Publicado por: El Deber (Santa Cruz - Bolivia)

Investigación. Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, acusados de dotar de armas a Eduardo Rózsa, podrán volver a Santa Cruz. La Fiscalía pidió medidas sustitutivas a la detención por cooperar con el caso

 Marco Chuquimia y EL DEBER

>> Ver NacionalEl acuerdo previo entre el Ministerio Público con la defensa de los ex unionistas Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza quedó plasmado en una ríspida audiencia judicial,  que duró 90 minutos.
Al final, los dos dirigentes acusados de tener nexos con el supuesto grupo terrorista liderado por Eduardo Rózsa obtuvieron medidas sustitutivas con detención domiciliaria, arraigo y custodia policial.

 

El fiscal a cargo del caso, Marcelo Sosa, afirmó que fue el Ministerio Público el que solicitó la sustitución de la detención "en virtud de la cooperación de esas personas". "Las medidas se cumplirán bajo custodia policial en la ciudad de Santa Cruz", afirmó Sosa.
Añadió que por las declaraciones de las dos personas decidieron con la defensa, guardarlas en reserva porque se tienen que verificar los datos.

Por ello se suspendió la conferencia de prensa que debía dar Alcides Mendoza y cuando abandonaban la audiencia Gueder afirmó que la mayor parte de la información está en poder ‘del soplón'.  Según afirmó, el informante de las autoridades sería Ignacio Villa Paz, de quien el fiscal no quiso dar datos y negó su existencia
Villa Paz es conocido como ‘El viejo', que fue denunciado como el tercer prófugo de la Policía, que, sin embargo, resultó ser el informante que dio detalles a las autoridades.

El abogado defensor, Denver Pedraza, negó que exista un acuerdo con la Fiscalía y remarcó "el deber de las personas" de colaborar con la justicia. Los que asistieron a la audiencia, que fue celebrada por el juez Sexto de Instrucción en lo Penal, Álvaro Melgarejo, relataron que la misma estuvo a punto de suspenderse.

El fiscal Sosa también informó de que los dos ex unionistas "están dando información valiosa a los investigadores" y que en función de ello se convocará a los implicados. Prevén convocar al mayor Johnny Tapia, sindicado por el abogado defensor de ser uno de los responsables del contrabando de armas. Pedraza dijo que ello es de conocimiento de Inteligencia de la Policía.

Respecto a los ejecutivos de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Sosa dijo que recibió informes sobre los directivos y propiedades que tienen. Los miembros de la supuesta célula terrorista tienen fotos supuestamente en uno de los predios de esa entidad y por ello se pidieron las direcciones. El fiscal no descarta convocar a su presidente, el ex ministro de Gobierno, Guido Nayar.

Los dos unionistas retornarán mañana a Santa Cruz, afirmó su abogado defensor, Denver Pedraza, que explicó que debido a que la audiencia terminó cerca del mediodía, no dio tiempo para reunir toda documentación exigida. Aclaró, sin embargo, que están en buenas condiciones.

Pedraza llegó anoche sólo al aeropueto Viru Viru donde lo esperaban los familiares del ex unionista Alcides Mendoza. Zoilo Mazaby, primo hermano de Mendoza, dijo que la decisión del Juzgado en La Paz deja más tranquila a la familia pero   esperan que se haga justicia.
El supuesto caso de terrorismo investigado en el país mantiene a la expectativa a la población. Según una encuesta de Equipos Mori,  un 49% de 402 ciudadanos consultados desconfía de las investigaciones. Por otro lado, hay un equilibrio entre quienes piensan que los hechos  corresponden a un caso de terrorismo y quienes creen que es un montaje.

Investigan nexo de una persona con Cotas
La Comisión Especial Multipartidaria de Diputados que investiga el supuesto caso de terrorismo en Santa Cruz indaga los vínculos de Luis Hurtado N. con la cooperativa Cotas. Extraoficialmente se informó de que el aludido reservó y pagó los hoteles donde se alojaron los supuestos terroristas.
La diputada emenerrista Marisol Abán, dijo que Rozsa sacó una factura a nombre de Luis Hurtado. "Tenemos una copia de la factura y vamos a solicitar el número del NIT", afirmó.
El diputado Bernardo Montenegro, de Podemos, dijo que pidieron el nombre completo y el carné de identidad del ciudadano implicado para confirmar los datos. "Considero que los delitos son personales y no institucionales", indicó. En Cotas nadie atendió para dar una información al respecto. /AT

HRF rechaza las acusaciones del Presidente
La Human Rights Foundation (HRF) rechazó ayer ‘categóricamente' las acusaciones lanzadas por el presidente Evo Morales, sobre la supuesta vinculación de esa organización con el caso de terrorismo.
En un comunicado, HRF criticó que Morales "esté empeñado en descalificar a los defensores de los derechos humanos en Bolivia" y consideró que el fin es crear "una cortina de humo" para invalidar las investigaciones de la fundación.
El vicepresidente, Alvaro García Linera aseguró ayer que la vida del presidente Evo Morales sigue en peligro. "La mayor parte de esos criminales están sueltos. Las armas más peligrosas que aparecen en las fotos aún no se las ha encontrado, siguen en manos de algún criminal", dijo. /EFE y ABI

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