Publicado por: El Deber (Santa Cruz - Bolivia)

Riesgo. Tres magistrados concluyen hoy su mandato de diez años. Si prospera el intento de suspensión y el juicio al presidente Eddy Fernández o a otro de sus colegas, el Poder Judicial no tendrá quórum

 Pablo Ortiz | portiz@eldeber.com.bo Magistratura investigará a dos jueces  

La primera mujer elegida por el Congreso para ser ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Emilse Ardaya, cumple hoy su periodo constitucional de 10 años en el máximo tribunal boliviano y abandona el cargo junto al cruceño Héctor Sandóval, ex presidente de la CSJ,  y el chuquisaqueño Jaime Ampuero. Esto, sumada a la renuncia de José González, sucedida el año pasado, deja a la Corte Suprema de Justicia con ocho miembros, número mínimo para desarrollar funciones, como autorizar los juicios de responsabilidades, nombrar magistrados del Tribunal Agrario Nacional o vocales de la Corte Superior de Distrito.

El presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, aseguró ayer que el quórum de la Corte Suprema no corre peligro hasta, al menos, mediados de abril. Ese tiempo será el que se demorará el Comité del Ministerio Público de la Comisión de Constitución de Diputados en elevar al plenario el trámite del juicio contra el presidente de la Suprema, Eddy Fernández.

Dicho comité debe otorgarle el derecho a la defensa al ministro de la CSJ, luego votar el informe, que puede ser revisado por la Comisión de Constitución y ésta, a su vez, remitirlo al plenario, que tendrá cinco días para someterlo a aprobación. Todo este trámite demorará al menos 20 días, aunque se da por descartada su aprobación, ya que el Movimiento Al Socialismo tiene mayoría en todas las instancias. Al aprobarse, Fernández quedará suspendido hasta que el caso sea ventilado en la Cámara de Senadores.

Fernández está acusado de retardación y negación de justicia por el caso ‘octubre negro', y los juicios contra el ex prefecto de La Paz Alberto Valle y el ex ministro de Salud, Tonchi Marinkovic.

La Corte Suprema de Justicia debe decidir si autoriza un juicio de responsabilidades contra diez diputados del MAS y la ministra Anticorrupción, Nardy Suxo, por denuncia de la magistrada Rosario Canedo, que ya fue elevada al máximo tribunal por la Fiscalía General de la República. Además, está pendiente la definición de un pedido de juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales, solicitado por el prefecto de Tarija, Mario Cossío, que acusa al mandatario de participar en los actos de corrupción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

El tema ya llegó a las calles. Ayer, funcionarios del Poder Judicial cerraron filas en defensa de Fernández y de la independencia de poderes, y salieron a manifestarse frente al edificio de la CSJ. Marcharon trabajadores de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Agrario Nacional y Corte Superior de Chuquisaca, y emitieron un pronunciamiento ‘en defensa de la institucionalidad y el Estado de derecho'.
En él advierten que "el Poder Judicial nunca se doblegó ante las arremetidas políticas de gobiernos despóticos y se mantuvo incólume, brindando seguridad y garantía jurídica a los bolivianos".

Además, hicieron un llamado a la ‘población boliviana' a movilizarse para preservar la justicia y su institucionalidad como instancia del Estado que se mantiene en pie de defensa de la libertad, los derechos humanos y la democracia.
El presidente del Tribunal Agrario Nacional, Luis Alberto Arratia, consideró como ‘juicio político' el que siguen los diputados del MAS contra Fernández.
Por su parte, los familiares de las víctimas de ‘octubre negro' anunciaron desde La Paz que se manifestarán contra Eddy Fernández, ya que lo consideran un personaje clave para que el juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada no se agilice.
Los heridos de la masacre de octubre anunciaron que iniciarán hoy una vigilia frente al Congreso Nacional para exigir la renuncia de Fernández.

Ejecutivo pide la renuncia de Fernández
La viceministra de Coordinación Gubernamental, Rebeca Delgado, pidió la renuncia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, y le sugirió que prepare su candidatura electoral, al considerar que se declaró político antes que magistrado.

"Sabemos que ha tenido reuniones públicas y privadas de conspiración contra el Poder Ejecutivo y con esto ha hecho un acto de pronunciamiento político, con aspiraciones en este campo, y lo que le corresponde, por ética, es renunciar y lanzar su candidatura presidencial", sostuvo Delgado, en declaraciones a ABI.

Fernández aseguró que la única política que ha ejercido en sus meses al frente de la CSJ ha sido institucional. "Tal vez el Gobierno crea que hicimos campaña por el No, pero el Poder Judicial se opuso al capítulo de justicia de la nueva Constitución, porque no fuimos tomados en cuenta", dijo.

Para Delgado, que fue presidenta de la Comisión Poder Judicial en la Asamblea Constituyente, Fernández  interpuso lo político a lo judicial.
El pedido de renuncia de Delgado contradice a lo expuesto la semana pasada por el ministro de Defensa, Walker San Miguel, que rechazó el alejamiento del cargo de Fernández y aseguró que ahora deberá afrontar un juicio que lo llevará hasta la cárcel.

Solicitan que el tema no se politice
Faustino Mayta, abogado de las víctimas de la masacre de ‘octubre negro', pidió al oficialismo y a la oposición que no politicen el juicio contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mayta es el que tramita el proceso contra Eddy Fernández a nombre de los 68 muertos y más de 400 heridos de los hechos violentos de octubre de 2003. Recordó que presentó la imputación ante la Cámara de Diputados en noviembre de 2008, cuando aún faltaban meses para el final del mandato de tres ministros.

Aseguró que unió el caso de octubre negro a los de ‘Chito Chatarra' y Tonchi Marinkovic, porque los considera íconos de la corrupción en Bolivia y pueden quedar impunes por la retardación de justicia.

Mayta recuerda que, según la justicia boliviana, un proceso no puede durar más de tres años, por lo que el juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros podría extinguirse. "En julio se cumplen tres años de la notificación contra los ex ministros Yerko Kukoc y Guido Áñez, que pueden extinguirse por retardación", aseveró.
Es por eso que pide al oficialismo y oposición no salirse del marco legal para permitir que las ex autoridades tengan un debido proceso.

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