Publicado por: La Patria (Oruro - Bolivia)

Dicen que fue por la oposición del ex prefecto paceño José Luís Paredes

•    Pero el acto se realizó cuatro días después del revocatorio, cuando "Pepelucho" ya era ex prefecto

"La Prefectura del Departamento a través de la Notaría de Gobierno simple y llanamente ha cumplido una  solicitud y ha transcrito los documentos presentados por los interesados y partir de ahí se han protocolizado los mismos". Con esa declaración a la agencia de noticias del Gobierno, ABI, el secretario general de la Prefectura de Oruro, Tomás López admitió ayer que ese gobierno departamental facilitó la suscripción del contrato entre YPFB y la irregular Catler-Uniservice, que provocó la destitución y encarcelamiento del ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez con un daño económico al Estado de casi 70 millones de dólares.

El lunes, el presidente de la Comisión del Senado que realiza la investigación de la presunta corrupción en YPFB, Walter Guiteras (Podemos), denunció que la protocolización del contrato con Catler-Uniservice fue realizada en Oruro "en una notaria que ha facilitado este proceso de inscripción".

Guiteras justificó su "sospecha" y argumentó que el domicilio legal de YPFB es La Paz y no existía una razón jurídica para realizar la protocolización en Oruro.

El Código Civil establece que el lugar de la suscripción del Contrato es donde se realiza la aceptación de las partes, en este caso, La Paz.

JUSTIFICACION
López dijo que se aceptó la protocolización en Oruro porque en La Paz se corría el riesgo de obstaculización del entonces prefecto opositor José Luís Paredes, que, según el funcionario de la prefectura orureña, estaba alineado a Podemos. "En ese momento había una posición intransigente y de obstaculización de los prefectos de la oposición en ese tiempo, como el caso el prefecto José Luís Paredes, del mismo partido del senador Guiteras", dijo López.

"No querían absolutamente nada para obstaculizar la gestión del Gobierno nacional", insistió.

Pero la empresa Catler - Uniservice recién se registró en el Registro de Comercio el 30 de septiembre de 2008, casi un mes y medio después del referéndum de revocatoria de mandato del 10 de agosto de 2008 que derivó en la pérdida de mandato del Prefecto Paredes. Es decir, Paredes ya no estaba en la prefectura cuando Catler - Uniservice se anotó como empresa en el Registro de Comercio.

Las obras para la edificación y puesta en funcionamiento de una planta separadora de líquidos que se adjudicó a Catler-Uniservice fueron adjudicadas el 11 de julio de 2008 por un valor total de 86,35 millones de dólares y con un plazo de entrega de 340 días.

El 14 de julio se firmó el contrato con la participación del presidente de la Republica Evo Morales, pero hasta la fecha no se ha "movido ni siquiera un ladrillo", según el Ministerio Público que investiga el caso.

El contrato del fideicomiso a favor de YPFB para pagar a Catler-Uniservice fue firmado el 14 de agosto del 2008, por un total de 45 millones de dólares.

López dijo que de acuerdo con el procedimiento de suscripción y protocolización de contratos, cualquiera de las notarías de Gobierno que funcionan en las nueve prefecturas del país, tiene facultades para protocolizar, como en este caso, actos de fideicomiso.

El Secretario General de la Prefectura de Oruro dijo que sólo se cumplió con la solicitud de protocolización.
 
CONTRADICCION
Pero el asesor jurídico de la Prefectura de Oruro, Fidel Gutiérrez, contradijo a su colega López. Según Gutiérrez, la protocolización se hizo cuatro días después del referéndum de revocatoria de mandato, el 14 de agosto y anuló el argumento de supuesta oposición del Prefecto Paredes.

"Este trabajo de protocolización se ha realizado el 14 de agosto de 2008, entonces es mucho antes de que se hayan dado los problemas en Yacimientos y que son de conocimiento público, de esta manera la Prefectura del departamento (de Oruro), quiere dejar por sentado que no se ha cometido ningún tipo de irregularidad" dijo Gutiérrez.

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