Democracia, Equidad y DesarrolloCinco decretos aprobados por el Gobierno dieron pie a la discrecionalidad en Yacimientos
Publicado por: La Prensa (La Paz - Bolivia)
El 29507 facilita la creación de empresas bajo la figura de sociedades comerciales como SIPSA
El Directorio de YPFB desconoce la existencia de estos decretos porque no fue informado. A pesar de las facultades otorgadas a YPFB , la estatal dice que se violó el Plan Nacional de Desarrollo.
El Gobierno aprobó más de un decreto supremo que permitió la discrecionalidad en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de su ex presidente Santos Ramírez, quien tuvo la libertad para crear empresas bajo la figura de sociedades comerciales, como es el caso de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras (SIPSA).
Las normas (cinco) además avalaron la contratación directa de bienes y servicios, manejo arbitrario de fideicomisos, que recién se conocen tras haberse develado hechos de corrupción en la estatal petrolera.
El ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el ex presidente de la estatal Carlos D'Arlach y la oposición liderada por Podemos exigieron al Gobierno derogar estas normas para que no se repitan hechos discrecionales.
El director de YPFB, Raúl Barroso, aseguró que existen muchas normas aprobadas que son aún desconocidas para los miembros del Directorio.
El primer decreto es el 29507, aprobado el 9 de abril de 2008, que permite a YPFB constituir y operar empresas de acuerdo con el Código de Comercio, el único requisito es que tenga el 60 por ciento de la propiedad y dirija la firma.
Con esto se le autoriza a formar empresas con características de una privada, a pesar de tener participación estatal.
Esto tiene el objetivo de hacer de YPFB una empresa estatal petrolera corporativa.
Sin embargo, el artículo 3 de este decreto establece que esta estrategia debía basarse en una gestión eficiente, transparente y operativa de YPFB en su casa matriz y en sus firmas subsidiarias.
Aun así, en el caso de YPFB- SIPSA se desconocía su creación y sólo se supieron detalles a partir de las observaciones que efectuó a su constitución el actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, el 12 de febrero.
Para formar esta compañía dedicada a la recalificación de garrafas y otros servicios, Ramírez se amparó en la Resolución Suprema 228612 de su nombramiento, el 12 de marzo de 2008. El Estatuto de YPFB, en su artículo 9 (k), dice que el Directorio debe otorgar el permiso para la creación de sociedades comerciales, pero el Decreto 29507 pasa por encima de esta obligación. Posteriormente, YPFB-SIPSA se adjudicó dos contratos con YPFB, uno de estos para operar el equipo de perforación PDV 08 en el campo Víbora
El segundo es el Decreto 29506 de la misma fecha, que autoriza a la petrolera a "realizar contrataciones directas de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena de hidrocarburos".
Éste se constituye en un procedimiento excepcional que libera de los pasos establecidos en la Ley de Administración y Control Gubernamental (Safco) que se usan en todo el sistema estatal, pues obliga al cumplimiento de requisitos a las firmas contratadas para asegurar su existencia formal y legal, su patrimonio, y solidez financiera.
La tercera norma es el Decreto 29564 que viabiliza la creación de un fideicomiso por 45 millones de dólares para financiar la adquisición de una planta de extracción de licuables administrado por el Banco Unión.
El analista Hugo del Granado explicó que la creación de este tipo de fondos evita el control de los montos ejecutados a través del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), por el que pasan todos los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
YPFB tiene además otro fondo con similares características por 85 millones de dólares de los que hasta la fecha se desconocen su ejecución y destino.
El Presidente y los ministros aprobaron estos decretos después de ser conocidos en sesión de gabinete. Al pie de los decretos 29506 y 29507 existe un párrafo que designa al Ministro de Hidrocarburos y Energía como el responsable de la ejecución y cumplimiento de ambas normas. En esa fecha (9 abril de 2008), el titular de esa cartera era Carlos Villegas, hoy interventor de YPFB; después asumió la responsabilidad Saúl Ávalos, hoy viceministro en la cartera de Autonomías.
Barroso cuestionó la creación de estas normas sin que supiera el Directorio, las que permitieron actuar a Ramírez al margen de la Ley de Hidrocarburos y los estatutos de YPFB.
El ex Presidente de la estatal está preso desde el 13 de febrero en la cárcel de San Pedro, en La Paz, acusado de cinco delitos: conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y cohecho pasivo.
Éstos se encuentran relacionados con la firma del contrato entre YPFB y Catler-Uniservice para la construcción de una planta en Río Grande (Santa Cruz) y el supuesto pago de "comisiones" a Ramírez. En este caso se modificaron requisitos que debían respaldar la solidez económica de la empresa y la seriedad de sus intenciones, demostrables mediante la otorgación de garantías bancarias y no pólizas de seguros. Además, el contrato no fue protocolizado y tampoco llegó a la Contraloría General de la República, como dispone el ordenamiento legal vigente.
Santos Ramírez admitió en declaraciones a la red PAT, el 9 de febrero, que la relación con Catler-Uniservice se amparó en las facultades otorgadas a partir del Decreto Supremo 29506 de contrataciones libres.
A pesar de la existencia de estas normas, ayer YPFB en una nota de prensa indica que la creación de YPFB-SIPSA contravino el Decreto 29792 luego de comprar el cien por ciento de las acciones de Full Industry.
Este decreto norma el Plan Nacional de Desarrollo (PND), pero YPFB no aclaró de qué manera se vulneró esta estrategia.
Hace una semana, el Ministerio de Transparencia indicó que el daño económico por la compra de las acciones de YPFB-SIPSA asciende a 60,7 millones de dólares.
El PND es el marco general de ejecución y realización de los proyectos e iniciativas que emanan desde los ministerios para su ejecución. La querella fue presentada el miércoles.
La propiedad del taladro traído de Venezuela es una interrogante
La propiedad del equipo de perforación PDV 08, de procedencia venezolana, es incierta. Existe la posibilidad de que pertenezca a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que esté en alquiler o que Petróleos de Venezuela
S. A. (PDVSA) haya puesto el equipo como contribución en su sociedad con YPFB.
El director de la estatal petrolera, Raúl Barroso, explicó que el Directorio nunca dio autorización para la compra de un taladro o para su alquiler y tampoco para el desembolso de fondos. Sin embargo, dijo que, entre marzo y abril de 2008, se aprobó una resolución que autorizaba a una comisión de YPFB realizar una visita a empresas en Estados Unidos para obtener cotizaciones de equipos similares. En este documento se otorgó al Presidente de la petrolera la tarea de encontrar los fondos para hacer la compra del taladro, ya que YPFB no cuenta con recursos para hacer esa inversión.
Barroso afirmó que YPFB siempre se propuso la compra de un equipo nuevo, pero puso en duda su adquisición, porque aún mantiene en su nominación las iniciales PDV. "Si fuera propiedad de YPFB, habrían cambiado (las iniciales)".
El miércoles 18 de febrero, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó que el equipo no pertenece a YPFB "por los malos manejos", situación que causa un daño económico al Estado de entre 30 y 60 millones de dólares por su alquiler, dinero que hubiera servido para comprarlo en favor del Estado. Cuando arribó a Patacamaya, el 30 de julio de 2008, el ex presidente de YPFB Santos Ramírez aseguró que éste fue adquirido por YPFB y que la estatal invertiría 100 millones de dólares más para conprar otros taladros.
El equipo después fue trasladado a la provincia cruceña de Cordillera para instalarlo en el Campo Víbora, a cargo de YPFB-Andina. No obstante, a YPFB-Servicios e Industrias Petroleras (SIPSA) se le adjudicó la operación del taladro en el pozo 34d. Según El Deber, el contrato es por 4,3 millones de dólares.
De acuerdo con las minutas de las reuniones de PDVSA con las dos empresas nacionales, este acuerdo se basó en una capacidad que supuestamente no tiene YPFB y por eso surge YPFB-SIPSA. Sin embargo, ésta es una empresa nueva conformada a partir de la compra de otra dedicada sólo a la recalificación de garrafas de gas.
Santos compró firma en quiebra
Con un capital de 26.000 bolivianos, al convertirse en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos-Servicios e Industrias Petroleras (YPFB- SIPSA), la firma Full Industry pasó, de la inminente quiebra, a ser una compañía calificada para la perforación de pozos, exploración, mantenimiento y equipamiento de campos petrolíferos.
Así lo hace constar la actual administración de YPFB en la querella presentada contra los responsables de la firma: Santos Ramírez, Misael Gemio, Esther Carmona, Reynaldo Marín, Nelly Salvatierra, Rogelio Ashimine, Rolando Aguado, Nilda Domínguez y Lucy Barbery.
Se los imputa por asociación delictuosa, malversación, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
La documentación entregada ofrece varias pruebas, entre las que se señala que, en el momento de adquirir las 220 acciones, el 20 de agosto de 2008, de Full Industry, ésta no contaba con experiencia específica en el rubro petrolífero, a la vez atravesaba una posible quiebra técnica y se dedicaba solamente a la recalificación de garrafas.
La estatal petrolera confirmó que su ex presidente Santos Ramírez firmó el contrato de la compra de acciones de esta firma sin la autorización del Directorio de YPFB y, posteriormente, cuando pasó a denominarse YPFB-SIPSA, se advirtieron irregularidades en los contratos de la recalificación de garrafas y el alquiler del taladro que debió operar Andina en el Campo Víbora. En la querella se señala que, de forma irregular, se entregaron a Lucy Barbery y Nilda Domínguez dos de las 220 acciones; de igual manera, los aludidos Rogelio Ashimine y Rolando Aguado, ejecutivos de la nueva firma, dispusieron de manera discrecional el manejo de fondos de YPFB-SIPSA. Este uso doloso se lo efectuó incluso después de la intervención de YPFB, el 31 de enero de este año.
"Investiguen los decretos"
Iván Alemán, abogado de Miguel O'Connor D'Arlach (socio de Catler-Uniservice), solicitó a la Fiscalía que investigue el origen de los decretos que dieron lugar a la formación de la Sociedad Accidental Catler-Uniservice y su consecuente contratación para construir una planta separadora de líquidos en Río Grande, departamento de Santa Cruz.
Alemán pidió al Ministerio Público que efectúe una indagación "imparcial" del proceso que dio lugar a que el consorcio sea contratado con la mencionada finalidad, por lo que será necesario conocer quiénes impulsaron la promulgación de esa norma jurídica y cuáles fueron las razones que los llevaron a plantear normas de este tipo.
Dijo que la sociedad Catler-Uniservice se formó al amparo de disposiciones legales vigentes, al igual que todo el proceso de licitación, que fueron la causa de la actual coyuntura. En su condición de socio, Miguel O'Connor D'Arlach fue imputado por la Fiscalía de cohecho activo y organización criminal, por lo que dentro de las siguientes horas deberá someterse a una audiencia de medidas cautelares en la Corte de Justicia de La Paz.
Sin control de la Ley Safco
El senador de Podemos Óscar Ortiz reveló la existencia de al menos cinco decretos que vulneran la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (Safco) y pidió al presidente Evo Morales su derogación.
1.- Decreto 29190, del 1 de julio de 2007, modifica la reglamentación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, su artículo 54 establece excepciones y permite contrataciones directas para las empresas públicas nacionales estratégicas, viola la Ley 1178 que no permite excepciones ni subsistemas de administración de bienes y servicios.
2.- Amparado en el artículo 54 del Decreto 29190, el Gobierno emite el Decreto 29287 que en su artículo único "autoriza a las empresas públicas nacionales estratégicas la construcción de infraestructura productiva para sus procesos de producción, en la modalidad de contratación directa". Este decreto contiene dos elementos irregulares: 1) permite que las empresas públicas hagan contrataciones directas y 2) no requiere que las empresas públicas elaboren un reglamento para las contrataciones directas.
3.- El Decreto 29506 permite a YPFB realizar contrataciones directas y además elaborar un reglamento interno para las citadas contrataciones, violando la necesidad de compatibilización del reglamento específico por el órgano rector (Ministerio de Hacienda). "Tiene por objeto autorizar a YPFB la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, así como establecer las condiciones que regulan el proceso de contratación de bienes, obras y servicios".
4.- El Decreto 29576, del 21 de mayo de 2008, deroga el artículo 54 de la Norma Básica (artículo 29190), lo que facilita aún más la contratación directa, causa fundamental de la corrupción detectada. El artículo 1 de este decreto dice: "El presente decreto supremo tiene por objeto autorizar a las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas - EPNE, de acuerdo con su naturaleza jurídica, rubro, giro comercial, actividades principales y secundarias, lo siguiente:
a) La contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría. b) La importación de bienes para su acopio y comercialización en el mercado interno, cuando su oferta sea insuficiente o no se produzca en el país. c) De acuerdo con
sus procesos productivos y disponibilidad de recursos, efectuar
la contratación directa de maquinaria y equipo reacondicionado, siempre y cuando los mismos tengan la garantía emitida por el fabricante o representante legal, que permitan un óptimo funcionamiento por un tiempo racional establecido en la garantía.
d) La ejecución directa de obras de infraestructura productiva".
5.- El Decreto 29507, aprobado el 9 de abril de 2008, permite que YPFB pueda constituir y operar nuevas empresas de acuerdo con el Código de Comercio, los únicos requisitos son que tenga el 60 por ciento de la propiedad y asuma la dirección de la firma. El Estatuto de YPFB en su artículo 8 inciso k señala que es atribución del Directorio autorizar la conformación de sociedades comerciales.
Más datos
La firma YPFB-SIPSA es investigada por el Gobierno y el Ministerio Público.
Fue conformada por Santos Ramírez, Misael Gemio y María Esther Cardona.
Su gerente Rogelio Ashimine percibía un salario de 23.500 bolivianos, más que Evo Morales.
