de decretos legislativos promulgados por el presidente de Perú, Alan García, en 2008, en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.

Esas normativas regulan el manejo de los recursos forestales e hídricos y facilitan a las compañías extranjeras la perforación en busca de petróleo y gas, en tierras que las comunidades indígenas consideran ancestrales.

En opinión de los indígenas, los decretos establecidos por García perjudican a sus comunidades al permitir la "privatización" de los bosques y los recursos hídricos y además atentan contra su derecho a ser consultados sobre sus tierras, contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, así como la declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas, ambos suscritos por Perú.

Desde abril, bloquearon caminos, pistas de aterrizaje en el norte y centro de Perú y también ocuparon estaciones de bombeo en los oleoductos que van de Amazonas a la costa, lo que perjudicó el abastecimiento.

El Gobierno asegura que no dará marcha atrás en la implementación de esas normas y sostiene que éstas"ordenan" el manejo de los recursos naturales y preservan áreas para los indígenas.

http://www.laprensa.com.bo/noticias/09-06-09/noticias.php?nota=09_06_09_poli2.php