Publiucado por: La Prensa (La Paz - Bolivia)

La Fiscalía los acusa de formar una "organización criminal"

 El abogado de Miguel O'Connor aseguró que no fue notificado de la imputación de la Fiscalía.

Miguel O'Connor D'Arlach, socio de Catler-Uniservice; Mario Cossío Mc Galem y Luis Fernando Córdoba, empleados de esta empresa; además de Javier Navia y Gonzalo Aramayo, parientes políticos de Santos Ramírez, fueron imputados por cohecho y organización criminal.

El fiscal anticorrupción Edward Mollinedo informó ayer que el fallecido Jorge O'Connor D'Arlach era el líder de una organización que presuntamente buscaba apropiarse, en forma indebida, de bienes del Estado y legitimar ganancias ilícitas.

"Es una figura que hemos establecido porque entendemos que ha estado mucho más consolidada que otros tipos penales, porque (Catler-Uniservice) es una empresa que, desde un inicio, se ha formado para este propósito".

El agente del Ministerio Público explicó que esta asociación ha estado orientada a que funcionarios públicos cometan delitos. "No olviden que el primer imputado es Santos Ramírez", destituido de la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

"Esta organización estaba orientada a eso, a la firma del contrato, al incumplimiento del contrato, a firmar contratos lesivos al Estado. (Además) la empresa, como particular, ha suscrito el contrato con el único propósito de causar daños económicos al Estado y es eso lo que ahora estamos sosteniendo".

Esta tarde tendrá lugar la audiencia cautelar a la que serán sometidos estos imputados.

Navia y Aramayo son imputados por cohecho pasivo, en tanto que sobre los ejecutivos del consorcio pesan sindicaciones de cohecho activo, y los cinco enfrentan la acusación de haber formado una organización criminal, aunque durante la audiencia se conocerán otros delitos en los que incurrieron estas personas.

La Fiscalía pedirá la detención preventiva de los cinco, porque "hay personas que han sido imputadas por cohecho pasivo y si existe esto existe cohecho activo, y hemos identificado a estas personas como aquéllas que han generado este proceso ilegal que tiene que ver con el cohecho activo".

El delito de organización criminal se pena de uno a tres años de cárcel, en tanto, el cohecho activo se sanciona con prisión de año y medio a cuatro años, que es la condena máxima a la que se exponen los cinco.

Ramírez, quien se encuentra desde el viernes 13 recluido en el penal de San Pedro, es acusado por daño económico al Estado, contratos lesivos al Estado, asociación delictuosa, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, por lo que no está incluido en esta demanda.

Carlos Rocha, abogado defensor de Miguel O'Connor D'Arlach, explicó que ayer por la mañana se presentó en el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal para conocer si efectivamente pesa sobre su cliente una imputación, pero lamentó no haber podido revisar el correspondiente cuaderno de investigaciones, pues estaba siendo leído por la juez Marcela Siles.

Por lo tanto, éste dijo desconocer la imputación y, consecuentemente, afirmó que no fue notificado de este procedimiento.

Ayer por la mañana, Angélica O'Connor D'Arlach, hermana del fallecido empresario, y que fue contratada por Uniservice, prestó sus declaraciones.

La investigación, hecha por Mollinedo en Santa Cruz de la Sierra, demostró que ella recibió dos giros de parte de Hilda Soto Cabello, encargada de compras de esta empresa, aunque no fue imputada, al igual que la abogada Gloria Paola Miranda Méyer, quien cobró 177.000 dólares para la compra de pólizas en Credinform e Illimani de Seguros, en representación de una persona, a quien su abogado, Carlos Frías, no quiso identificar.

El jurista refirió que su cliente es abogada de un particular, cuya identidad no puede dar a conocer públicamente para no entorpecer las indagaciones, aunque aclaró que este tercero será convocado a declarar, pero no dio otros detalles sobre la audiencia correspondiente.

Angélica O'Connor D'Arlach y Gloria Paola Miranda continúan bajo investigación, en tanto, Hilda Soto Cabello también será llamada para prestar sus declaraciones para que explique las razones por las que distribuyó el dinero del fideicomiso de YPFB entre particulares.

La juez Siles es recusada

El viernes 20, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción recusó a la juez Marcela Siles porque considera que su accionar fue permisivo con Esther Carmona, ex directora jurídica de YPFB, y Misael Gemio, ex gerente nacional de Planificación de la estatal y ex viceministro de Desarrollo Energético.

En la audiencia de medidas cautelares celebrada la semana pasada, Carmona fue beneficiada con medidas sustitutivas, en tanto que Villarroel guarda detención domiciliaria, a pesar de que en ambos casos, la Fiscalía solicitó la detención preventiva.

Una visita efectuada ayer por la red PAT al departamento de Gemio permitió comprobar que no existe vigilancia policial en el lugar, aunque el arrestado se encontraba en ese inmueble.

Una fuente de la Fiscalía, sin embargo, señaló que al no ser parte acusadora en este caso, el Ministerio de Transparencia no puede recusar a los administradores de justicia, cosa que sí podrá hacer cuando se ventile, si fuera el caso, el tema SIPSA.

Comienza el caso SIPSA

La Fiscalía recibió las denuncias del Ministerio de Transparencia y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre la formación supuestamente irregular de la empresa Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA).

"La ministra Nardi Suxo presentó denuncia de lugares, hechos y personas; el presidente de YPFB, Carlos Villegas, presentó la querella especificando lo mismo. Con esta acción serán notificadas todas las personas identificadas como responsables de este proceso".

Los agentes del Ministerio Público definieron ayer la estrategia de su indagación y el cronograma de trabajo al que se sujetarán.

El fiscal Edward Mollinedo informó que los principales investigados por este caso se encuentran el ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez y su ex asesora jurídica Esther Carmona, además de Jorge Oshiro y otros ejecutivos de la sociedad formada con recursos estatales, pero que adoptó la forma de empresa privada.

Cuaderno de investigación

El desfile identificativo de los acusados Rufino Rodríguez y Sandra Mamani se realizará hoy.

La sindicada deberá comparecer a las 09.00 en la Fiscalía, y su cónyuge lo hará por la tarde.

Los esposos no volvieron a reunirse desde que fueron aprehendidos el 29 de enero.

La acusada debió invertir 1.000 bolivianos para obtener un toldo dentro del centro.

El abogado Jorge Gutiérrez dijo que su cliente no tiene dinero ni para los pañales del bebé.

Dijo que "El Rufo" fue amenazado con ser recluido 30 días en la Muralla si no se presenta al desfile.

Rodríguez Coca se halla como "alojado" de otro reo en la sección Los Álamos, de San Pedro.

El defensor asegura que su cliente no tiene contacto con otros implicados en el caso.

El implicado desea modificar su declaración inicial ante el fiscal de Homicidios, Luis Mamani.

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