Publicado por: La Prensa (La Paz - Bolivia)

Los dirigentes dicen que aplica el control social establecido en la nueva CPE

Un dirigente de la COR dice que la resolución es de cumplimiento obligatorio para Rojas y la ONG.

La Central Obrera Regional (COR) de El Alto, aliada del Gobierno del presidente Evo Morales, exige el alejamiento del director de Prensa de canal 57 de esa urbe, Andrés Rojas, porque supuestamente se había referido "muy mal" de los alteños, y amenazó con expulsar a todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en esa ciudad si no presentan informes económicos en 30 días, entre ellos a "Gregoria Apaza".

Las organizaciones de prensa y de periodistas repudiaron este intento de veto de las organizaciones sociales afines al Ejecutivo; sin embargo, el dirigente de la COR Franklin Troche explicó ayer que esta determinación asumida en el V Ampliado del sector se enmarca en el "control social" reconocido en la nueva Constitución Política.

No obstante, la Carta Magna señala que la sociedad civil puede ejercer control social sobre las instituciones del Estado o en las que tenga participación, pero no a entidades privadas y organizaciones no gubernamentales.

En ese marco, la Federación de Gremiales habría denunciado que Rojas en los hechos de octubre de 2003 se refirió "muy mal de los alteños en la expulsión de Gonzalo Sánchez de Lozada". No existen mayores pruebas del hecho; pero la COR, en su ampliado del 18 de marzo, decidió respaldar esa denuncia y pidió la separación del comunicador al director del medio, padre Sebastián Obermaier.

Una parte del documento indica: "No podemos permitir cómo alguien que se refirió de manera despectiva a los alteños sea amparado en un canal alteño, lo contrario significará asumir otras medidas".

El periodista aludido negó esas acusaciones y envió una carta al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, pidiéndole garantías constitucionales para él y su familia porque teme ser agredido por los movimientos sociales afines al MAS.

En una conferencia de prensa, Rojas dijo que no renunciará al cargo de Director de Noticias de CVC 57, pues dice contar con el apoyo de Obermaier.

"¿Qué es lo que se pretende con esto? -se interrogó-, coartarme el derecho a la libertad de expresión que tenemos todos los medios de comunicación acá y en todas las partes del mundo, con este falso argumento se me está privando el derecho que todo ser humano de bien tiene, como es el derecho al trabajo", dijo Rojas, quien expresó su preocupación por las amenazas de agresiones físicas que recibió en los últimos días.

Rojas desvirtuó las acusaciones en su contra, pues cuando sucedió la "masacre de octubre" trabajaba en radio Erbol, donde denunció el abuso de la fuerza que se produjo y destacó las movilizaciones que se realizaron hasta la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Este amedrentamiento surge en medio de un escenario adverso para los medios de comunicación reflejado por la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP).

Las organizaciones de periodistas repudiaron ayer la decisión de la COR. El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), Pablo Zenteno, advirtió de que este antecedente indica que los comunicadores ya no podrán ser críticos con el Gobierno o con determinadas políticas gubernamentales porque entonces se les considerará como "opositores" o "traidores" a todos por igual.

El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Ronald Grebe, también repudió la decisión de la COR y se solidarizó con Rojas.

La Prensa también conoció que el Gobierno "llamó la atención" al principal dirigente del sector, Édgar Patana, porque había recibido una "queja directa" de las "gregorias"; sin embargo, no fue posible conocer una versión del Órgano Ejecutivo al respecto.

El secretario general de la COR, Eliseo Suxo, dijo ayer que la resolución emitida en el ampliado es "de cumplimiento obligatorio" y que los dirigentes harán prevalecer lo establecido.

En el documento también se demanda a todas las ONG, entre ellas a "Gregoria Apaza", a presentar informes económicos a las organizaciones sociales en el plazo de 30 días, es decir hasta el 18 de abril; de lo contrario "no dudaremos en echarlos y tomar las instalaciones que edificaron a nombre de la pobreza".

La directora de esa ONG, Cecilia Enríquez, expresó su molestia y dijo que esta organización no tiene nada que ocultar, pues sus actividades son transparentes, y ofreció explicarles cómo funciona y el destino de los fondos.

La resolución sexta señala textualmente: "Exigimos y emplazamos a las ONG y fundaciones que practican el más secante racismo, nepotismo y desprecio a los alteños, que han convertido la pobreza en una mercancía que capta recursos internacionales para el lucro de familiares y entornos".

Los beneficiarios de "Gregoria Apaza", más conocidos como las "gregorias", iniciaron ayer una vigilia a las puertas de las instalaciones ubicadas en la calle Mayor Euler de la urbe alteña.

Esta organización también cuenta con una serie de programas de ayuda a la mujer y cuenta con la radio Pachamama.

"Gregorias" se quejan

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza denunció este lunes una supuesta agresión y amenazas de latigazos contra los representantes de esta organización no gubernamental (ONG) por parte de la Central Obrera Regional (COR), pero esta entidad lo negó rotundamente.

La directora de esta ONG, Cecilia Enríquez, en contacto telefónico con Erbol, dijo que esta organización se encuentra muy molesta por las calumnias de la que fue objeto sólo por trabajar con la población femenina alteña durante 26 años.

"El jueves (pasado) fuimos a una reunión que pensábamos iba a ser horizontal y donde pretendíamos transparentar nuestros recursos en el marco del diálogo, pero fuimos agredidas en términos de no permitirnos hablar ni escuchar nuestra voz y amenazadas con látigos, las mujeres que se manifestaron a favor de nuestro Centro fueron también amenazadas con ser latigueadas y pegadas en la calle".

El secretario general de la Central Obrera Regional (COR), Franklin Troche, negó esa denuncia. "También pedimos respeto para la COR de El Alto, no acepto de ninguna forma (esa queja) de que hubiéramos agredido con chicote de una u otra forma, no lo hicimos ni lo vamos a hacer. Si bien El Alto se pronuncia es contra la derecha neoliberal que ha hecho daño al país y si sigue así nos pararemos otra vez si es necesario", advirtió el dirigente Troche.

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