Publicado por: La Prensa (La Paz - Bolivia)

Se plantea proceso penal contra Rafael Bandeira y César López por caso "camiones"

Zabaleta asegura que no hubo delito de contrabando, sino una contravención aduanera.

El informe final, redactado por el presidente de la Comisión Especial que investiga el caso de los "33 camiones", Javier Zabaleta (MAS), no establece ningún delito para el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; sin embargo, deja en manos del presidente Evo Morales la apertura o no de un proceso administrativo por reunirse con los implicados en el Palacio de Gobierno.

Asimismo, define responsabilidades penales para el general retirado César López, ex presidente de la Aduana Nacional, y el ex comandante del Comando Conjunto y prefecto de Pando, Rafael Bandeira, y concluye que no hubo contrabando, sino "contravención aduanera".

En el dictamen del documento también se recomienda el inicio de procesos para ocho personas entre empleados de la Aduana, Control Operativo Aduanero, Comando Conjunto, Fiscalía de Pando y el dirigente de los comerciantes de Puerto Evo, Jesús Chambi.

El líder de los presuntos contrabandistas es señalado por desobediencia a la autoridad que es penada por el Código Penal con una multa de 30 a 100 días.

La Aduana, el año pasado, le inició un proceso por contrabando.

Sobre el contrabando, el informe concluye que no existe delito, pues las mercancías no superaron las 200.000 unidades de fomento a la vivienda (UFV) determinadas en el anterior Presupuesto General de la Nación (PGN), por tanto, no representa un delito penal, sino una contravención aduanera.

El año pasado, el Gobierno flexibilizó esta cantidad de UFV en el PGN 2009.

Los legisladores opositores rechazaron el contenido del reporte y anunciaron que presentarán un informe de minoría la próxima semana en el que establecerán responsabilidades contra Quintana y otras autoridades.

La Prensa accedió al informe redactado por Zabaleta en el que están incluidas 17 personas (ver lista), como el dirigente de los comerciantes de Puerto Evo, Jesús Chambi, y el fiscal pandino encargado de investigar el caso, Carlos Gonzales.

El informe fue elaborado por nueve parlamentarios: cinco del Movimiento Al Socialismo (MAS), dos de Podemos, uno de Unidad Nacional (UN) y uno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). El trabajo de este grupo parlamentario comenzó el 27 de agosto.

Esta comisión tiene atribuciones de cabeza de Ministerio Público y puede realizar imputaciones en una plenaria de la Cámara de Diputados, controlada por la mayoría oficialista.

El diputado Zabaleta explicó que el informe que presentó ayer deberá ser aprobado por la comisión después de que se incorporen las observaciones de los demás legisladores.

Esta comisión se reunirá el miércoles para discutir el texto. El diputado Arturo Murillo (UN) anticipó que el informe de la minoría esta "prácticamente listo" y será presentado en esa sesión.

Este caso tuvo su origen en la salida ilegal de una caravana de camiones cargados de mercadería de la Zona Franca de Cobija hacia Puerto Evo, el 26 de julio.

Para pasar el puesto de control, supuestamente, se realizaron negociaciones previas entre comerciantes y autoridades, entre ellas se denunció al ministro Quintana, e incluso se presentó un video en el que el dirigente Chambi afirma que tuvo autorización de este Ministro.

Los carros, que atravesaron el puesto de control, fueron retenidos el 27 de julio en Santa Rosa del Abuná y permanecieron allí hasta el 23 de agosto. En ese periodo hubo una serie de trámites para recuperar los camiones y los comerciantes se reunieron con el ministro Quintana el 31 de agosto en el Palacio Quemado.

El 4 de diciembre de 2008, el ex presidente de la Aduana César López denunció ante La Comisión Especial que Quintana acordó el paso de los camiones con los comerciantes.

El documento de Zabaleta concluye que las acusaciones de López tienen "sólo un valor relativo, ya que las mismas han sido enfáticamente enervadas (negadas) por el ministro Quintana y no existen indicios o elementos de convicción que las respalden".

La autoridad gubernamental fue investigada además por haber mantenido contactos telefónicos y reuniones con Chambi en Pando y en el Palacio de Gobierno. El texto redactado por el diputado Zabaleta omite las llamadas telefónicas certificadas por Entel entre Chambi y Quintana y solamente hace referencia a los contactos entre López y Bandeira y de éste último con la ex secretaria del Ministro de la Presidencia.

El informe de la empresa telefónica señala que hubo contactos telefónicos constantes entre Chambi y Bandeira, y también con el Ministro de la Presidencia.

Zabaleta sugiere, en su informe, que "el Presidente del Estado (Evo Morales) determine la existencia o no de responsabilidad administrativa establecida en la Ley No. 1178, Ley Safco, y disposiciones conexas, en la actuación del mencionado Ministro", aunque en el documento se reconoce que Quintana "actuó en un área jurisdiccional administrativa que no es precisamente de competencia de su cartera de Estado", como la reunión que sostuvo con los contrabandistas en el Palacio de Gobierno.

También se recomienda abrir procesos penales contra López y Bandeira. Al primero por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, y al segundo por negación de auxilio, pues "no prestó la cooperación necesaria y suficiente para el resguardo o retorno de los camiones a Cobija, siendo requerido por el COA".

Chambi hizo tres llamadas al despacho ministerial

El líder de los comerciantes involucrados en el caso de 33 camiones cargados con contrabando, Jesús Chambi, llamaba al despacho de Juan Ramón Quintana en el Ministerio de la Presidencia. Así lo revela el informe de llamadas que proporcionó una compañía telefónica a la Comisión Especial parlamentaria que investiga el caso.

El informe de las llamadas realizadas por Chambi en los primeros días de julio incluye tres hechas por éste al despacho de Quintana la tarde del 4 de julio de 2008. El número marcado desde el celular del comerciante de Puerto Evo es el 01022153869, perteneciente al Ministro de la Presidencia. Durante esas fechas los motorizados y las mercaderías permanecían en Cobija sin poder abandonar la Zona Franca. El dirigente, asimismo, mantuvo correspondencia con autoridades aduaneras, departamentales y nacionales en ese tiempo, buscando una autorización para sacar los camiones y comercializar sus productos en la frontera.

El diario La Razón publicó, hace dos semanas, que Chambi se comunicó con el ex comandante del Comando Conjunto Rafael Bandeira; César López, ex presidente de la Aduana, y el ministro Quintana en los días en que los camiones abandonaron la Zona Franca de Cobija, 26 y 27 de julio.

Chambi estuvo en La Paz el 31 de julio del año pasado, se reunió con López y Quintana en el Palacio buscando una conciliación que le permita a él y a su grupo recuperar los camiones retenidos.

Responsabilidades

Juan Ramón Quintana: se recomienda que el Presidente de Estado determine la existencia o no de responsabilidad administrativa.

César López: proceso penal por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Rafael Bandeira: proceso penal por incumplimiento de deberes y denegación de auxilio.

Cristian Deheza, agente del COA: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Wálter Villalpando, agente del COA: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Omar Zegada, agente del COA: No hay indicios.

Sr. Pinto (no se cita su nombre), funcionario del COA: sin pena.

Luis Sánchez, Aduana Nacional: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Mario Vásquez, Aduana de Pando: incumplimiento de deberes.

Armando Pacheco, Comando Conjunto: sin responsabilidad.

Óscar Abastoflor, Comando Conjunto: incumplimiento de deberes.

Marco Miranda, Comando Conjunto: incumplimiento de deberes.

Huáscar Aguilar y Jhon Sosa, Zona Franca Cobija: sin indicios.

Carlos Gonzales, fiscal: incumplimiento de deberes.

Jesús Chambi, dirigente: desobediencia a la autoridad.

Silvio Magarzo, ex comandante de la Policía: incumplimiento de deberes y denegación de auxilio.

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