Democracia, Equidad y DesarrolloRevelan supuesto plan contra dos prefectos
el 1 may En: POLITICA Y DEMOCRACIA JUSTICIA NUEVA CONSTITUCION ARMAS - sin comentarios
Publicado por: El Deber (Santa Cruz - Bolivia)
Investigación. Uno de los dos detenidos por las denuncias de terrorismo asegura que Eduardo Rózsa planeó el asesinato de Rubén Costas y Ernesto Suárez. La Fiscalía mostró fotos de los acusados con armas
El fiscal Marcelo Sosa, que investiga el caso de supuesto terrorismo en Santa Cruz, citó a una conferencia de prensa ayer para que Juan Carlos Gueder Bruno hablara con la prensa. El beniano de 48 años se incriminó ante los medios y confesó que había vendido un arma a Eduardo Rózsa y que el boliviano-húngaro-croata le confesó que era para matar a los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Beni, Ernesto Suárez.
Durante su conferencia de prensa, el hombre acusado por el Ministerio Público de alzamiento armado, incitación pública a delinquir y atentado contra altas autoridades del Estado añadió que el abogado Hugo Antonio Achá Melgar, presidente de la Human Right Foundation Santa Cruz, estuvo presente en la reunión entre él y Rózsa. "Estoy aquí acusado de terrorismo y mi único delito fue venderle un arma de fabricación artesanal antigua. Fui solamente un nexo para la venta de esa arma por $us 1.000", dijo, a tiempo de exigir que ‘"Achá dé la cara, porque lo conocí en esa reunión y estaba con Rózsa".
El hombre conocido como ‘Capitán Bruno' en la Unión Juvenil Cruceñista, que fue detenido de forma violenta el martes pasado y llevado a La Paz enmanillado y con los ojos vendados, aseguró que la venta del arma se produjo en el stand que Cotas alquila en la Fexpo. Aseguró que Alcides Mendoza Masaví, otro beniano arrestado el martes, fue quien le presentó a Rózsa.
Asegura que en enero el supuesto líder terrorista, abatido por la Policía en el operativo del 16 de abril en el hotel Las Américas, junto a Árpád Magyarosi (rumano-húngaro) y Michael Dwyer (irlandés), le pidió que le consiguiera más armas y que éstas serían pagadas por otras personas. "Me dijo que los tíos iban a ayudar en todo", aseguró.
Sin embargo, Gueder Bruno explica que se retiró del grupo en la segunda reunión, porque la presunta célula terrorista quería atentar contra la vida de Costas y Suárez Sattori. "Dijo que valdrían más muertos, como mártires, porque no hacían nada como gobernadores", acotó.
Consultada al respecto, su esposa, Martha Landívar, se confesó sorprendida por las revelaciones de su marido. Aseveró que sólo conocía la ocupación de pescador de Gueder y que nunca vio ni uno solo de los $us 1.000 que cobró supuestamente por la venta del arma, ya que tenían serios problemas económicos. "Confío y siempre confiaré en la inocencia de mi esposo", expresó Landívar, que vio a su marido ‘trémulo' y que le confesó que lo habían apaleado.
Por su parte, Sosa aprovechó la presencia de la prensa para mostrar 58 fotografías de los supuestos terroristas en las que se los ve empuñando diversas armas, desde pistolas hasta rifles con mira telescópica. En varias de esas imágenes se ve a Rózsa y a Elöd Tóásó, que fue detenido junto a Mario Tadic en el operativo del hotel Las Américas, en el stand que Cotas alquila en la Fexpo. Sobre este particular, el departamento de imagen corporativa de la telefónica ratificó que no tiene derecho propietario sobre este espacio y que sólo lo ocupa cuando hay Feria Exposición o para alguna actividad muy específica.
"Cotas no se responsabiliza por lo que pase en ese stand en otros momentos y no disponemos de seguridad fuera del tiempo de feria", aseguró un vocero de imagen corporativa. Añadió que es de conocimiento público que ese recinto fue utilizado como centro de procesamiento de datos por la institucionalidad cruceña en los referéndums autonómico y revocatorio. En esa oportunidad, la telefónica sólo proveyó servicios.
Ante la declaración de Gueder, los prefectos de Santa Cruz y de Beni reaccionaron con dudas. Costas señaló que hay terrorismo de Estado en Bolivia y que no le cabe la menor duda de que quieren su cabeza. "Por eso es que están llevando gente a La Paz, a algunos para amedrentarlos, a otros para torturarlos y a otros para ofrecerles dinero, como ha declarado este señor. Lo que quieren es descabezar a la oposición. El presidente Evo Morales prefiere jugar un partido solo, a eso está acostumbrado, a jugar sin un equipo adversario", aseveró.
Por su parte, el secretario de Autonomía, Carlos Dabdoub, señaló que no se puede creer en declaraciones de una persona que ha sido maltratada y que esto ha sido sólo el inicio de una cacería de brujas.
Por su parte, Suárez confesó que tenía serias dudas sobre las declaraciones de Gueder y cree que se ha desatado una red de conjeturas y supuestos luego de la matanza en el hotel.
"El Gobierno no debió matar a Rózsa, era el único que podía aclarar la verdad. Luego de la forma en la que ese detenido fue conducido a La Paz, se podía esperar cualquier cosa", señaló.
Al que no dejaron hablar fue a Mendoza. Su abogado, Denver Pedraza, había anunciado que su defendido daría una conferencia de prensa ‘reveladora' luego de la audiencia, pero el Gobierno impidió la misma recusando al juez.
"Si se conoce los datos que tengo de Santa Cruz, más de una autoridad del Gobierno puede perder su cargo, por eso estoy buscando una reunión con el Presidente", afirmó Pedraza, que acusó al Ejecutivo de intentar esconder las cosas que Mendoza sabe.
Trabas y sospechas
El abogado que defiende a Gueder y Mendoza aseguró que el Gobierno trata de evitar que las declaraciones de sus clientes sean conocidas por el pueblo, por eso suspendió la audiencia.
El Estado había proporcionado defensoras de oficio para Gueder, pero estas ni siquiera quisieron identificarse y se marcharon de la Corte de Distrito de La Paz en compañía del abogado del Ministerio de Gobierno.
También se suspendió la audiencia de adelanto de pruebas que estaba prevista para ayer, en la que debía declarar el testigo clave del Gobierno.
Ayer se conoció que el as bajo la manga de la Fiscalía, a quien identifican sólo con el apodo ‘El Viejo', es un cotoqueño de apellido Villa. También aseguraron que los puntos de ingreso a la ciudad de Santa Cruz se encuentran con dinamita lista para estallar, aunque ninguna autoridad refrendó esa versión.
El Gobierno impidió que haya cautelar
Sin explicar razones y en aparente combinación con las abogadas de defensa pública, ayer el Ministerio de Gobierno trabó la audiencia de medidas cautelares que se iba a realizar contra Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza; de ese modo el caso pasó a manos de la juez Marcela Siles, porque el juez Rolando Sarmiento admitió la recusa. A las 16:20 llegaron los dos acusados y casi de inmediato se inició la audiencia; las dos abogadas de defensa pública en representación de Gueder manifestaron de forma oral la recusa al juez. En ese momento, el acusado renunció a sus servicios y dijo que tomaba el asesoramiento de Denver Pedraza; las dos abogadas abandonaron la sala de audiencias y de inmediato el abogado del Ministerio de Gobierno, Dennis Villegas, presentó la recusa y el juez se allanó.
Al abandonar la sala de sesiones, las abogadas de defensa pública esperaron a Villegas en las graderías de la Corte Superior de Distrito, que les dio las gracias. Momentos antes de la audiencia, la defensa reveló que existía ‘un acuerdo' con la Fiscalía, incluso el abogado Pedraza afirmó que retornaría "a Santa Cruz en el vuelo de las ocho de la noche" con sus dos clientes. El acuerdo consistía en "cooperar" con la justicia y a cambio el Ministerio Público pediría "detención domiciliaria y arraigo" de los detenidos./M.Ch.
El fiscal Marcelo Sosa, que investiga el caso de supuesto terrorismo en Santa Cruz, citó a una conferencia de prensa ayer para que Juan Carlos Gueder Bruno hablara con la prensa. El beniano de 48 años se incriminó ante los medios y confesó que había vendido un arma a Eduardo Rózsa y que el boliviano-húngaro-croata le confesó que era para matar a los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Beni, Ernesto Suárez.
Durante su conferencia de prensa, el hombre acusado por el Ministerio Público de alzamiento armado, incitación pública a delinquir y atentado contra altas autoridades del Estado añadió que el abogado Hugo Antonio Achá Melgar, presidente de la Human Right Foundation Santa Cruz, estuvo presente en la reunión entre él y Rózsa. "Estoy aquí acusado de terrorismo y mi único delito fue venderle un arma de fabricación artesanal antigua. Fui solamente un nexo para la venta de esa arma por $us 1.000", dijo, a tiempo de exigir que ‘"Achá dé la cara, porque lo conocí en esa reunión y estaba con Rózsa".
El hombre conocido como ‘Capitán Bruno' en la Unión Juvenil Cruceñista, que fue detenido de forma violenta el martes pasado y llevado a La Paz enmanillado y con los ojos vendados, aseguró que la venta del arma se produjo en el stand que Cotas alquila en la Fexpo. Aseguró que Alcides Mendoza Masaví, otro beniano arrestado el martes, fue quien le presentó a Rózsa.
Asegura que en enero el supuesto líder terrorista, abatido por la Policía en el operativo del 16 de abril en el hotel Las Américas, junto a Árpád Magyarosi (rumano-húngaro) y Michael Dwyer (irlandés), le pidió que le consiguiera más armas y que éstas serían pagadas por otras personas. "Me dijo que los tíos iban a ayudar en todo", aseguró.
Sin embargo, Gueder Bruno explica que se retiró del grupo en la segunda reunión, porque la presunta célula terrorista quería atentar contra la vida de Costas y Suárez Sattori. "Dijo que valdrían más muertos, como mártires, porque no hacían nada como gobernadores", acotó.
Consultada al respecto, su esposa, Martha Landívar, se confesó sorprendida por las revelaciones de su marido. Aseveró que sólo conocía la ocupación de pescador de Gueder y que nunca vio ni uno solo de los $us 1.000 que cobró supuestamente por la venta del arma, ya que tenían serios problemas económicos. "Confío y siempre confiaré en la inocencia de mi esposo", expresó Landívar, que vio a su marido ‘trémulo' y que le confesó que lo habían apaleado.
Por su parte, Sosa aprovechó la presencia de la prensa para mostrar 58 fotografías de los supuestos terroristas en las que se los ve empuñando diversas armas, desde pistolas hasta rifles con mira telescópica. En varias de esas imágenes se ve a Rózsa y a Elöd Tóásó, que fue detenido junto a Mario Tadic en el operativo del hotel Las Américas, en el stand que Cotas alquila en la Fexpo. Sobre este particular, el departamento de imagen corporativa de la telefónica ratificó que no tiene derecho propietario sobre este espacio y que sólo lo ocupa cuando hay Feria Exposición o para alguna actividad muy específica.
"Cotas no se responsabiliza por lo que pase en ese stand en otros momentos y no disponemos de seguridad fuera del tiempo de feria", aseguró un vocero de imagen corporativa. Añadió que es de conocimiento público que ese recinto fue utilizado como centro de procesamiento de datos por la institucionalidad cruceña en los referéndums autonómico y revocatorio. En esa oportunidad, la telefónica sólo proveyó servicios.
Ante la declaración de Gueder, los prefectos de Santa Cruz y de Beni reaccionaron con dudas. Costas señaló que hay terrorismo de Estado en Bolivia y que no le cabe la menor duda de que quieren su cabeza. "Por eso es que están llevando gente a La Paz, a algunos para amedrentarlos, a otros para torturarlos y a otros para ofrecerles dinero, como ha declarado este señor. Lo que quieren es descabezar a la oposición. El presidente Evo Morales prefiere jugar un partido solo, a eso está acostumbrado, a jugar sin un equipo adversario", aseveró.
Por su parte, el secretario de Autonomía, Carlos Dabdoub, señaló que no se puede creer en declaraciones de una persona que ha sido maltratada y que esto ha sido sólo el inicio de una cacería de brujas.
Por su parte, Suárez confesó que tenía serias dudas sobre las declaraciones de Gueder y cree que se ha desatado una red de conjeturas y supuestos luego de la matanza en el hotel.
"El Gobierno no debió matar a Rózsa, era el único que podía aclarar la verdad. Luego de la forma en la que ese detenido fue conducido a La Paz, se podía esperar cualquier cosa", señaló.
Al que no dejaron hablar fue a Mendoza. Su abogado, Denver Pedraza, había anunciado que su defendido daría una conferencia de prensa ‘reveladora' luego de la audiencia, pero el Gobierno impidió la misma recusando al juez.
"Si se conoce los datos que tengo de Santa Cruz, más de una autoridad del Gobierno puede perder su cargo, por eso estoy buscando una reunión con el Presidente", afirmó Pedraza, que acusó al Ejecutivo de intentar esconder las cosas que Mendoza sabe.
Trabas y sospechas
El abogado que defiende a Gueder y Mendoza aseguró que el Gobierno trata de evitar que las declaraciones de sus clientes sean conocidas por el pueblo, por eso suspendió la audiencia.
El Estado había proporcionado defensoras de oficio para Gueder, pero estas ni siquiera quisieron identificarse y se marcharon de la Corte de Distrito de La Paz en compañía del abogado del Ministerio de Gobierno.
También se suspendió la audiencia de adelanto de pruebas que estaba prevista para ayer, en la que debía declarar el testigo clave del Gobierno.
Ayer se conoció que el as bajo la manga de la Fiscalía, a quien identifican sólo con el apodo ‘El Viejo', es un cotoqueño de apellido Villa. También aseguraron que los puntos de ingreso a la ciudad de Santa Cruz se encuentran con dinamita lista para estallar, aunque ninguna autoridad refrendó esa versión.
El Gobierno impidió que haya cautelar
Sin explicar razones y en aparente combinación con las abogadas de defensa pública, ayer el Ministerio de Gobierno trabó la audiencia de medidas cautelares que se iba a realizar contra Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza; de ese modo el caso pasó a manos de la juez Marcela Siles, porque el juez Rolando Sarmiento admitió la recusa. A las 16:20 llegaron los dos acusados y casi de inmediato se inició la audiencia; las dos abogadas de defensa pública en representación de Gueder manifestaron de forma oral la recusa al juez. En ese momento, el acusado renunció a sus servicios y dijo que tomaba el asesoramiento de Denver Pedraza; las dos abogadas abandonaron la sala de audiencias y de inmediato el abogado del Ministerio de Gobierno, Dennis Villegas, presentó la recusa y el juez se allanó.
Al abandonar la sala de sesiones, las abogadas de defensa pública esperaron a Villegas en las graderías de la Corte Superior de Distrito, que les dio las gracias. Momentos antes de la audiencia, la defensa reveló que existía ‘un acuerdo' con la Fiscalía, incluso el abogado Pedraza afirmó que retornaría "a Santa Cruz en el vuelo de las ocho de la noche" con sus dos clientes. El acuerdo consistía en "cooperar" con la justicia y a cambio el Ministerio Público pediría "detención domiciliaria y arraigo" de los detenidos./M.Ch.
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