Publicado por: La Prensa (La Paz - Bolivia)

El MAS no tiene dos tercios del Congreso y deriva el caso a la Asamblea Legislativa

Para autorizar las investigaciones será necesario el voto de dos tercios de los miembros presentes.

La oposición no viabilizará el juicio de responsabilidades del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y del prefecto de Tarija, Mario Cossío, solicitado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene dos tercios en el Congreso para autorizar el inicio de la demanda, por eso lo derivó a la Asamblea Legislativa.

Las dos comunicaciones formales de la Suprema, solicitando la autorización para iniciar las indagaciones en los procesos contra el ex dignatario de Estado y la autoridad departamental, llegaron ayer al Parlamento. Las pesquisas pueden derivar en la apertura de juicios de responsabilidades contra las dos figuras opositoras.

Tanto Cárdenas como Cossío, por separado, negaron los cargos y coincidieron en que se trata de una "persecución política" del Gobierno con fines electorales.

El Prefecto tarijeño se declaró perseguido político. Dijo que "el Gobierno nacional viene ejerciendo todas sus influencias y presiones en los órganos del Estado para intentar dañarme. Presiones en los tribunales de justicia, Ministerio Público, Parlamento nacional, Contraloría General de República, y tiene una lógica que intenta descubrir algo con qué lastimar al gobierno departamental y dañar mi imagen".

Manifestó que asumirá su defensa en cualquier instancia judicial y aseguró que no tiene temor de las acusaciones.

Cárdenas, en tanto, dijo que no existe razón para enjuiciarlo, porque el contrato entre YPFB y la Enron fue firmado bajo el marco de la Ley de Capitalización y no por un decreto que firmó él.

Cárdenas se perfila como el candidato de oposición que suma más respaldos de la "media luna" y del occidente.

El juicio contra el ex Vicepresidente fue impulsado por el ex ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada por el caso Enron; al Prefecto tarijeño se le acusó por irregularidades en la ejecución de al menos cinco obras en su gestión. La denuncia fue presentada por la ministra anticorrupción, Nardi Suxo.

La nueva Constitución y la Ley 2445, de Juicios de Responsabilidades, establecen que el Congreso debe aprobar por dos tercios de sus miembros presentes en sesión una autorización para que la Corte Suprema inicie el enjuiciamiento de autoridades jerárquicas del Estado, anteriores y actuales (ver recuadro).

Poder Democrático y Social (Podemos) ya anunció oficialmente que no viabilizará los procesos, porque los considera "castigos políticos" contra dos referentes de la oposición.

El senador Róger Pinto explicó que se revisarán "responsablemente" los pedidos de la Suprema, aunque adelantó que consideran que el proceso contra Cárdenas es para inhabilitarlo como candidato en las elecciones del 6 de diciembre.

"El MAS, con la efervescencia de la etapa electoral, no va a escatimar esfuerzos para dejar fuera de la competencia a candidatos que puedan restarle votos en las elecciones generales de diciembre próximo".

El diputado de Unidad Nacional Arturo Murillo coincidió con Pinto al afirmar que las acusaciones contra Cossío y Cárdenas constituyen una "persecución política con tintes electorales".

Sin la presencia de la oposición, el MAS no podrá alcanzar los dos tercios para autorizar el enjuiciamiento; por eso, el diputado Jorge Silva (MAS) anunció que los delitos de daño contra el Estado son imprescriptibles, por lo que la demanda será tratada por por la nueva Asamblea Legislativa en 2010, en la que el oficialismo pretende tener mayoría.

Actualmente, el oficialismo tiene 79 parlamentarios, entre senadores y diputados. Para alcanzar los dos tercios, le hacen falta 105, que no tiene.

Con este porcentaje se puede autorizar la apertura del juicio de responsabilidades.

Fiscal acusa a 36 personas

El fiscal de Recursos, Orlando Riveros, encargado de llevar adelante el caso Enron, informó ayer que la Fiscalía pidió juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y más de ocho ministros de Estado por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y uso indebido de influencias.

Según Riveros, la investigación de la Fiscalía concluyó con el requerimiento acusatorio contra 36 personas; dos ex mandatarios de Estado, 23 ex ministros y 11 ex directivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), además de ex representantes legales de la firma Enron que participaron en la firma del contrato.

Además de Sánchez de Lozada, figuran en la acusación Víctor Hugo Cárdenas Conde, ex presidente constitucional interino de la República; los ministros Eduardo Trigo O'Connor D'Arlach, Germán Quiroga Gómez, Raúl Tovar Piérola, Carlos Sánchez Berzaín, René O. Blattmann Bauer y Fernando Álvaro Cossío.

La acusación también incluye a Enrique Ipiña Melgar, Alfonso Kreidler Guillaux (fallecido), Reynaldo Peters Arzabe, Ernesto Machicao Argiró, Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinés, Antonio Araníbar Quiroga, Guillermo Richter y otros ex miembros del gabinete y ex funcionarios de Hidrocarburos.

Las denuncias

Caso Enron

El requerimiento acusatorio de la Fiscalía llegó a la Corte Suprema en mayo de 2008 luego de la proposición acusatoria interpuesta por el ex ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada, en 2006, contra ex altos dignatarios que formaron parte del equipo ministerial del primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).

Cárdenas es acusado por firmar un decreto supremo el 8 de diciembre de 1994, que permitía desarrollar, financiar, construir y operar gasoductos de Bolivia al Brasil y otros proyectos. La ex autoridad afirma que esa normativa no causa daño económico al Estado, porque "nunca surtió efecto".

El ex Vicepresidente aseguró que no es responsable de las acciones de la Enron en Bolivia. Cárdenas explicó que los contratos con la Enron fueron firmados en 1996, cuando ya existía un "nuevo marco legislativo (Ley de Capitalización) y constitucional. Yo nunca firmé ningún contrato con la Enron".

Respecto de las acusaciones de omisión, por no haber revisado los contratos, Cárdenas explicó que ésa no era su función como presidente del Congreso, "ésa era responsabilidad de los parlamentarios".

Casos de corrupción en Tarija

El prefecto Mario Cossío enfrenta una acusación por cinco casos de corrupción presentado por el Ministerio de Transparencia en agosto de 2008 (entonces era Viceministerio). Se denuncia que la autoridad departamental firmó un contrato por alrededor de 63 millones de bolivianos con la asociación accidental Consorcio Tarija, una de cuyas empresas es Catler, la empresa vinculada con el caso de corrupción en YPFB.

Los otros cuatro casos denunciados se refieren a los proyectos de riego Calderas, el complejo Hucata, la construcción de la piscina olímpica y el velódromo.

Por el segundo, Constructores del Sur cobró 9,5 millones de bolivianos el 17 de diciembre de 2006, sin que se haya definido el lugar de la obra.

El 24 de noviembre de 2006, Ecotar fue contratada para construir la piscina olímpica, y cinco días después retiró 9,4 millones de bolivianos, pero, luego de casi dos años, el avance de obras alcanza al 3,2 por ciento.

La empresa Conalsi recibió la misión de levantar el velódromo, y el 17 de noviembre de 2006 percibió 4,8 millones de bolivianos; sin embargo, las obras registran un avance de solamente del 3 por ciento hasta finales de 2008, según el Gobierno.

El procedimiento

El Fiscal General terminó con las investigaciones en ambos casos y las envió a la Suprema.

La Corte Suprema evaluó los procesos y solicitó autorización al Congreso para iniciar el juicio .

El Legislativo puede viabilizar el proceso con el voto de dos tercios de sus miembros.

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