Publicado por: La Razón (La Paz - Bolivia)

La renuncia de Silvia Salame dejó cesante al TC. La Corte Suprema se quedó sin quórum y el Consejo de la Judicatura no hace más que labores administrativas.

La renuncia de la única magistrada en funciones del Tribunal Constitucional (TC), Silvia Salame, dejó ayer al país sin control de constitucionalidad y desató una de las peores crisis del Poder Judicial de los últimos tiempos.

Con la dimisión de Salame, el TC se quedó completamente paralizado. Los restantes magistrados tomaron el mismo rumbo que Salame en años anteriores, presionados por juicios por prevaricato interpuestos por el Gobierno.

Hace una semana, la Corte Suprema de Justicia se quedó sin quórum, luego que la bancada oficialista en la Cámara de Diputados decidió autorizar el inicio de un juicio de responsabilidades en contra de su presidente, Eddy Fernández. La autoridad fue suspendida y la Suprema se quedó con siete miembros (8 hacen quórum).

El Consejo de la Judicatura se encuentra en similar situación, con un único consejero en funciones: Rodolfo Mérida (ver infografía). A ello se suma la etapa de transición constitucional que atraviesa el país y que ha provocado que oficialistas y opositores descarten hacer nombramientos judiciales durante esta gestión.

Ayer, a tiempo de presentar su renuncia, Salame reflexionó sobre esta situación y culpó al Gobierno por la crisis en el Poder Judicial. Además, denunció que ahora los bolivianos viven en un régimen de gobierno dictatorial.

´Muchos ciudadanos han perdido sus derechos; estamos viendo la violación de la norma y el control constitucional ha sido sobrepasado; estamos siendo gobernados de facto´, señaló.

Luego pidió al Congreso que en los siguientes 30 días designe a un Tribunal Transitorio, que se haga cargo de esta instancia judicial hasta la conformación de una nueva, en el marco de la Constitución Política vigente.

El planteamiento de Salame se respalda en el artículo 21, parágrafo III, de la Ley 1836 del Tribunal Constitucional, en el que se establece que en todos los casos el Congreso Nacional, después de asumir conocimiento de las causas de cesación de cualquiera de los miembros de este ente, procederá a la designación del nuevo magistrado del Tribunal Constitucional en el término máximo de 30 días, convocándose en su caso a Congreso Extraordinario si fuere necesario.

El incumplimiento de esta norma, a decir de Salame, provocaría un grave daño al Poder Judicial, toda vez que el TC enfrentó en los últimos años la renuncia de sus cinco miembros titulares por diversas razones, lo que provocó la paralización de al menos 4.177 litigios que afectan a unas 27.152 personas.

Contrariamente, el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, René Martínez, opinó que la realidad jurídica del país no cambia por la renuncia de Salame, ya que desde hace dos años el TC no hace control de constitucionalidad debido a la dimisión de sus magistrados.

Salame renunció por una reducción presupuestaria definida por el Consejo de la Judicatura, para que el TC funcione con sólo 11 personas, entre guardias de seguridad, chofer, atención, asistente de teléfonos y otros funcionarios administrativos. "No podría existir ningún tipo de actividad constitucional (...) es decir que yo debía prestarme a ser el cómplice del Gobierno para decir que existe Tribunal y hacer una tarea prácticamente decorativa", dijo.

La resolución fue firmada el 23 de abril por el entonces presidente de la Suprema y del Consejo de la Judicatura, Eddy Fernández, y el consejero de la judicatura, Rodolfo Mérida.

La reducción presupuestaria define que el TC podrá utilizar únicamente el 15% de su presupuesto anual de Bs 14 millones. Según Rodolfo Mérida, se trata de una decisión "responsable", ya que el TC había limitado sus labores a tareas pedagógicas.

Además, dijo que entre enero y abril de este año este organismo judicial utilizó Bs 2.775.948, lo que hace suponer que el resto del año puede funcionar con 1.632.229 mensuales.

Piden buscar salidas

Mientras el jefe de bancada del MAS en Diputados, César Navarro, consideró que tras la renuncia de Silvia Salame el Congreso debe buscar una salida y garantizar la constitucionalidad en Bolivia, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Luis Vásquez, planteó la necesidad de elegir nuevas autoridades judiciales.

´Este tema se tendrá que tratar a nivel de Congreso, no hay otra alternativa, pero se requiere de un acuerdo entre los partidos políticos que tienen representación congresal, como el MNR, MAS, Podemos y UN, para que las nuevas autoridades no respondan a colores políticos sino a la voluntad del soberano´, dijo Navarro.

Vásquez advirtió que sin el funcionamiento de la principal entidad de justicia, el país se encuentra en la nebulosa de la inconstitucionalidad. ´Lo evidente es que el Gobierno le teme a vivir bajo el imperio de las leyes, que prefiere destruir instituciones en lugar de someterse a la Constitución, esta salida (la renuncia de Salame) responde a una decisión política del MAS y el Gobierno´, aseveró.

LA MAGISTRADA

Decisión • Silvia Salame renunció a su cargo en el Tribunal Constitucional después de al menos tres amenazas públicas que no concretó. Su alejamiento definitivo del órgano de control constitucional se hará efectivo en los próximos 30 días.

Posición • Al anunciar su alejamiento del TC, dijo que el Congreso no cumplió con la ley que define que debe nombrar en un plazo de 30 días a los magistrados que dejaron sus cargos vacantes. Sostuvo que el Legislativo "no cumplió con la ley".

http://www.la-razon.com/versiones/20090527_006740/nota_249_818576.htm