Amenazas de muerte obligan a renunciar a periodista de CVC

Publicado por: La Prensa (La Paz - Bolivia)

Las organizaciones de prensa dicen que no hay protección para los reporteros

Las amenazas contra Rojas señalaban que si no se aleja del canal podían atentar contra el medio.

El director de Noticias de Canal Virgen de Copacabana (CVC) de El Alto, Andrés Rojas, quien fue puesto en una "lista negra" por la Central Obrera Regional (COR) por "hablar mal de los alteños", renunció ayer a su cargo para garantizar la seguridad de su familia y su integridad física después de que recibiera amenazas de muerte de personas vinculadas aparentemente a esa organización.

Rojas, en una conferencia de prensa en oficinas de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), dijo: "Estamos peor que al principio, no puedo ejercer (mi trabajo) libremente en El Alto. Lo que es más grave es que amenazaron con mellar mi integridad física, me han amenazado de muerte si sigo trabajando. Ante esta amenaza cobarde e impune, porque nadie hace nada, y lo que es peor es que está enquistada en el seno de una institución tan noble como es la COR de El Alto, es por esa razón que me veo en la necesidad imperiosa de renunciar".

El secretario ejecutivo de la organización laboral alteña, Édgar Patana, dijo desconocer este hecho porque se encontraba en huelga de hambre en el Palacio Quemado y anunció que iniciará una investigación, y en caso de comprobarse que algún afiliado a su institución hizo las llamadas, éste será sancionado.

Las organizaciones de periodistas y de la prensa, en tanto, advirtieron de que existe un desamparo del Gobierno y hace falta garantías para el ejercicio del periodismo; aunque el Ejecutivo ofreció ayer garantías para la libertad de información, el derecho al trabajo y seguridad física en caso de ser necesario para los reporteros.

Hace tres semanas, en su V Ampliado Ordinario, la organización laboral alteña resolvió, a pedido de la Federación de Gremiales, la expulsión de Rojas de CVC porque, al parecer, se había referido "mal" de los alteños durante "octubre negro", cuando fallecieron más de 67 personas.

La decisión fue plasmada en un documento que en la disposición undécima señala: "No podemos admitir cómo alguien que se refirió de manera despectiva a los alteños sea amparado por un canal alteño, lo contrario significa asumir otras medidas".

En esa oportunidad, esta organización amenazó también con echar a algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) de esta ciudad, como "Gregoria Apaza", porque supuestamente se había enriquecido con la "pobreza" de la urbe alteña.

Le concedió un plazo de 30 días para que presente su informe económico. La conminatoria alcanzó a otros organismos y algunos dirigentes sindicales también amenazaron a entidades financieras como Prodem, BancoSol y otros.

El ex Director de Noticias de CVC explicó que su dimisión fue asumida de manera personal a raíz de que teme por la seguridad de su familia y sus compañeros de trabajo del medio.

Las amenazas habrían venido en sentido de que debería cuidarse porque los alteños incluso podrían tomar el canal donde trabajaba y que su familia corría riesgo si continuaba en ese medio. "Yo creo que la población se ha dado cuenta de la clase de dirigentes que se tienen, por lo menos en la ciudad de El Alto. Porque incluso parlamentarios del oficialismo, como César Navarro, se han pronunciado en nombre del sentido común, en contra de estos excesos; insisto que no es la COR, sino unos cuantos dirigentes".

Édgar Patana, ejecutivo de la COR afín al Gobierno, insistió en que desconoce las amenazas porque se encontraba en huelga de hambre en el Palacio de Gobierno junto al presidente Evo Morales por la aprobación de la Ley Electoral Transitoria; sin embargo, las amenazas contra el Director de Noticias comenzaron después del "ultimátum" lanzado por la Asamblea de la COR.

El dirigente dijo que la organización que dirige no está de acuerdo con estos "amedrentamientos y amenazas al periodista Rojas y a nadie, ya que él como cualquier otra persona tiene derecho de trabajar y emitir su opinión".

Cuando el hecho salió a la luz pública hace dos semanas, Patana se comprometió, mediante un canal de televisión, a tratar el tema con el sector gremial, que debía presentar testimonios de la acusación y pedir disculpas en caso de que se cometiera algún exceso; pero hasta ahora no presentó ni una sola prueba.

Frente a este nuevo caso de amedrentamiento, sumado a las amenazas recibidas por el Jefe de Redacción de La Prensa, Carlos Morales, y el editor de Al Filo, Raphael Ramírez, el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Ronald Grebe, pidió al Ejecutivo las garantías para el ejercicio de la profesión y aseguró que los comunicadores trabajan en medio de un desamparo gubernamental en lo que se refiere a seguridad.

Asimismo, la Asociación Nacional de Prensa (ANP) denunció ante la opinión pública el recrudecimiento de los ataques contra medios de comunicación social independientes y periodistas por parte personas que se escudan en el anonimato. También expresó su preocupación por los ataques del Presidente, quien calificó a los medios de "derechistas" porque supuestamente minimizaron su huelga de hambre y acusó al diario La Razón de tener como su mejor Jefe de Prensa a la Embajada de los Estados Unidos.

El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, afirmó ayer en contacto telefónico con La Prensa que dará la protección necesaria al ex Director de Noticias de CVC de El Alto.

Rojas, cuando conoció la resolución de la Central Obrera Regional que determinó pedir su alejamiento, demandó al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, garantías para el desarrollo de sus actividades, pero no recibió ninguna respuesta, sino sólo "muestras de solidaridad".

El viceministro Farfán dijo que "nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de violar el derecho al trabajo y la libertad de expresión. He exhortado a la COR para que si tuvieran algún problema, error o delito acudan a las instancias correspondientes como la Fiscalía. Las amenazas de toma de instituciones están prohibidas por la Constitución Política del Estado, por eso hay instancias y órganos a los que los ciudadanos podemos acudir para defender nuestros derechos".

La autoridad gubernamental observó que en estos casos el Estado tiene la obligación de brindar garantías a personas jurídicas o individuales en el ejercicio de su trabajo como periodista.

En una conferencia de prensa que ofreció dijo desconocer si existe una petición formal de Rojas.

Farfán da garantías, pero pide denunciar los amedrentamientos

El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, ofreció ayer las garantías necesarias para la seguridad del Jefe de Redacción de La Prensa, Carlos Morales, y el editor de Al Filo, Raphael Ramírez, quienes fueron amenazados de muerte y amedrentados telefónicamente. La autoridad gubernamental, sin embargo, planteó que se presenten las denuncias en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) para que inicie las investigaciones.

La autoridad reconoció el derecho al trabajo y a la vida como fundamentales, y que nadie debería amenazar o atentar a estos principios.

Ante las amenazas de muerte contra el Jefe de Redacción de La Prensa y el Editor de Al Filo, Farfán ofreció las garantías necesarias para ellos y sus familias.

Uno de los familiares de Carlos Morales recibió una llamada anónima que le señaló: "Dejen de publicar mentiras, no saben con quién se han metido; cabrón, hijo de puta. Sabemos dónde vives y te vamos a matar...".

Las comunicaciones comenzaron a circular desde la noche del domingo.

En tanto, a Raphael Ramírez le dijeron que "sabemos dónde vives. Vas a pagar por lo que has hecho". El 9 de diciembre de 2008, Ramírez fue convocado por el presidente Evo Morales en un acto público para que respondiese por un titular publicado ese día que hacía referencia al contrabando de 33 camiones en Pando.

La nota tuvo como respaldo dos cartas enviadas por los "comerciantes" de Puerto Evo al Jefe de Estado en las que hacen referencia a conversaciones sostenidas sobre sus "problemas" vinculados con la reexpedición de carga de la Zona Franca de Cobija hacia la frontera.

El Jefe de Estado consideró que con esa publicación se le calumnió.

SIP denuncia falta de garantías

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su reciente reporte, confirma que no hay garantías para el ejercicio de la profesión periodística en Bolivia y que los ataques hacia los medios y periodistas provienen de sectores gubernamentales, generando temor y censura.

Confirma que las amenazas telefónicas anónimas contra la integridad de los periodistas y sus familias se han multiplicado.

Asimismo, señala que las agresiones provienen de la cabeza del Gobierno, como el presidente Evo Morales, quien ha mantenido inalterable su clásico estilo de atacar al periodismo independiente cuando puede, calificando a la prensa como su enemiga porque está al servicio de la oligarquía, del imperialismo norteamericano y contra el cambio que propone.

En una relación de constantes agresiones a los servidores de la información, la SIP denunció el caso de ultraje que sufrió el periodista Raphael Ramírez por parte del Primer Mandatario, quien lo expuso ante las cámaras pidiendo explicaciones por un titular de apertura de periódico que relacionaba a Evo Morales con un caso de contrabando de 33 camiones en el departamento de Pando.

El escarnio al que fue sometido el periodista Ramírez fue rechazado por todas las organizaciones periodísticas del país, produciéndose horas después muestras de apoyo al colega como manifestaciones y marchas de los reporteros acreditados al Palacio de Gobierno, quienes pusieron sus micrófonos, cámaras filmadoras y fotográficas, grabadoras y libretas de apuntes en la acera principal del Palacio en un gesto de inusual condena a la actitud del Mandatario.

Después, el Presidente también tomó la decisión de no convocar a sus conferencias de prensa a los reporteros de los medios privados. Cuando se conoció el informe de la SIP, el Jefe de Estado emplazó a esa organización visitar Bolivia con el objetivo de verificar "quién ofende, Evo a la prensa o la prensa a Evo".

Para destacar

Andrés Rojas era el Director de Noticias de Canal 57 de El Alto, que es de la Iglesia Católica.

Los gremiales acusaron al comunicador de "hablar mal" de los alteños en "octubre negro".

La COR exigió al medio que retire a Rojas o, caso contrario, iba a tomar "medidas".

El medio ratificó su confianza en el Director de Noticias y éste continuó trabajando.

Rojas también era el presentador de noticias de ese canal que dirige Sebastián Obermaier.

Obermaier es sacerdote católico que también lidera la Fundación Cuerpo de Cristo.

Según Rojas, los amedrentamientos comenzaron después del 8 de marzo.

Esa fecha, la COR emitió una resolución en la que dispone el alejamiento del comunicador.

En esa resolución también se demanda que las ONG presenten sus informes económicos.

Una de las organizaciones conminadas fue "Gregoria Apaza", que trabaja en El Alto.

Algunos dirigentes amenazaron con echar a financieras que "lucran" con la "pobreza".