Publicado por: La Patria (Oruro - Bolivia)

Al intervenir casa de ex vicepresidente Cárdenas

Los comunarios de Sank'a Jawira vulneraron la nueva Constitución Política del Estado al intervenir el pasado sábado y en forma violenta la propiedad privada, como es la casa del ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, en la localidad paceña de Huatajata.

Esa fue la aseveración que hizo ayer el presidente de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, Zenobio Calizaya, quien sostuvo que se vulneró el ordenamiento jurídico vigente en el país.

"Los hechos acaecidos en la localidad de Huatajata cuando se incendia y arremete a la familia de un ex vicepresidente debería llamarnos profundamente a la reflexión, porque resulta siendo una forma de generación de la violencia y quizás de alguna manera apoyándose en los tiempos actuales o en el régimen político actual, que de alguna forma está generando actos que van en contra de la propiedad privada y de la seguridad de las personas que están garantizadas por la propia Constitución Política del Estado vigente", aseguró.

Argumentó que en el orden jurídico, los actos de los pobladores son condenables, como delitos de allanamiento, lesiones físicas, daños a la propiedad privada.

Indicó que habría que invocar y reflexionar a las personas y al todo el país que en el sistema democrático y de derecho, esas acciones no deben ser toleradas, ni tolerables y sostuvo que las autoridades llamadas por ley, como el Ministerio Público deben indagar en estos casos, como lo dice el ordenamiento jurídico vigente en el país.

"De manera que no se establezca un régimen que la violencia y la mala intención de las personas, so pretexto de corresponder a alguna comunidad, estuviera entendiéndose también como de vulneración de las propias garantías y de los derechos fundamentales que reconoce la actual Constitución Política del Estado", argumentó.

Auguró para que ese tipo de hechos no se repitan y por supuesto se cumpla la propia Constitución que garantiza la propiedad privada y establece que la vida es un valor principalmente "resguardable y protegible" por el propio Estado

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