Publicado por: La Prensa (La Paz - Bolivia)

LA MINISTRA TORRICO REPUDIÓ LA MUERTE DE INDÍGENAS EN EL PAÍS VECINO

El diplomático peruano aseguró que no se implicó a autoridades bolivianas en acciones violentas.

El Gobierno boliviano repudió ayer la muerte violenta de indígenas amazónicos en Perú y responsabilizó al presidente Alan García de no haber atendido oportunamente sus demandas sociales. El embajador peruano Fernando Rojas consideró esas declaraciones como "injerencia" en asuntos internos del vecino país.

La ministra de Justicia, Celima Torrico, dijo, según Erbol: "Quiero sinceramente repudiar ese asesinato a los hermanos indígenas, humildes como nosotros. Somos solidarios".

"El Gobierno neoliberal -prosiguió-, corrupto (de Alan García), sometido a gringos, está empezando a atacar a los hermanos peruanos. Queremos decirles que estamos con ellos porque son compañeros que también luchan por liberarse, por un nuevo país sin miseria y hambre".

Comentó además que García "no atendió las demandas de los indígenas (peruanos). Ahora esperamos que asuman la responsabilidad sobre este hecho".

La reacción del embajador de Perú en La Paz, Fernando Rojas, fue inmediata. Consultado por La Prensa, dijo que las declaraciones de Torrico son una "injerencia en los asuntos internos de mi país. Los temas internos no pueden, por norma internacional, ser asunto de comentario de las autoridades de otro país".

"El Gobierno peruano -aseguró Rojas- no opina nunca de los asuntos estrictamente internos de Bolivia. Yo jamás he hecho un comentario sobre los problemas bolivianos".

El diplomático no quiso hablar de las medidas que su Gobierno podría tomar para exigir una explicación, porque aún no recibió ninguna comunicación de Lima sobre este tema.

La Policía peruana desplegó el viernes un operativo para despejar la ruta nacional Fernando Belaúnde Terry (cerrada por un bloqueo desde abril), que une varias ciudades amazónicas con la costa, con un saldo de 22 muertos en las filas policiales y más de 30 entre los indígenas.

De acuerdo con BBC Mundo, las comunidades originarias cuestionan una serie de decretos legislativos que fueron promulgados en 2008 por el presidente Alan García en uso de facultades conferidas por el Congreso.

Una de esas normas es el Decreto 1090, que establece las pautas para el manejo de los recursos forestales. La derogación de este texto iba a ser debatida en el Congreso el jueves, pero las deliberaciones se postergaron por iniciativa del oficialismo.

Los manifestantes indígenas consideran que la legislación autoriza la venta a privados de 45 millones de hectáreas de superficies boscosas que pertenecen al Estado y que son explotadas mediante un régimen de concesiones. Desde el Gobierno sostienen, en cambio, que se trata de "ordenar" la explotación forestal y argumentan que el país necesita inversiones extranjeras para crecer y desarrollarse.

Supuesta injerencia boliviana

La ministra Torrico rechazó además, según la agencia ANF, las insinuaciones de políticos peruanos y del canciller del vecino país, José Antonio García Belaúnde, quienes aseguraron que en los actos violentos en la amazonia hubo "influencias foráneas e intereses antisistémicos" para desestabilizar al Gobierno de García. Por su parte, el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, dijo que "es un acto incorrecto y desesperado el tratar de vincular o acusar al Estado boliviano sobre los luctuosos hechos que ocurrieron en Perú".

Sobre este punto, Rojas declaró: "Nosotros no hemos dicho absolutamente nada sobre eso. Es totalmente equivocado. Yo no he hablado nunca de que persona del Gobierno o siquiera de Bolivia hubiera participado en esos actos (de la amazonia)". El Gobierno peruano otorgó en mayo refugio político a tres ex ministros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR).

Los beneficiados con esa medida son los ex titulares de Participación Popular Mirtha Quevedo, de Desarrollo Económico Jorge Torres y Salud Javier Torres Goitia. Todos ellos afrontan un proceso por "genocidio", por la muerte, en septiembre y octubre de 2003, de al menos 67 personas en una represión militar que además dejó medio millar de heridos de bala.

La agencia Efe informó ayer que el ministro Arce había explicado que, si Lima no acepta la petición de la Cancillería boliviana para cancelar el asilo a esos tres ex ministros, Bolivia evalúa presentar una demanda contra Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sin embargo, Rojas contó que su país no recibió ninguna solicitud de ese tipo.

Para Arce, de abrirse el juicio, Bolivia tendría "las más amplias posibilidades de ganar", porque el proceso contra el Gobierno de Sánchez de Lozada "es un tema ampliamente conocido en el mundo" y "fundamental".

Sin embargo, el embajador Rojas aseveró: "Nosotros no hemos recibido ninguna solicitud de extradición". Pero consideró que, cuando se tenga conocimiento de un pedido como ése, se lo tratará en las instancias gubernamentales y judiciales peruanas y conforme a las normas vigentes.

La Policía rastrea posible ingreso de Pizango

La Policía boliviana pidió informes y ordenó a sus reparticiones fronterizas una operación de rastreo para establecer si el líder indígena peruano Alberto Pizango, perseguido por la justicia de su país y acusado de la muerte de 22 policías, ingresó subrepticiamente en Bolivia, confirmó el domingo su comandante general, Víctor Hugo Escóbar.

"Vamos a pedir a través de un fax memorando a todas las fronteras, especialmente por (el puesto de) Casani, supongo que por ahí (pudo haber ingresado), si es frontera, por Casani-Copacabana, para que todo el efectivo que se encuentre de seguridad y destinado allá pueda elevar su informe para saber si es que ha entrado" Pizango, contó el jefe policial, según un reporte de la agencia ABI.

Autoridades de Lima pidieron "ayuda" internacional para establecer el paradero de Pizango, contra quien las autoridades peruanas han librado una orden de captura por "agitación social" en los incidentes que derivaron el viernes en la muerte de 22 uniformados, además de 12 campesinos, de acuerdo con reportes del domingo.

El sábado, medios peruanos reportaron la muerte de 34 campesinos y nueve agentes en una operación de la Policía de Perú para desbloquear una carretera neural en la amazonia de ese país.

Según Radio Programas del Perú (RPP), Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), acusó al Gobierno de su país de cometer un acto de "genocidio" por haber ordenado matar a los nativos en Bagua (amazonia).

La edición digital de El Comercio, de Lima, dijo anoche que el abogado de Pizango, Antonio Salazar, afirmó que el dirigente amazónico se encontraba en la capital peruana con otros dirigentes indígenas, pero no específico en qué zona de esa ciudad.

Calma en la amazonia

La normalidad volvió ayer en las ciudades amazónicas peruanas de Bagua Chica y Bagua Grande, escenario de violentos enfrentamientos el viernes que dejaron al menos 33 muertos, entre policías e indígenas, según las cifras oficiales.

Tras el primer toque de queda (que rige de las tres de la tarde a las seis de la mañana), los pobladores de ambas ciudades salieron muy temprano a las calles, a pesar de ser domingo, para hacer sus compras o acudir a misa bajo la mirada de policías y soldados, agrupados en puntos estratégicos sin romper el aparente clima de normalidad.

Los sucesos del viernes se han saldado ya con 24 muertos en las filas policiales y nueve entre los indígenas, de acuerdo con las cifras oficiales. No obstante, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonia (Aidesep) cuenta 30 víctimas entre indígenas y otros civiles, una cifra "que puede subir a entre cuarenta y cincuenta". Se teme que haya cuerpos desaparecidos en la selva.

http://www.laprensa.com.bo/noticias/08-06-09/noticias.php?nota=08_06_09_poli3.php