Publicado por: El Deber (Santa Cruz - Bolivia)

Proceso. El juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada y a 16 de sus ex colaboradores comenzó con la declaratoria en rebeldía contra los ausentes de la audiencia. Tramitarán detención internacional

  Pablo Ortiz | portiz@eldeber.com.bo  

Sánchez de Lozada dice que es un perseguido político en Bolivia

Comenzó el juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada, además de su gabinete y del Alto Mando Militar que lo acompañaron en octubre de 2003. En el primer día de audiencia, el tribunal declaró en rebeldía a los ex ministros Yerko Kukoc (Gobierno), Jorge Torres Obleas (Desarrollo), Mirtha Quevedo (Participación Popular), Javier Torres Goitia (Salud), Guido Áñez (Agricultura) y Hugo Carvajal (Educación), que no se presentaron a la audiencia, puesto que se encuentran fuera del país. Estuvieron presentes los ex ministros Dante Pino (Asuntos Financieros), Érick Reyes Villa (Desarrollo Sostenible) y Adalberto Kuajara (Trabajo), y los jefes militares de la época, que señalaron que no se irán del país. Sánchez de Lozada, 11 de sus ministros y cinco miembros del Alto Mando Militar están acusados de genocidio, por la muerte de 68 personas durante las revueltas de octubre de 2003.

Las víctimas de la intervención militar a las protestas, que se extendieron desde principios de septiembre hasta el 17 de octubre y causaron más de medio millar de heridos, siguieron el juicio con protestas fuera de la Corte Suprema de Justicia y en una sala especial que se instaló en la antesala del máximo tribunal del país.

Esta declaratoria de rebeldía se suma a la ya decretada contra Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín (Defensa) y Jorge Berindoague (Hidrocarburos), que habían sido nombrados rebeldes durante la etapa preparatoria del proceso.

La nueva situación jurídica de los procesados viene acompañada de la petición a las autoridades de que se emitan sendos mandamientos de aprehensión internacionales a través de Interpol y de reactivar la demanda de extradición contra Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Berindoague, que está siendo tramitada desde el año pasado ante Estados Unidos, país donde se encuentran desde el 18 de octubre de 2003.

También se incluye el arraigo, la publicación de los datos y señas personales en los medios de comunicación, además de la anotación de la hipoteca legal sobre los bienes muebles e inmuebles, sujetos a registros de los imputados declarados rebeldes.

En el caso Torres Obleas, Torres Goitia, Quevedo, Kukoc, Carvajal y Áñez Moscoso, la tramitación del arraigo ya no tiene sentido, ya que los tres primeros se encuentran en Perú -donde Torres Obleas consiguió asilo político, mientras que Torres Goitia y Quevedo fueron declarados refugiados- Carvajal está en España, Áñez Moscoso en Estados Unidos y se desconoce el paradero de Kukoc, que salió del país el 1 de mayo.

Pero fue justamente el ex ministro de Gobierno Kukoc el que a través de su abogado presentó un recurso de recusación contra el tribunal de sentencia que ventila el juicio.
Por ello, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Ángel Irusta Pérez y Hugo Roberto Suárez Calbimonte, y los conjueces Elizabeth Maldonado Loayza, Daysi Careaga Alurralde, Édgar Ruck Arzabe, Freddy Tomas Rojas, José Ortuste Quiroga, Freddy Lupa Totola y Eduardo Arteaga Rivera quedaron momentáneamente inhabilitados de seguir conociendo el proceso mientras sea resuelta la recusación de Kukoc, que será tratada, a las 14:00, de mañana.

Desde el extranjero ya se perfila una estrategia de defensa conjunta de los ex colaboradores de Gonzalo Sánchez de Lozada. Para Mirtha Quevedo, ayer se cometió un nuevo vicio de legalidad en el juicio, ya que, según la ley, el Tribunal de Sentencia debió primero conocer la recusación en su contra antes de declararlos en rebeldía. "Es una muestra clara de que en Bolivia nunca tendremos la posibilidad de un proceso justo", dijo desde Lima, en contacto telefónico.

Coincidió con Torres Obleas, Torres Goitia y Sánchez Berzaín en exigir un juicio en un tribunal internacional, ya que consideran que ese sería el único escenario en el que tendrían un debido proceso.

Desde Estados Unidos, Sánchez Berzaín consideró que ayer no se inició un juicio en Sucre, sino que lo que hubo fue "un sainete, una burla que tiende a ocultar los delitos de Evo Morales Ayma. Necesitamos llevar el caso a un tribunal internacional para que todos seamos iguales. Ellos son los autores confesos, pero los liberó del juicio el decreto de amnistía de Carlos Mesa".

Por su parte, Jorge Torres Obleas señaló desde Perú que se ratifica en su pedido de un proceso internacional y que era de esperarse una decisión como la que emanó de la Corte Suprema en la jornada de ayer.

El ex ministro de Desarrollo Económico evitó hacer más comentarios, ya que el Gobierno de Alan García le ha pedido prudencia en sus declaraciones para evitar nuevos roces diplomáticos.

Por su parte, el ex ministro de Salud, que es refugiado del Gobierno peruano, se mostró sorprendido por la declaratoria de rebeldía y prefirió consultar con su abogado la validez del mismo antes de emitir una opinión al respecto. "Creo que la recusación del tribunal debe invalidar esa resolución", añadió.

Por otro lado, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, pidió a los acusados por genocidio volver al país para asumir su defensa. Aseguró que existen todas las garantías para que tengan un juicio justo.

Militares quieren a Evo en el estrado
Los abogados del grupo de ex jefes militares procesados dentro del juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros insistirán en la comparecencia ante la Corte Suprema de ex líderes sindicales y sociales que participaron activamente en la convulsión social de 2003, entre ellos el actual presidente Evo Morales.

El abogado Erick Seifert Danschin calificó de ‘injusta' la inclusión del antiguo mando militar que participó en las operaciones de disuasión de las protestas sociales, al reiterar que sus defendidos actuaron en cumplimiento de la Constitución Política del Estado. "Las Fuerzas Armadas han garantizado la continuidad democrática en este país, ellos aseguraron la transición democrática, son 27 años que preservan el proceso democrático en Bolivia y nos parece injusto que por haber acatado órdenes del capitán general sean enjuiciados ahora", remarcó Seifert.
 El abogado dijo que también será requerida la presencia del presidente Evo Morales, que fue uno de los líderes sociales que apoyó las protestas contra el Gobierno de entonces. "Tiene que estar (Evo Morales), es un testigo y protagonista de los hechos. Nadie puede rehuir a su convocatoria, el hecho de haber sido testigo de los hechos hace que sea presidente ahora", manifestó.

 Seifert añadió que también serán convocados a declarar el ex dirigente indígena Felipe Quispe y el ex ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Jaime Solares, entre de otros líderes.

  Los procesados  

- Principal imputado. Gonzalo Sánchez de Lozada, ex presidente de la República

- Ministros. Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague, Yerko Kukoc, Jorge Torres Obleas, Mirtha Quevedo, Javier Torres Goitia, Guido Áñez, Hugo Carvajal, Dante Pino, Érick Reyes Villa y Adalberto Kuajara.

- Militares. Roberto Claros Flores, Gonzalo Rocabado Mercado, Juan Véliz Herrera, Alberto Aranda Granados y José Oswaldo Quiroga Mendoza.

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