Democracia, Equidad y DesarrolloVásquez halla 22 violaciones de la ley electoral a la nueva CPE
Publicado por: La Prensa (La Paz - Bolivia)
Santa Cruz y Sucre anuncian movilizaciones contra el cerco de las organizaciones
La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores encontró al menos 22 violaciones del proyecto de Ley de Régimen Electoral Transitorio, aprobado por el oficialismo en la Cámara de Diputados, a la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
En tanto, los cívicos de Santa Cruz y Sucre anunciaron que se movilizarán el 3 de abril contra el cerco anunciado por los movimientos sociales afines al Gobierno para presionar al Congreso para que apruebe la norma electoral como fue refrendada en la Cámara Baja.
Ayer, en una conferencia de prensa, el senador Luis Vásquez (Podemos) indicó que "existen contradicciones de fondo entre el proyecto que aprobó el oficialismo en la Cámara Baja y la Constitución del MAS. El Movimiento Al Socialismo no puede contradecir su propia Constitución. Además, para establecer un sistema que permita efectivamente una elección transparente es necesario entrar en un proceso de concertación en el que hagamos lo posible por llegar a buenos resultados".
La Comisión de Constitución evalúa actualmente el proyecto de ley que fue elevado por Diputados. La anterior semana hubo reuniones con partidos políticos, prefecturas, organizaciones campesinas y el Órgano Electoral. El ejercicio realizado por el grupo de parlamentarios no contó con la participación de los senadores oficialistas que forman parte de esa comisión: Antonio Peredo y Félix Rojas.
Vásquez explicó que la disposición transitoria primera de la nueva Constitución determina que la próxima ley regulará únicamente los comicios de diciembre; en cambio, el proyecto de ley de Diputados apunta a que se regulen las presidenciales; la elección de alcaldes, prefectos y gobernadores del 4 de abril de 2010 y los referendos autonómicos en los departamentos que votaron por el No, programados para el 12 de julio.
El senador podemista afirmó que los procesos electorales siguientes deberán ser normados por las leyes que emita la Asamblea Legislativa.
Las contradicciones encontradas están relacionadas con la cantidad de referendos que se legislarán con la futura norma, las circunscripciones indígenas, las atribuciones del Órgano Electoral y los estatutos autonómicos, entre otros.
Contracerco al cerco
El Comité pro Santa Cruz anunció para el viernes 3 de abril una marcha en defensa de la democracia, la justicia y la producción, en momentos en que los sectores sociales que sustentan al MAS anunciaron que se movilizarán a partir del 31 de marzo para que el Congreso apruebe la Ley del Régimen Electoral Transitorio.
El secretario ejecutivo de la pro oficialista Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Isaac Ávalos, dijo que el Congreso tiene plazo hasta el 1 de abril para aprobar la nueva ley electoral y, de esta manera, hacer viable los comicios generales del 6 de diciembre.
Algunas de las 22 contradicciones
1. La Disposición Transitoria Primera de la nueva CPE encomienda al actual Congreso sancionar un nuevo Régimen Electoral solamente para las elecciones generales del 6 de diciembre, pero el proyecto aprobado en Diputados quiere reglamentar las elecciones municipales de abril de 2010 y procesos referendarios autonómicos.
2. El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados "confunde en varias partes a la Corte Nacional Electoral como Órgano Electoral, otorgándole facultades que no le corresponden, en el marco de la actual Constitución, la actual Corte Nacional Electoral no puede funcionar como órgano electoral".
3. "Los territorios indígena originario campesinos son creados mediante ley y en la actualidad no existen tales territorios y por tanto la CNE no tiene competencia sobre territorios inexistentes".
4. Siendo que el actual Congreso no tiene facultad para normar otros procesos electorales o consultas no señaladas por la CPE, no pueden incluirse en el proyecto de ley normas que otorguen a la Corte facultades y atribuciones para organizar otros procesos electorales.
5. Sin que exista prerrogativa constitucional se pretende ampliar el mandato de los vocales de la CNE y las cortes departamentales que hayan fenecido en el ejercicio de su mandato.
6. La nueva CPE dice que la mitad de los 130 diputados deben ser elegidos en circunscripciones uninominales y la otra mitad en circunscripciones plurinominales, pero el proyecto de ley ubica a las circunscripciones especiales dentro de las circunscripciones plurinominales sin que se expresen los motivos en que se funda esta disposición.
7. La distribución total de escaños corresponde al Órgano Electoral sobre la base de criterios técnicos y los datos del último censo nacional. Inversamente, el proyecto de ley determina la distribución de escaños por departamento.
8. La Constitución define que los diputados en circunscripciones uninominales se eligen por simple mayoría de sufragio y de manera directa, es decir, la votación se realiza en listas separadas.
9. La proporción de las naciones y pueblos indígena originario campesinos minoritarios es del 6 por ciento en relación al total de la población nacional y ahora existe una sobrerrepresentación.
10. El proyecto electoral no se rige por el principio de la densidad poblacional en cada departamento, que es el requisito sine qua non para garantizar la participación proporcional de pueblos indígenas, evidenciándose, una flagrante contradicción con el artículo 147 parágrafo III de la Constitución.
11. Los derechos políticos de la Constitución permiten la libre participación de los ciudadanos en la formación, ejercicio y control del poder político, pero el proyecto dice que la CNE no puede dar personería jurídica a partidos ya constituidos.
12. La nueva CPE señala que los suplentes no pueden ejercer ninguna otra función pública excepto la cátedra universitaria, pero el proyecto, contradictoriamente, permite a los suplentes ejercer cualquier otra función.
13. El proyecto rebasa el sentido de la nueva CPE ya que sólo prevé la posibilidad de que los departamentos accedan al régimen de autonomía mediante referéndum, pero no considera la posibilidad de que en la misma consulta se aprueben los estatutos.
