Publicado por: Fundacion de Derechos Humanos de Bolivia

 Ante la creciente intolerancia demostrada por el gobierno de Evo Morales Ayma contra opositores políticos y cívicos, manifestada recientemente en persecuciones judiciales, detenciones irregulares y agresiones violentas ejecutadas por militantes del partido oficial, comunicamos a los organismos internacionales de derechos humanos nuestra alarma por esta preocupante situación y los convocamos a realizar las acciones necesarias para contribuir a proteger las garantías fundamentales de los bolivianos.

Varias detenciones de activistas cívicos en los departamentos de Pando y Santa Cruz han obviado las normas más elementales, siendo realizadas en muchos casos por efectivos militares, en altas horas de la noche e incluyendo la violación de domicilios.

La nítida injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Ministerio Público ha ocasionado el frecuente traslado de detenidos a la ciudad de La Paz, donde son puestos a disposición de fiscales y jueces que no son los naturales, desconociendo la jurisdicción de las Fiscalías Departamentales y vulnerando garantías civiles y políticas consagradas en los tratados internacionales de los cuales Bolivia es signataria.

La ruptura de los principios del Debido Proceso han llevado a que una veintena de ciudadanos se encuentren actualmente privados de su libertad en calidad de presos políticos, sin que cuenten con la posibilidad de un juicio justo.
Estos hechos se suman a los casos del Sr. Leopoldo Fernández, Prefecto electo y ratificado del departamento de Pando, el periodista Jorge Melgar y otros ciudadanos ya irregularmente detenidos y retenidos.
Las agresiones contra dirigentes de oposición alcanzaron un nuevo nivel de intensidad el día de ayer, con la quema de la casa del ex Vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas en la localidad de Huatajata, a manos de partidarios del Presidente Evo Morales, quienes también atacaron a su esposa e hijos.

El hecho cobra mayor gravedad aún por cuanto el Ministerio de Gobierno había sido informado en varias ocasiones anteriores por el ex Vicepresidente sobre las amenazas e intentos de agresión sufridos por él y su familia, sin que se hubiese registrado acción alguna de parte de esa cartera ministerial, lo que podría configurar un caso de omisión de funciones.

Condenamos estos hechos de violencia y pedimos a la Fiscalía General de la República la apertura inmediata de una investigación sobre esta agresión. Simultáneamente, reiteramos nuestra exhortación y exigencia al Gobierno Nacional para cesar las violaciones a los derechos y garantías ciudadanas y reestablecer su plena vigencia.

http://hrfbolivia.blogspot.com/2009/03/human-rights-foundation-bolivia.html