Publicado por: La Prensa (La Paz - Bolivia)

En la madrugada fueron aprehendidas 14 personas, siete de ellas llegaron a La Paz

 Los testigos afirman que los operativos comenzaron a las 03.00 de ayer. En Porvenir se cortó la luz.

La comisión especial de fiscales que investiga la "masacre de Porvenir" reactivó las detenciones en el departamento de Pando. Ayer en un operativo fueron aprehendidos 14 pandinos, de los cuales, siete llegaron a La Paz y los demás fueron liberados en el aeropuerto Aníbal Arab de Cobija.

Las operaciones policiales en la capital pandina y el municipio de Porvenir comenzaron entre las 03.00 y 03.30, según familiares de los aprehendidos y periodistas locales; sin embargo, los fiscales paceños que encabezaron la tarea, Félix Peralta y Eduardo Morales, afirmaron que todo comenzó a las 07.00, aunque algunos medios reportaron los hechos antes de la hora señalada por los representantes del Ministerio Público.

Entre los arrestados que fueron trasladados a La Paz se encuentran el alcalde Porvenir, Edwin Ventura Böhrt (Podemos); Roberto Rea Ruiz, oficial mayor de esa comuna, y los concejales Hernán Justiniano Negrete (ADN), Wilson Da Silva Ramallo (MAR) y Vilma Venegas Becerra (Podemos). Asimismo el ex director de Comunicación de la Prefectura pandina, de la gestión del ex prefecto Leopoldo Fernández, Hugo Mopi Soliz y el comunicador Marcial Peña Tomia.

El fiscal Peralta explicó que las autoridades y comunicadores fueron aprehendidos porque no se presentaron a declarar cuando fueron notificados porque supuestamente ellos tienen relación con la "masacre de Porvenir", ocurrida el 11 de septiembre de 2008, cuando fallecieron al menos 20 personas, según el informe de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Según el viceministro de Gobierno, Marcos Farfán, las capturas tienen su origen en el juicio penal que se le sigue al ex prefecto Leopoldo Fernández, que radica en el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal, y cuyos querellantes son los familiares de tres de los muertos en Porvenir.

A raíz de este proceso, el Ministerio Público delegó a una parte de la Comisión Nacional de Fiscales a la ciudad de Cobija, y por instrucciones de la Fiscalía, la fuerza pública procedió a detener a estas personas.

El ex Prefecto pandino está acusado de homicidio, asociación delictuosa y terrorismo, junto con al menos 20 personas que participaron en los hechos de violencia. Fernández está detenido preventivamente en el penal de San Pedro desde el 16 de septiembre de 2008.

Los siete pandinos, anoche, fueron enviados a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) como arrestados, pues aún no existe una querella en su contra.

El Ministerio Público les tomó declaraciones ayer y les pidió identificar a otras personas en un video sobre los enfrentamientos entre campesinos y autonomistas, pero hoy se definirá su situación legal. Los aprehendidos pueden ser sometidos a Juzgado Cautelar de la Corte Superior de Distrito.

La aprehensión

Los testigos coinciden, por su parte, en que los operativos comenzaron en la madrugada, cuando agentes de seguridad encapuchados y con armas de fuego irrumpieron en las viviendas por los muros y rompiendo puertas; sin embargo, el viceministro Farfán negó estos excesos. También se denunció que en la táctica participaron militares. Esta versión también fue desechada rotundamente por los fiscales Morales y Peralta.

La esposa de Mopi, Helen Franco, relató que los uniformados llegaron a las 05.25 y procedieron, de forma violenta, a detener al comunicador, quien ya estaba despierto porque una llamada le informó sobre la detención del Alcalde de Porvenir.

"Lo golpearon pese a que no opuso resistencia; le echaron gas lacrimógeno y se lo llevaron con lo que tenía puesto".

Félix Venegas M., hijo de la concejal Wilma Venegas y quien también fue detenido a pesar de que tiene menos de 18 años, contó que los policías, quienes sumaban más de 30, entraron en su casa a las 03.45. Ésos actuaron sin medir fuerzas y trataron a su progenitora sin misericordia.

"A mí me tiraron encima de una camioneta, donde había otros detenidos. Nos llevaron como carga. Todo fue confuso, había armas apuntándonos".

La hija del Alcalde de Porvenir Denisse Ventura narró: "Sacaron a mi papá casi desnudo, lo golpearon y no lo dejaban ni hablar. También agredieron a mi hermano que trató de defenderlo y apuntaron con un fusil a mi mamá". Otro testigo, quien pidió guardar su nombre en reserva, dijo que los agentes realizaron disparos en el aire y "no respetaron a niños y mujeres".

Según El Deber, un vecino de Porvenir, quien pidió el anonimato, contó que "el servicio de energía eléctrica en esa localidad fue cortado pasada la medianoche hasta las 06.00, algo inusual, porque no sucede habitualmente. En ese periodo, las calles fueron testigos de un trajín de motorizados que transportaban ‘soldados' para hacer las detenciones".

Estas acciones violentas fueron criticadas por la oposición parlamentaria y regional y calificadas como una "cortina de humo" para "bajar el perfil" al escándalo de corrupción en YPFB, que salpicó a Santos Ramírez, "hombre fuerte" del MAS.

En Cobija, los cívicos organizaron una marcha de protesta por estas detenciones, que terminó en la plaza principal. Sin embargo, el vocero gubernamental, Iván Canelas, dijo que se aprehendió a "prófugos" en estricta sujeción a lo que señala la orden judicial, aunque el diputado masista Jorge Silva dijo que si se cometieron excesos, se debe juzgar a las autoridades.

El presidente del Senado, Óscar Ortiz (Podemos), anunció que convocará al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, para que explique sobre la violencia y la violación de garantías constitucionales. El legislador dijo que no se respetaron las garantías jurídicas citadas en los artículos 25 y 114 de la nueva Constitución Política del Estado, que prohíben los abusos y actos degradantes contra los ciudadanos.

El abogado de los detenidos, Marcelo Ugarte, denunció también que cinco de sus defendidos respondieron a las citaciones y se presentaron en la Fiscalía de Distrito de Cobija, mientras que dos fueron notificados recién ayer en el aeropuerto. El Código de Procedimiento Penal señala que procede una detención después de dos notificaciones que no son contestadas.

El presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas Tordoya, afirmó que los fiscales que encabezaron el operativo no cumplieron con el horario para las aprehensiones. La norma señala que los operativos se pueden realizar desde las 06.00 hasta las 18.00; fuera de estos horarios son ilegales.

También argumentó que nadie puede ser trasladado de un distrito a otro, de lo contrario se viola el artículo 20 de la nueva CPE: "Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente".

El Vicepresidente pide acostumbrarse a los militares

El vicepresidente Álvaro García Linera dijo ayer que la población debe acostumbrarse a la presencia reorganizada de las Fuerzas Armadas en el departamento de Pando, después de que en la madrugada, en Porvenir y Cobija, supuestos militares encapuchados detuvieran a 14 personas dentro de sus casas, aunque la nueva Constitución señala que el domicilio es inviolable.

"El Gobierno ya tomó una decisión, hubo una reorganización estratégica de la presencia militar en el país, habrá mucha más presencia militar en aquella región (Pando), donde la presencia del Estado es débil, fundamentalmente en regiones fronterizas. Es una decisión que se tomó y eso va a ser así, acostúmbrense a ver presencia militar", respondió la autoridad gubernamental cuando fue consultada acerca de la participación de efectivos del orden.

Recordó que la presencia de la soberanía del Estado, junto con las Fuerza Armadas, se reforzó desde hace algunos meses en regiones anteriormente abandonadas y convertidas en "semirrepubliquetas" de un "par de personas o extranjeros adinerados".

La autoridad hizo esas declaraciones antes de entrar en la reunión del gabinete ministerial que se realiza habitualmente todos los miércoles en el Palacio de Gobierno de La Paz.

Pando vivió en estado de sitio durante más de dos meses, después de la "masacre de Porvenir", donde murieron al menos 20 personas, según la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), aunque cuatro de las que identificó como muertas reaparecieron con vida.

En ese ínterin huyeron al menos unas mil personas con destino a Brasilea porque supuestamente fueron perseguidas por el Gobierno del presidente Evo Morales.

Indignación en la Iglesia

La Iglesia Católica en Pando expresó su indignación y protesta por las detenciones realizadas ayer en Porvenir y la ciudad de Cobija.

El Vicario Apostólico en aquel departamento, Luis Casey, mediante un pronunciamiento público, expresó: "Los testimonios de los familiares y los reportes de los medios de comunicación dan cuenta de procedimientos y actos de violencia que atropellan las libertades y derechos fundamentales de las personas. Las acciones de efectivos militares con el rostro cubierto y fuertemente armados, la hora de los operativos, el allanamiento de domicilios, la violencia física contra los detenidos y sus familias y las agresiones a menores inocentes hacen aún más deplorables dichos actos".

El representante de la institución católica recordó que "no rige ningún estado de excepción (en el departamento de Pando) y que nada puede justificar estos procedimientos". El pronunciamiento de Casey fue respaldado por la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), que recomendó a las autoridades precautelar la integridad física y psicológica de los detenidos y garantizar la legalidad en las acciones de investigación. Asimismo formuló un fuerte llamado de atención "a las entidades públicas responsables, porque estos hechos constituyen un grave antecedente de violación del marco legal vigente".

Víctimas preparan pruebas contra Leopoldo

A los cinco meses de la detención preventiva del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, la abogada de los dos estudiantes normalistas que fueron asesinados en la llamada "masacre de Porvenir", Mary Carrasco, informó que están preparando las pruebas para el juicio oral contra la ex autoridad.

En tanto, la defensa del ex Prefecto pandino está gestionando la cesación de medidas cautelares, aunque los abogados decidieron manejar con cautela las estrategias legales para evitar sorpresas.

El proceso legal debe desarrollarse en seis meses desde la última imputación, es decir, la ex autoridad departamental puede permanecer detenida incluso en los siguientes seis meses.

Carrasco informó que existen 64 mandamientos de aprehensión en contra de otros sospechosos, aparte de los ejecutados ayer en Porvenir y la ciudad de Cobija.

"Todo lo que se está investigando seguramente, servirá de pruebas en la audiencia de juicio final; en tanto lo que corresponde es terminar el proceso de investigación". El abogado de Fernández y de otros detenidos por la "masacre de Porvenir", Carlo Britto, afirmó que en la actualidad se prepara una nueva estrategia para lograr la liberación de los principales sospechosos, pues hasta ahora no se formalizó ningún pedido de juicio, aunque tres ex funcionarios se acogieron a un "juicio abreviado".

Lo que dice la nueva Constitución

Artículo 114.

I. Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley.

II. Las declaraciones, acciones u omisiones obtenidas o realizadas mediante el empleo de tortura, coacción, exacción o cualquier forma de violencia, son nulas de pleno derecho.

Artículo 115.

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Artículo 116.

I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado.

Artículo 120.

I. Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales.

Los detenidos

Edwin Ventura

Alcalde de Porvenir

Volvió de Brasilea después del referéndum del 25 de enero para reasumir sus funciones. Es cuñado de Pedro Oshiro, funcionario prefectural que murió el 11 de septiembre. Es de Podemos.

Roberto Rea Ruiz

Oficial mayor

Estaba en Brasilea. Es sindicado de ser uno de los que apoyaron en la parte logística (comida y otros) de las movilizaciones y enfrentamientos. Tiene diabetes y no cuenta con medicamentos.

Marcial Peña

Comunicador

Trabaja en una radio de Porvenir. Es empírico. Comulgaba con las acciones del Alcalde de Porvenir y fue parte del aparato de movilización en los enfrentamientos del 11 de septiembre.

Hernán Justiniano

Concejal

Él trabajó en la Alcaldía de Porvenir y apoyó las movilizaciones del 11 de septiembre. Presuntamente es militante de Acción Democrática Nacionalista. Actualmente es concejal.

Wilson Da Silva

Concejal

Es concejal por el Movimiento Amazónico de Renovación Democrática (MAR), partido del ex alcalde Miguel "Chiquitín" Becerra, aliado del MAS. Dijo que se presentó a declarar.

Wilma Venegas

Concejal

Estrecha colaboradora del alcalde Ventura. Ella retornó de Brasilea después de los referendos del 25 de enero. Identificada como activista en los enfrentamientos. Es de Podemos.

Hugo Mopi Soliz

Comunicador

Fue director de Comunicación de la Prefectura pandina durante la gestión del ex prefecto Leopoldo Fernández. Presuntamente él filmó gran parte de los videos sobre la masacre y ocultó pruebas.

Puntos destacados

La Fiscalía investiga la "masacre de Porvenir", donde fallecieron al menos 20 personas.

Uno de los principales implicados es el ex prefecto Leopoldo Fernández .

La ex autoridad departamental está detenida preventivamente en San Pedro.

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