Publicado por: La Razón (La Paz - Bolivia)

Entrevista

Torquato jardim es ex juez del Tribunal Electoral de Brasil, llegó a Bolivia para asesorar a la CNE, invitado por el Centro Carter.

Si bien el Congreso Nacional incluyó normas en la ley electoral que apuntan a lograr un Padrón Electoral confiable, dejó vacíos legales en otros temas, como el financiamiento a las campañas políticas, que hacen a la transparencia de un proceso electoral, advirtió Torquato Jardim, experto en temas electorales y consultor del Centro Carter.

Jardim llegó al país la anterior semana para dar asesoramiento a la Corte Nacional Electoral y habló con La Razón. Considera que esos vacíos deben ser regulados por el organismo electoral.

¿Un padrón biométrico reduce los riesgos de fraude o irregularidades en una elección?

En Bolivia hay un énfasis exagerado en la importancia del Padrón Electoral, hay muchas otras cuestiones de igual jerarquía y complejidad para el proceso electoral democrático y transparente; por ejemplo, la financiación de la campaña electoral, el financiamiento de los partidos políticos, la rendición de cuentas, el acceso libre a la media de masa para todos los partidos y todos los candidatos. Este conjunto es lo que hace una elección democrática y transparente... De lo que me fue posible percibir del debate político en Bolivia, en el Congreso Nacional hay una posición de la derecha que hace un énfasis muy grande, incluso exagerado, en el Padrón Electoral. Es el primer paso y tiene que ser de confianza, pero no es el único.

 

¿Cómo ve la ley electoral que fue aprobada en Bolivia?

La ley electoral que fue aprobada (en el Congreso) no contiene reglas, deja vacíos legales sobre otros puntos tan importantes como el Padrón Electoral. Para empezar, la financiación de la campaña electoral, de los partidos políticos y de los candidatos. Ni la Constitución Política del Estado ni el Código Electoral ni la ley electoral contienen las reglas sobre quién va a financiar las campañas electorales, no hay previsión de financiación estatal pública, entonces el argumento jurídico es que la financiación será privada... Pero, ¿quién puede hacer donaciones? Una vez más ni la Constitución ni el Código Electoral ni la ley electoral contienen ni una única regla sobre eso, es decir que cualquier extranjero, Gobierno, político, fundaciones, ONG, grupos económicos, extranjeros o bolivianos también van a hacer las donaciones que quieran.

¿Cómo es la regulación electoral en otros países?

Las leyes nacionales en general contienen una lista muy precisa de quiénes pueden y no pueden hacer donaciones; por ejemplo, en la mayoría de los países los sindicatos laborales no pueden hacer donaciones, los gobiernos

extranjeros no pueden hacer donaciones, pero acá no hay ninguna regla sobre eso.

El tercer punto muy importante y que ni la Constitución Política ni el Código Electoral ni la ley electoral contienen, son los límites para el control de quién va a pagar el costo de la campaña electoral de los mass media. Lo más preocupante es que cualquier tercera persona puede comprar tiempo de televisión y de radio privados para hacer campaña de un grupo político. Esto es un quiebre de equilibrio muy grande entre todos...

¿Cómo resolver estos vacíos legales en la ley electoral?

Hay que ver una combinación ostensiva de un comportamiento político de todos los poderes, de apoyar a la Corte Nacional Electoral para que la CNE tenga la posibilidad jurídica de emitir reglamentos, regulaciones que completen los vacíos legales, todos estos a los que yo me refería antes. Alguien tiene que hacer algo, porque no se puede trabajar con vacíos electorales; entonces, a mí me parece que la Corte Nacional Electoral, siendo un poder independiente, un cuarto poder, tiene que tener, reconocida por todos, la capacidad constitucional de emitir los reglamentos necesarios y de cumplimiento obligatorios para completar el cuadro constitucional.

¿Cuál es el peligro de un financiamiento privado sin control?

Corrupción en larga escala. Las elecciones se tornan en un mercado porque no hay una regla que limite la acción de los grupos privados nacionales e internacionales, ni hay límites de donaciones y ese es el desafío de la Corte Nacional Electoral.

"Todos los poderes deben apoyar a la Corte Nacional Electoral para que tenga la posibilidad jurídica... de completar esos vacíos legales".

http://www.la-razon.com