Democracia, Equidad y DesarrolloEl caso 33 camiones llega a la Fiscalía
Publicado por: La Prensa (La Paz - Bolivia)
Las llamadas confirmaban los testimonios de las autoridades aduaneras la noche del 26 de julio.
E l informe de conclusiones sobre el caso de los 33 camiones que en agosto de 2008 salieron con mercadería de contrabando hacia Brasil, aprobado por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, llegó a la Fiscalía General de la República; sin embargo, el documento refrendado se cerró sin esclarecer al menos siete claves del proceso. Uno de los presuntos involucrados en este hecho es el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
El último informe sobre este caso fue redactado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y aprobado en la Cámara de Diputados por la mayoría oficialista. Una revisión del documento deja varios "cabos sueltos", por ejemplo, no esclarece si hubo o no contrabando en la salida de 33 camiones que dejaron la Zona Franca de Cobija el 26 de julio de 2008; omite como prueba el video en el que los comerciantes afirman tener la autorización de Quintana para pasar el puesto de control ubicado en las afueras de la capital pandina; no aclara la relación de llamadas entre los teléfonos del líder de los comerciantes de Puerto Evo, Jesús Chambi, y del Ministro de la Presidencia.
Además, no se precisa por qué los camiones no pudieron ser recuperados tras 27 días de permanecer retenidos en Santa Rosa de Abuná y libera de responsabilidad al prefecto de Pando, Rafael Bandeira, quien entonces era comandante del Comando de Tareas Conjuntas.
En el documento tampoco se menciona nada acerca de la recuperación violenta de los camiones por parte de los comerciantes y no se abre ningún proceso para el grupo de personas que liberó la mercadería del cerco policial. Además quedó sin esclarecer si el presidente Evo Morales participó o no en este caso o qué grado de conocimiento tuvo sobre los hechos. Tampoco se esclarecieron los amedrentamientos sufridos por la familia del ex presidente de la Aduana Nacional César López, quien destapó el caso. La esposa de López perdió un ojo por un ataque de desconocidos (ver página 4).
La noche del 26 y la madrugada del 27 de julio, 33 camiones abandonaron la ciudad de Cobija y pasaron la tranca de Control Operativo Aduanero (COA) del kilómetro 19, límite de la zona franca de esa ciudad. Al mediodía, el convoy fue retenido por fuerzas del Comando Conjunto en la localidad de Santa Rosa del Abuná. Para pasar el punto de control, el líder de la caravana Jesús Chambi habría señalado que contaba con la autorización del ministro Quintana.
En noviembre de 2005, tres años antes, los comerciantes firmaron un documento público en el que reconocieron que estaban en situación de ilegalidad.
Durante 27 días los camiones permanecieron retenidos y, además, custodiados por los dueños de los vehículos y pobladores de Puerto Evo. El 23 de agosto, más de 200 personas recuperaron por la fuerza esos vehículos.
Una comisión multipartidaria hizo la labor de cabeza de Ministerio Público para investigar este hecho.
El grupo parlamentario estuvo encabezado por el diputado Javier Zavaleta, del Movimiento Sin Miedo (MSM), que es aliado del MAS. El oficialismo, por su parte, designó como miembros de la comisión a los diputados José Pimentel, Antonio Sánchez, Édgar Valeriano y Ricardo Aillón. Por Podemos participaron Bernardo Montenegro y Felipe Tenorio. Unidad Nacional designó a Arturo Murillo, y María Teresa Núñez representó al MNR.
El grupo no logró ponerse de acuerdo y presentó tres informes al pleno de Diputados. Uno redactado por Zavaleta, otro elaborado por la oposición y finalmente el del MAS, que fue aprobado en la Cámara Baja por la mayoría oficialista. Este documento libera de responsabilidad al prefecto Bandeira y a Juan Ramón Quintana y solicita la imputación formal de César López por incumplimiento de deberes (ver tabla).
Zavaleta afirmó que el jueves 14 envió formalmente el expediente, con más de 500 hojas, al fiscal general, Mario Uribe, quien dijo que una vez que lo reciba estudiará el caso y lo derivará a un fiscal para que realice las investigaciones, adjunte más datos y compruebe las declaraciones.
Durante la investigación, la comisión solicitó a la empresa Entel el detalle de llamadas realizadas y recibidas por el celular de Jesús Chambi. En la nómina se confirma que el líder de los comerciantes, entre el 26 y 31 de julio, conversó con el ministro Quintana, su secretaria privada y el entonces comandante del Comando de Tareas Conjuntas, Rafael Bandeira.
El informe aprobado por el oficialismo indica que "el detalle no demuestra ni aporta ningún elemento que pruebe que alguna autoridad de Gobierno, que son titulares de las líneas que figuran en la relación, haya autorizado o dado alguna orden relativa al paso de los 33 camiones".
La lista de llamadas corrobora los testimonios de las autoridades aduaneras presentes la noche del 26 de julio en la tranca del kilómetro 19. Chambi llamó de su celular a Rafael Bandeira y lo comunicó con el teniente del COA Cristian Deheza. Los testimonios de los involucrados coinciden en que la llamada se cortó por la falta de señal en la zona.
El responsable de ese punto de control, el teniente Cristian Deheza, presentó como prueba de la "autorización" otorgada por Quintana un video grabado en su celular en el que se escucha y se ve a Chambi afirmar que tiene la "autorización" de Quintana y la venia de Bandeira, quien ahora es prefecto de Pando.
Se comprobó que el audiovisual es auténtico e incluso fue reconocido por Chambi, quien indicó que el video no es montado, sino que el término "autorización" lo dijo en otro contexto de la conversación. Durante los 27 días que los camiones estuvieron retenidos, al menos tres veces fue suspendido el denominado Operativo Retorno. Las autoridades de la Aduana reiteradamente hicieron solicitudes de apoyo al Comando Conjunto. López llegó a enviar una comunicación al entonces comandante de las Fuerzas Armadas, Luis Trigo.
Un informe elaborado el 4 de agosto por el administrador de la Zona Franca de Cobija, Mario Vásquez, al que tuvo acceso La Prensa, relata que uno de los intentos se detuvo por la visita del subcomandante del COA, Wálter Villalpando. "Me indicó que había recibido instrucciones telefónicamente de su comandante para que se mantengan en suspenso las acciones. Él (su comandante) se estaba reuniendo con autoridades nacionales para tratar el caso".
Nunca se pudo precisar a qué comandante se refería Villalpando. Bandeira explicó que no pudo recuperar los camiones porque no contaba con tres batallones para efectuar la operación. Además señaló que cuando dejó el Comando Conjunto, el 10 de agosto, "los camiones estaban resguardados".
Asimismo, en el documento no se menciona la actuación de los comerciantes durante el conflicto. El 23 de agosto, un grupo de más de 200 personas recuperó los motorizados y su mercancía en un operativo en el que se usaron armas de fuego, según informes de la Aduana. Los camiones estaban retenidos por el Comando Conjunto y técnicos de la Aduana levantaron las actas de intervención correspondientes. Según la Ley de Aduana, esa acción se califica como sustracción de prensa aduanera.
Chambi negó haber participado en la acción, sin embargo, los testimonios de los presentes en aquella jornada dan cuenta de que encabezó el operativo. El informe no establece si la salida de la mercadería fue contrabando. La participación del Presidente tampoco se llegó a esclarecer aunque La Prensa publicó cartas enviadas a Morales que revelan reuniones para "resolver" el conflicto destapado por la retención de mercadería.
El Jefe de Estado después reconoció que había derivado el caso al Ministro de la Presidencia para que lo resolviera porque se trataba de un "conflicto social".
Los tres informes presentados
Los presuntos involucrados
Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia
Rafael Bandeira Arze, ex comandante del Comando Conjunto
César López Saavedra, ex presidente de la Aduana Nacional de Bolivia
Jesús Chambi, líder de los comerciantes
Cristian Deheza, teniente del Control Operativo Aduanero
Luis Fernando Sánchez, ex gerente de la Aduana Regional de La Paz
Mario Vásquez Peñaranda, ex administrador de Zona Franca Cobija
Wálter Villalpando Moya, ex subcomandante del COA
Carlos Manuel Gonzales, fiscal de distrito de Cobija
Informe aprobado (MAS)
No se encuentra ninguna responsabilidad penal ni administrativa
No se encuentra ninguna responsabilidad penal ni administrativa
Se solicita la imputación formal por el delito de incumplimiento de deberes
No se menciona ninguna responsabilidad por las acciones tomadas
Se solicita la imputación formal por el delito de incumplimiento de deberes
Se solicita la imputación formal por el delito de incumplimiento de deberes
Se solicita la imputación formal por el delito de incumplimiento de deberes
No se encuentra ninguna responsabilidad penal ni administrativa
No se encuentra ninguna responsabilidad penal ni administrativa
El informe solamente se refiere a cuatro autoridades aduaneras. Exonera a los demás involucrados.
Informe de la oposición
Se requiere la imputación formal por conducta antieconómica
Se requiere la imputación por conducta antieconómica y denegación de auxilio
No se encuentra ninguna responsabilidad penal ni administrativa
Se requiere la imputación por resistencia a la autoridad y ventajas ilegítimas
Se solicita la imputación formal por el delito de incumplimiento de deberes
No se encuentra ninguna responsabilidad penal ni administrativa
No se encuentra ninguna responsabilidad penal ni administrativa
Se solicita la imputación formal por el delito de incumplimiento de deberes
Se solicita la imputación formal por el delito de incumplimiento de deberes
El informe pide imputar a los ministros de Hacienda, Luis Arce, y de Defensa, Walker San Miguel
Informe del diputado Javier Zavaleta
Sugiere al presidente Morales definir si hubo responsabilidad administrativa
Se requiere la imputación por conducta antieconómica y denegación de auxilio
Se requiere la imputación por conducta antieconómica y denegación de auxilio
No se menciona ninguna responsabilidad por las acciones tomadas
Imputación por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes
Se requiere la imputación por conducta antieconómica y denegación de auxilio
Imputación por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes
Imputación por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes
Se solicita la imputación formal por el delito de incumplimiento de deberes
El documento pide imputar al ex comandante de Policía Silvio Magarzo
por denegación de auxilio.
http://www.laprensa.com.bo/noticias/17-05-09/17_05_09_segu1.php
