Por: Jorge E. Torres Obleas *

La creación de los comités de vigilancia en el ámbito de la democracia municipal se convirtió en el mayor logro del Estado para encauzar las acciones de control social...

El reciente reporte de coyuntura de la Fundación Jubileo presenta los resultados de una encuesta en 11 ciudades del país que, además de las ciudades del llamado eje, incluyó a intermedias como Achacachi, Villa Tunari o Yapacaní. La encuesta, realizada durante marzo, presenta datos reveladores sobre el control social en nuestro país. Se trata de una temática que guarda estrecha relación con diversos problemas que preocupan al ciudadano común y cuya forma de tratamiento tiene especial importancia para encararlos tanto desde la perspectiva de la sociedad civil como también de la estatal.

En Bolivia se desarrollaron diferentes prácticas de carácter comunitario y vecinal que, de una u otra forma, contribuyeron a la incorporación del control social en la normatividad vigente. En el marco del proceso de participación social, diversos conceptos asociados al control social adquirieron rango de ley. Así, el reconocimiento de las organizaciones territoriales de base (OTB) y la creación de los comités de vigilancia en el ámbito de la democracia municipal se convirtieron-en su momento- en los mayores logros del Estado para encauzar, bajo una figura legal, las acciones de control social y el potencial de una serie de organizaciones sociales en los ámbitos urbano y rural.

Luego de varios años de implementación del proceso de participación popular, se pudo constatar que los mayores niveles de eficacia del control social se concentraron en el ámbito rural y las mayores falencias, en el urbano.

De cualquier forma, y a partir de los resultados de la encuesta, llama enormemente la atención que, a estas alturas, cuando a la gente se le consultó sobre lo que significa el control social, casi dos terceras partes de la población encuestada (58%) desconocían su significado, un 13% lo comprendía vagamente y tan sólo uno de cada cinco personas (19%) sí conocía.

Un panorama que no presenta mayores diferencias a nivel de los tres departamentos considerados, ya que el nivel de desconocimiento en todos los casos es superior a la mayoría absoluta, al igual que el de conocimiento que no supera el 22%. Más de dos terceras partes de los encuestados (71%) señalaron que no conocían un caso específico sobre control social y sólo un 13%, que sí conocía. Sin embargo, resulta destacable que la gente, luego de recibir una explicación sobre el significado del control social, comprenda su potencial, ya que tres cuartas partes de los encuestados consideran que sí debería aplicarse el control social para luchar contra la corrupción, respecto de sólo un 10% que no lo considera.

De igual manera, resulta revelador que más de tres cuartas partes de los encuestados opinan que los miembros del control social deberían ser elegidos de manera directa mediante votación nacional (42%) o en asambleas de vecinos u OTB (39%). Así, queda claro que la gente descarta intermediaciones a través de ONG o sindicatos, que sólo obtuvieron 0,7%, o de representantes de la Iglesia (3%).

No cabe duda de que se está desaprovechando una herramienta muy importante no sólo para luchar contra la corrupción, sino también para superar la ineficacia e ineficiencia que afectan a diversas instituciones. Sin embargo, para que la herramienta funcione y en concordancia con las expectativas ciudadanas, se debe asegurar que sus actores e instancias emanen de la voluntad de las bases y no de instancias de intermediación.

* Docente universitario

jorgetorresobleas@hotmail.com

http://www.laprensa.com.bo/noticias/12-05-09/12_05_09_opin1.php