Publicado por: El Nacional (Tarija - Bolivia)

Al menos 12 ex funcionarios de la Prefectura de Pando y del municipio de Porvenir así como cinco ciudadanos fueron capturados, la madrugada de este miércoles, en un operativo desarrollado por las fuerzas de seguridad del Estado. Tras instantes de tensión en el aeropuerto Aníbal Arab de Cobija, sólo siete de los afectados fueron trasladados a La Paz. 

Estas acciones fueron ejecutadas por órdenes judiciales, según han dicho varias autoridades del Gobierno, en el marco del proceso legal que intenta esclarecer y hallar responsabilidades por las muertes que se registraron en Pando el 11 de septiembre de 2008.  Sin embargo, las circunstancias del operativo despertaron una ola de críticas escépticas que, en varios casos, relacionan el hecho con el proceso investigativo que afecta al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, así como a la inacabable secuela del escándalo desatado hace tres semanas en YPFB.

En suma, el Gobierno retrotrajo sus acciones a lo que se ha denominado la "masacre de Porvenir", precisamente en el momento en que enfrentaba una crisis por temas de corrupción sin precedentes. Y éso, no quedó ignorado.  

Entre los detenidos este miércoles figura el alcalde de Porvenir Ervin Ventura, y varios de sus concejales, quienes hasta enero se encontraban como refugiados en la ciudad brasileña de Brasilea, según explicaron los familiares de los detenidos

Pablo Ventura, hermano del burgomaestre, dijo que "el Gobierno debería investigar a los verdaderos responsables de los enfrentamientos de septiembre" y descartó la "una masacre" porque aseguró que se trató "de una violencia preparada".

Herber Salvatierra, funcionario de la Alcaldía de Porvenir, denunció que policías y militares encapuchados allanaron varios domicilios para detener a varias autoridades del gobierno municipal.

Similares operativos se desarrollaron en la ciudad de Cobija, donde se detuvo al ex responsable del área de relaciones públicas y comunicación de la Prefectura de Pando, Hugo Mopi

Los familiares de las personas que fueron capturadas se trasladaron al Aeropuerto de esta capital para protestar contra las detenciones y evitar que sean trasladadas a La Paz, sin embargo, los efectivos militares que custodiaban el lugar apelaron a elementos químicos para dispersar a la gente.

Los detenidos fueron trasladados a La Paz en un avión Hércules y en las próximas horas podrían ser remitidas a la cárcel de San Pedro, tal como ocurrió con el suspendido prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien acusado por las muertes de campesinos.

Poco antes de ingresar a Palacio Quemado, el vicepresidente Álvaro García Linera, informó que hay órdenes de detención de la Fiscalía y afirmó que el Gobierno asumió una posición pasiva al respecto.

"Es la justicia la que esta actuando; el Gobierno no se entromete, son los fiscales encargados del área, es el Poder Judicial. Es el que está tomando las decisiones y nosotros como Gobierno simplemente observamos. Ya las decisiones y procedimientos que el Poder Judicial está llevando adelante", dijo.

Sin embargo justificó la participación de militares al explicar que "el Gobierno decidió una reorganización geoestratégica de la presencia militar en el país".

Mientras tanto, en Cobija y Porvenir, se vivían horas de gran tensión. El periodista Pablo Quimey, contactado por EL NACIONAL, señaló que tras la sorpresa de los operativos, se generó una ola creciente de reacciones. Aseveró que los militares procedieron también a intimidar a los periodistas.  "Mucha gente se ha movilizado hacia el aeropuerto y otras instalaciones. Hay voces que hasta llaman a un levantamiento contra los militares", señaló Quimey en horas de la tarde.

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