Cabildo destierra a Cárdenas y cinco familiares de Omasuyos; éste va a juicio

Publicado por: La Prensa (La Paz - Bolivia)

La acción de la Policía sigue restringida por la actuación de los comunarios

Los periodistas pudieron ingresar ayer al interior del inmueble avasallado el sábado anterior. El afectado declara continuar preocupado por la salud de sus familiares agredidos. El ex Mandatario asegura que luchará en la justicia ordinaria para recuperar el estado de derecho.

Un cabildo reunido en Huatajata decidió ayer expulsar a la familia Cárdenas Catari de la comunidad de Sank'ajawira, provincia Omasuyos, e iniciar los "trámites de derecho propietario del inmueble" tomado por la fuerza.

El ex Vicepresidente de la República anunció que logrará la devolución de sus bienes mediante una acción judicial.

En consecuencia, Víctor Hugo Cárdenas, su esposa Lidia Catari y sus hijos Tania Naira, Irumaki, Sani Arasape y O'e Iru fueron desterrados de su comunidad y toda la zona aledaña, no recuperarán su propiedad.

Estas disposiciones colisionan con los artículos 114 y 188 de la Carta Magna que prohíben toda forma de tortura, desaparición, confinamiento o cualquier forma de violencia física, así como la muerte civil y la pena de infamia.

Los campesinos determinaron también prestar respaldo a los líderes campesinos Beatriz Quispe, Cruz Alarcón y Alfredo Huañapaco, quienes son acusados por los Cárdenas de ser sus agresores. Resolvieron, además, mantener vigilia permanente en puertas de la casa en cuestión.

El sábado 7, unas 350 personas tomaron por asalto la casa de campo de la familia Cárdenas Catari, agredieron a chicotazos, palazos y golpes a cinco de sus integrantes, quienes terminaron hospitalizados, aunque ya recibieron el alta médica.

Después de ello, los campesinos esgrimieron distintas razones para justificar sus acciones y rechazaron la presencia del Estado en la zona, declararon "territorio libre" a Omasuyos y el "estado de sitio amuki", así como amenazaron a Cárdenas y los suyos en sus declaraciones públicas.

Ayer, más de 500 personas se reunieron en Sank'ajawira desde la madrugada, como consecuencia de la llegada de 30 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). Se dirigieron al lugar para prevenir el posible ataque a los parientes del matrimonio. Ellos, en caso necesario, se unirían a los 30 presentes en el lugar desde el mismo día de los hechos.

La presencia de los uniformados caldeó los ánimos, pero el grupo se replegó y sólo quedó en el lugar el reducido contingente del Distrito Policial de El Alto.

La presencia de los uniformados es simbólica, pues por su seguridad, muchos optaron por permanecer dentro del bus en el que se trasladan.

Alrededor de las 05.00, los pobladores anunciaron que se habían instalado los debates de la reunión ampliada, aunque pidieron a los periodistas presentes en la zona que salgan del lugar, porque "ahorita van a venir los hermanos de Achacachi y ellos son violentos, así que, por su bien, váyanse de aquí".

Algunas manifestaciones de hostilidad se produjeron por la mañana. Un periodista de El Deber fue acusado de ser "pariente de Víctor Hugo Cárdenas" y una comitiva se le aproximó para exigirle que se vaya, pero cuando el aludido se identificó con sus credenciales, la tensión se disipó.

Los debates se prolongaron hasta las 13.00, cuando los presentes decidieron refrendar la expulsión del ex Mandatario con un entierro simbólico. Guardaron un minuto de silencio, mientras las mujeres lloraban y un campesino imitaba el tono mortuorio de una trompeta con su propia voz.

Un muñeco, que llevaba una banda ("traidor") y colgado al cuello un letrero ("No he hecho nada por mi pueblo"), fue azotado por cinco hombres y tres mujeres antes de ser enterrado a un costado de la carretera.

Después, la asamblea autorizó el ingreso de periodistas al inmueble y la reunión concluyó cuando los cabildantes se sirvieron un apthapi, aunque una intensa lluvia empañó el desarrollo del almuerzo comunitario.

El interior de la construcción no presenta grandes daños, salvo los vidrios rotos y quemaduras en la puerta de ingreso.

No hay muebles; sí basura y verduras descompuestas.

Cárdenas responde

El expulsado reiteró que continúa preocupado por la salud de sus seres queridos, quienes si bien evolucionaron positivamente (su hijo debe someterse a tratamiento por el fuerte golpe recibido en su ojo izquierdo), en el aspecto psicológico todavía muestran problemas.

Explicó que continúa el proceso legal abierto a instancias suyas por el avasallamiento a su propiedad rural.

"La acción judicial continuará hasta lograr la recuperación del estado de derecho en la provincia Omasuyos". De esa manera, la ex autoridad se refirió a la declaración de "estado de sitio amuki" en la región, que fue declarada "territorio libre y jurídico", de acuerdo con las disposiciones contenidas en la nueva Constitución.

Cárdenas lamentó la situación presentada desde el sábado y aclaró que su expulsión y las determinaciones adoptadas no corresponden a una manifestación de "verdadera justicia comunitaria". Ésta, anotó, significa "conciliación, acción pacífica y reparación del daño. Justicia comunitaria es reconciliación y de ninguna manera, punición", a pesar de que admitió que hay casos en los que se aplica la expulsión, pero "no todo lo que venga del mundo indígena es bueno, por lo que deben cambiar algunas de sus costumbres" para lograr "democracia, armonía e igualdad".

La Fiscalía de El Alto abrió una investigación por los delitos de allanamiento, lesiones leves y graves y daño calificado.

"Violaron la Constitución"

En opinión del constitucionalista Carlos Alarcón, la toma violenta de la casa rural de Víctor Hugo Cárdenas constituye una "violación flagrante" a la nueva Constitución Política del Estado.

Una de las disposiciones del nuevo texto constitucional confiere un mayor valor legal que la misma ley fundamental a los tratados internacionales de protección a los derechos humanos, ratificados por el Estado, a los que en este caso concreto "el Gobierno no dio cumplimiento".

El Pacto de San José de Costa Rica, cuyo acuerdo constitutivo fue refrendado por Bolivia, obliga a los organismos estatales a dar protección para que se respeten los derechos de todos los habitantes.

Como quiera que el Estado boliviano incumplió su obligación, el Gobierno está expuesto a afrontar una demanda penal internacional, que podría ser planteada por las víctimas del ataque.

Esa toma violenta "no es una demostración de justicia comunitaria ni se puede tapar delitos bajo la figura de cabildos, ampliados o asambleas. Quienes incurrieron en delitos deben ser sancionados".

Las autoridades competentes tienen la obligación de velar por el respeto de los derechos de todos los bolivianos y "sorprende que las autoridades gubernamentales hubieran apoyado" una manifestación de esta naturaleza, que deriva "en tres hechos catastróficos".

El primero consiste en que "se pone en vigencia la ley de la selva" en diferentes puntos del país, pues se impondrá la justicia de una manera irregular, "con jueces y verdugos a su manera".

El segundo es que se impide el libre disenso de las ideas, que es la base de cualquier ordenamiento democrático.

El tercero se refiere a que la "seguridad jurídica de Bolivia" es afectada profundamente, porque si a través de una asamblea se va a decidir la toma de una propiedad privada, "¿quién querrá, sea boliviano o extranjero, invertir en el país?".

La defensa del asalto no puede ser considerada una apología de delito, aunque es incumplimiento de deberes.

Operativo policial abortado la madrugada de ayer

Un reporte de Inteligencia dio lugar a que el Comando Departamental ordene el despliegue, a la 01.10 de ayer, de un contingente de 30 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) hacia Huatajata.

Ninguno de los uniformados sabía precisamente qué misión cumplirían, aunque todos llevaban equipamiento para sostener un enfrentamiento intenso.

El informe en cuestión alertó a los policías de que los campesinos se aprestaban a tomar por la fuerza viviendas y propiedades de los familiares de los esposos Víctor Hugo Cárdenas y Lidia Catari.

El grupo partió alrededor de la 01.10 y llegó antes de las 03.00, pero sólo encontró la hostilidad de los lugareños, nada sucedió.

Desde esa hora, en dos minibuses y una vagoneta Toyota, modelo Caldina, unos diez campesinos convocaban a las personas a reunirse en torno a la casa de Cárdenas para defenderla de una probable retoma por parte de la institución del orden.

El grupo buscó, sin éxito, la casa de los suegros de Cárdenas, inmueble que, según los datos preliminares, se encontraba "tres curvas más allá" del Inca Utama Hotel, en plena población de Huatajata, por lo que el bus policial debió pasar por delante de la vivienda tomada, lo que enardeció a los comunarios, quienes comenzaron a concentrarse masivamente.

Los efectivos permanecieron durante la madrugada a orillas del lago Titicaca y se replegaron hacia La Paz hacia las 07.00. No se produjeron incidentes durante su permanencia en la zona. La movilización fue motivada, además del reporte de los organismos de seguridad, por un pedido de Cárdenas.

"No fue justicia comunitaria, fue un acto político"

El analista y ex asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) Raúl Prada señaló que la toma de la casa del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas no fue una manifestación de justicia comunitaria, sino el resultado de un acto político masivo.

El especialista dijo que las decisiones adoptadas ayer por pobladores de ese sector en contra de la familia Cárdenas no responden al marco de la justicia comunitaria, que si bien está constitucionalizada, todavía no ha sido institucionalizada, por lo que "aquella reunión fue un cabildo o demostración de una democracia comunitaria".

En esa asamblea política desarrollada ayer ante el inmueble perteneciente al ex Vicepresidente de la República, los comunarios resolvieron expulsar de la región a Cárdenas, su esposa e hijos; apoyar a los dirigentes procesados por las agresiones; mantener una vigilia permanente a la vivienda, e iniciar el trámite para la expropiación del inmueble.

Prada se mostró partidario de que la agresión contra cinco familiares de Cárdenas "debe ser resuelta en la esfera política y por la justicia ordinaria", a fin de que el tema sea zanjado .

Al referirse a la situación de los allegados a Cárdenas, Prada señaló que los derechos individuales de estas personas han sufrido atentados, pese a que están garantizados por la Constitución Política del Estado, por la justicia ordinaria y la comunidad.

Respecto de la vivienda avasallada, el analista indicó que el caso debe ser resuelto mediante la vía judicial ordinaria, toda vez que la nueva Constitución también garantiza la propiedad privada, como sucedía con las anteriores que rigieron las actividades nacionales desde la fundación de la República.

Consideró que el asunto de la propiedad debe ser tratado políticamente, porque Cárdenas asumió posturas contrarias a la nueva Carta Magna, por tanto, resta que el "Gobierno tome una posición definida en la interpretación de la Constitución".

Las decisiones

La vivienda tomada el sábado pasado no será devuelta a sus legítimos propietarios.

Los lugareños anunciaron que iniciarán el "trámite de derecho propietario" del inmueble.

Un muñeco que representa al ex Vicepresidente fue enterrado ayer en un acto simbólico.

El ex Vicepresidente asegura estar preocupado aún por la salud de sus seres queridos.

Justicia comunitaria es conciliación y no punición, indica Víctor Hugo Cárdenas.

El inmueble está vacío y muy sucio, aunque no hay muchos daños en su interior.

Las decisiones

Expulsión de la comunidad para Víctor Hugo Cárdenas y Lidia Catari y sus cuatro hijos.

Se trata de Tania Naira, Irumaki, Sani Arasape y O'e Iru Cárdenas Catari.

Respaldo a los comunarios contra quienes Cárdenas abrió una demanda judicial.

Trámite del derecho propietario del bien inmueble asaltado el sábado 7 de marzo.