Publicado por: La Razón (La Paz - Bolivia)

La violación de los derechos humanos y la discrecionalidad con la que actúa el fiscal Marcelo Sosa son identificados como ejes de las falencias de la investigación iniciada después del 16 de abril.

Miembros de la comisión multipartidaria de la Cámara de Diputados que investiga el caso de supuesto terrorismo y los abogados de tres implicados, identificaron al menos 10 anomalías en el trabajo de la Fiscalía, encargada de indagar las acciones y vinculaciones del grupo liderado por Eduardo Rózsa.

El abogado de los acusados de proveer armas al supuesto grupo irregular, Dember Pedraza, denunció en diversas ocasiones que sus defendidos, Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, fueron detenidos en Santa Cruz "sin tener una orden de aprehensión", y trasladados a La Paz sin respetar sus derechos humanos.

Pedraza recordó que sus defendidos llegaron a La Paz "maniatados y con ojos vendados". El hecho será denunciado y objeto de una querella criminal, coincidieron ayer los diputados Óscar Urenda y Katia Romero.

Mientras tanto el diputado de UN Peter Maldonado reveló que Gueder y Mendoza, con quienes la comisión legislativa se reunió, "fueron obligados por la Fiscalía a firmar sus declaraciones".

Otra de las anomalías observadas es la imposibilidad de acceder al expediente y al libro de la investigación. Rigoberto Paredes, abogado de Elot Toazo, uno de los miembros del grupo de Rózsa, informó que no pueden acceder a esta documentación.

El legislador Bernardo Montenegro explicó que la investigación está marcada "por la violación de los derechos humanos y discrecionalidad con la que actúa el fiscal Marcelo Sosa".

La jurisdicción es otra tema cuestionado. Paredes recusó al juez Rolando Sarmiento bajo el argumento de que el proceso "debe ser en Santa Cruz". El prefecto Rubén Costas y otras cuatro personas mencionadas en el caso registraron en la Policía domicilio y jurisdicción en esa capital.

Por otra parte, dos audiencias de apertura y anticipo de pruebas fueron suspendidas, según fuentes de la propia Fiscalía, por "negligencia" del fiscal Sosa.

Maldonado observó la "discrecionalidad" en el manejo de la reserva y Montenegro, además de recordar que Sosa no participó del operativo que desarticuló al grupo de Rózsa, advirtió que las anomalías "ponen en riesgo el proceso investigativo, como tal".

Piden registro domiciliario

El prefecto Rubén Costas y otras cuatro personas relacionadas con el supuesto grupo terrorista liderado por Eduardo Rózsa señalaron ayer ante la Policía departamental su registro domiciliario para acreditar jurisdicción en esta capital de ser notificados para declarar.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Miguel Gonzales, explicó que "de todas la autoridades que han sido mencionadas o involucradas, ya solicitaron su registro domiciliario cinco personas, entre ellas el prefecto Rubén Costas".

Gonzales también informó que continúan remitiendo las citaciones emitidas por la Fiscalía a los involucrados. "De las ocho notificaciones, sólo una recepcionó, otras han presentado excusas o no han sido habidas".

El general retirado Lucio Áñez, involucrado en el caso, se presentó ayer a la FELCC para confirmar su presencia y prestar declaración. Redacción Sta. Cruz

Los detalles del accionar de la Fiscalía

La defensa de los involucrados y miembros de la comisión de la Cámara de Diputados identificaron las anomalías en las que se habría incurrido.

Notificaciones

Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza fueron detenidos el 28 de abril en un operativo policial en Santa Cruz, acusados de proveer armas al supuesto grupo irregular de Eduardo Rózsa. El abogado de los detenidos, Dember Pedraza, denunció que sus defendidos no fueron notificados, como mandan las normas.

Declaraciones

El diputado Peter Maldonado (UN), de la comisión multipartidaria de la Cámara Baja que investiga el caso de supuesto terrorismo, afirmó que Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza fueron obligados a firmar las declaraciones que hicieron ante el fiscal Marcelo Sosa. El fiscal no se pronunció al respecto.

Derechos humanos

La derechos humanos y del debido proceso de Gueder y Mendoza fueron vulnerados en el momento de su detención, según coinciden miembros de la Comisión de Diputados y la defensa de los acusados. Los dos involucrados fueron detenidos y llevados a La Paz con los ojos vendados y maniatados.

Expediente

Rigoberto Paredes, abogado del integrante del grupo de Rózsa, Elot Toazo, y la defensa legal de Gueder y Mendoza denunciaron que no se les facilitó hasta el momento el cuaderno de investigaciones y el expediente de este caso. Actualmente, el proceso radica en el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal.

Jurisdicción

El abogado de Elot Toazo, Rigoberto Paredes, presentó una recusación contra el juez Rolando Sarmiento con el argumento de que el caso debe radicar en Santa Cruz, por ser el lugar donde acontecieron los hechos. Hasta el momento, el juez no se pronunció al respecto.

Reserva

La reserva de la investigación fue tratada con discrecionalidad. El Fiscal reveló un video, donde supuestamente los principales implicados hablan de magnicidio, y el organigrama de la organización liderada por Rózsa cuando estaba vigente la reserva sobre las indagaciones.

Audiencias

Dos audiencias, de apertura y de anticipo de pruebas, fueron suspendidas dos veces. La primera porque la defensa de Elot Toazo presentó una recusación y la otra porque el fiscal pidió al juez que peritos abran las pruebas; petición que debió hacer con anterioridad, según fuentes fiscales.

Prueba

El diputado Peter Maldonado dijo que el video que presentó el fiscal Marcelo Sosa, como evidencia de un supuesto plan de magnicidio, fue obtenido de forma irregular. "Esta prueba se debe obtener de manera lícita y en la medida del avance de las investigaciones", señaló el legislador.

Custodia

Tras la audiencia de Gueder y Mendoza, en la que se determinó arresto domiciliario para ambos, la Justicia pidió al Ministerio de Gobierno asignar dos custodios para resguardar su integridad física. Tuvieron que pasar cinco días para que el Ministerio de Gobierno designe a los custodios.

Operativo

En el operativo del 16 de abril en el hotel Las Américas no participó un fiscal. Sosa reconoció que no estuvo en el operativo, según el diputado Bernardo Montenegro. El 16 de abril, el vicepresidente Álvaro García informó que el propio presidente Evo Morales ordenó la acción.

http://www.la-razon.com/versiones/20090512_006724/nota_256_810224.htm