Democracia, Equidad y DesarrolloEmpleados judiciales protestan en defensa de Corte Suprema
Publicado por La Prensa (La Paz - Bolivia)
La Prefecta de Chuquisaca convocó a una reunión del Conalde para el jueves
Los prefectos de Beni y Santa Cruz irán a Sucre pasado mañana. Tarija aseguró su presencia. Eddy Fernández reiteró ayer que no dejará su cargo, pese a las presiones del oficialismo.
Los trabajadores del Órgano Judicial hicieron ayer un plantón en Sucre contra la intención del Ejecutivo de suspender de sus funciones al presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, por supuesta retardación de justicia en tres casos. La prefecta Savina Cuéllar se sumó a la protesta y convocó para este jueves a una reunión del Consejo Nacional Democrático (Conalde).
La representante de los empleados de la Suprema de Justicia, Carolina Ágreda, leyó un manifiesto en el que expresó la "preocupación" del sector "por los acontecimientos que atentan contra la institución, la libertad, la democracia".
Además expresó "a la máxima jerarquía del Poder Judicial y a su presidente, Eddy Fernández, nuestro respaldo moral y material en defensa de la legalidad".
En el manifiesto fueron declarados "enemigos de la justicia" el ministro de Defensa, Walker San Miguel; la titular de Transparencia, Nardi Suxo; el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez; y el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, René Martínez (MAS).
Anticipó que las "acciones de defensa" proseguirán y acusó al oficialismo de querer trasladar el Órgano Judicial a La Paz, para "manejar la justicia a su antojo".
El presidente del Tribunal Agrario, Luis Alberto Arratia, considera un "exceso" la intención del Ejecutivo de dejar sin titular a la Suprema, acción que "dejaría sólo problemas en la administración de la justicia".
La única miembro del Tribunal Constitucional (TC), Silvia Salame, ratificó su "respaldo" a Fernández y a los magistrados de la Suprema y advirtió de que "el presidente Evo Morales quiere nombrar a dedo a los jueces y magistrados".
La alcaldesa Aydeé Nava manifestó su respaldo a los empleados del sector judicial y ratificó la decisión de los "sucrenses de defender la institucionalidad del Poder Judicial en beneficio de todos los bolivianos".
El Conalde
La prefecta Cuéllar informó que ya se está contactando a los prefectos del Conalde para que puedan estar el jueves en la capital, con el objetivo de "planificar las acciones legales para defender a Fernández y a los magistrados del ataque del Gobierno". Recordó que la primera instancia judicial "descabezada" por el Movimiento Al Socialimo (MAS) fue el Tribunal Constitucional y que después "se dejó sin Contralor al país con una movida en el Legislativo".
El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, se mostró dispuesto a acudir a la cita del jueves, al igual que su colega beniano, Ernesto Suárez, quien incluso aseveró: "Si quieren meternos a la cárcel por defender la justicia, pues iremos sin ningún temor a San Pedro".
La Prensa no pudo contactar al prefecto tarijeño, Mario Cossío; pero su asesor, Adrián Oliva, anunció que miembros de ese gobierno departamental estarán "con seguridad" en Sucre.
Patricia Galarza, dirigente de ese departamento, garantizó la presencia de los cívicos del Conalde en ese encuentro.
Antecedentes
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Martínez, autorizó la anterior semana al Comité del Ministerio Público y Policía Judicial, encabezado por el masista Jorge Silva, el inicio de una investigación contra Fernández por una denuncia presentada en 2008 por el abogado Rogelio Mayta, por supuesta retardación de justicia, de acuerdo con el artículo 177 del Código Penal.
Los casos con demora denunciados por Mayta son: el juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR), por la muerte de más de 60 personas en la masacre de octubre de 2003; proceso contra el ex ministro de Salud Tonchi Marinkovic (MIR), por la compra con sobreprecio de vacunas; y contra el ex prefecto de La Paz (ADN) Luis Alberto "Chito" Valle, por malversación de recursos. El Comité del Ministerio Público tiene 90 días para concluir su indagación, pero Fernández corre el riesgo de ser apartado de su cargo en cualquier momento.
Esta instancia parlamentaria suspendió en diciembre de 2008 al contralor Osvaldo Gutiérrez (nombrado en la gestión de Carlos Mesa) por tres meses con goce de haber por no haber auditado la operación de las empresas petroleras que operan en Bolivia. En su lugar, el presidente Evo Morales posesionó a Gabriel Herbas, quien hasta entonces era diputado del MAS.
Herbas inició una investigación de la gestión de tres años de Gutiérrez y, supuestamente, encontró otras irreguladidades por las que, en marzo, se procedió a la destitución de la autoridad. Constitucionalistas como Carlos Alarcón hicieron notar que un contralor no podía ser destituido por el Legislativo, pues ese cargo es independiente del Congreso y del Ejecutivo.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, comentó el viernes que Fernández debería se encarcelado por retardar la administración de justicia en casos como octubre de 2003, y lo acusó de pertenecer a Nueva Fuerza Republicana (NFR) de Manfred Reyes Villa, el ex prefecto opositor de Cochabamba que fue rebocado en 2008.
Tres magistrados cumplen su gestión de diez años
La Corte Suprema de Justicia no quedará sin quórum pese a que hoy termina la gestión de diez años de tres de sus miembros. Sin embargo, su titular, Eddy Fernández, manifestó su preocupación por la pretensión del Ejecutivo de "descabezar" a los otros órganos del Estado para poner a personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
Los magistrados Héctor Sandoval Parada (quien fue presidente de la Suprema), Emilse Ardaya Paredes y Jaime Ampuero García dejarán sus funciones sin que en el Congreso se hubiera podido designar a sus reemplazantes, tal cual establece la antigua Carta Magna. Aunque la actual Constitución Política del Estado (CPE) señala que los miembros de la Suprema serán elegidos por el voto ciudadano.
Fernández aseguró ayer a medios radiales de Sucre que la Suprema continuará trabajando, porque con la salida de los tres magistrados todavía tienen el quórum mínimo de siete miembros.
Expresó su temor de que "el Gobierno recurra a estrategias políticas" para "descabezar a la Suprema" y otras instancias estatales que "no responden a los intereses del oficialismo".
Aseguró que no dejará su cargo porque fue elegido de acuerdo con las leyes bolivianas.
Instó al Movimiento Al Socialismo (MAS) a retomar el tratamiento de la designación de los 12 cargos acéfalos del Poder Judicial, a los cuales hoy se sumarán los de tres magistrados de la Suprema que finalizan su gestión.
Los datos
El oficialismo inició la anterior semana una indagación contra el Presidente de la Suprema.
El abogado de las víctimas de octubre, Róger Mayta, presentó una denuncia el año pasado.
En esa queja, Mayta dijo que la Suprema cometía retardación de justicia en tres casos.
