Publicado por: La Prensa (La Paz - Bolivia)

 

 

 

 

 

 

 

La Fiscalía convoca a declarar a Carlos Villegas y Guillermo Aruquipa el lunes 9

 Los funcionarios que fueron suspendidos de Yacimientos también prestarán declaraciones.

El Ministerio Público incluyó a Santos Ramírez en la investigación por el atraco y asesinato del empresario Jorge O'Connor D'Arlach, proceso por el que hoy comparecerá ante la Fiscalía. Entretanto, el presidente de YPFB, Carlos Villegas; el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, y ex funcionarios de la estatal petrolera fueron citados para el lunes 9 de febrero.

El hecho ocurrió el 27 de enero, a la puerta de la casa de Gonzalo Aramayo Doria Medina, primo de la esposa de Ramírez, ubicada en la avenida Tejada Sorzano, en Miraflores.

Javier Navia Doria Medina, cuñado del ex Presidente de YPFB, también estuvo presente el momento del atraco y asesinato a O'Connor. Él y Aramayo guiaron con su vagoneta al vehículo en el que se trasladaba el empresario con los 450.000 dólares al lugar de los hechos.

Los fiscales de la comisión especial asignados a la investigación confirmaron que la declaración de Santos Ramírez está programada para hoy las 09.00, en el piso tercero del Ministerio Público. Explicaron que ex titular de la estatal petrolera fue "convocado en calidad de investigado".

Según las indagaciones, Ramírez fue mencionado por Franz Michael Rodríguez Caero, uno de los atracadores de O'Connor. En su declaración señaló que le aseguraron que los 450.000 dólares eran una "coima" para el ex presidente de la estatal petrolera.

Rodríguez Caero, Rufino Rodríguez Coca y su esposa, Verónica Mamani Quispe, fueron encarcelados preventivamente y sobre ellos pesa un proceso por asesinato y robo agravado.

Los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdoba Santiváñez también están detenidos en el panóptico de San Pedro, porque existen indicios de que son los autores intelectuales del crimen.

Los 450.000 dólares arrebatados a O'Connor eran presumiblemente una "comisión" para Santos Ramírez, quien pudo haber beneficiado a la empresa Catler-Uniservice para que se le adjudicara la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, cuyo costo total asciende a 86,3 millones de dólares.

El ex senador también es investigado por un posible daño económico al Estado descubierto luego del atraco y asesinato de O'Connor. La Fiscalía lo notificó para declarar el lunes a las 14.00 por esos hechos. Su esposa, Jiovana Navia Doria Medina, también es investigada y se presentará en la Fiscalía hoy a las 09.00, luego de lo cual dará una conferencia de prensa.

El fiscal Edward Mollinedo informó que para el lunes 9 de febrero fueron citados el presidente e interventor de la estatal petrolera, Carlos Villegas, y el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa. Ambos fueron convocados en calidad de testigos, lo mismo que 11 ex funcionarios de Yacimientos suspendidos el sábado, cuando Ramírez también fue destituido.

En esa ocasión fueron relevados de sus funciones el viceministro de Desarrollo Energético, Misael Gemio; la directora Jurídica Esther Carmona; el gerente de Comercialización, Rodrigo Carrasco; el gerente de la empresa de Servicios, Rogelio Ashimine; el gerente de Fiscalización, José Baldivieso; ex el vicepresidente de Operaciones Nelson Cabrera; el gerente de Planificación, Juan Carlos Arellano; el gerente de Finanzas y Administración, Julio Anagua; el jefe de Recursos Humanos, Sabino Carme; Juan Carlos Navia Doria Medina y Mario Christian Navia Doria Medina.

Estos dos últimos son cuñados de Santos Ramírez.

Juan Carlos Navia era el responsable de la oficina de Comunicación Social de YPFB. Según él, su contrato feneció el 31 de enero y negó que días antes del atraco hubiera sido transferido a Transredes. Dijo que el 27 de enero estaba en Santa Cruz por encargo de Yacimientos.

Negó toda vinculación con el contrato entre la estatal petrolera y la sociedad Catler-Uniservice.

El pasado lunes, Carrasco y Anagua fueron arrestados luego de ser sorprendidos cuando pretendían esconder documentos en las oficinas de YPFB.

Hermanos Córdoba se acogen al silencio

Los hermanos Ernesto y Luis Fernando Córdoba Santiváñez, imputados como presuntos autores intelectuales del robo de 450.000 dólares y el asesinato del ingeniero Jorge O'Connor D'Arlach Taborga, se acogieron al derecho al silencio.

Entretanto, la esposa de Luis Fernando, Yolanda Salinas, quien se vio involucrada en años pasados en una estafa a Lotería Nacional (Lonabol), declaró ayer en el Ministerio Público. Su abogado, William Sánchez, aseguró que ella no sabía que su cónyuge trabajaba con O'Connor.

Ernesto Córdoba está detenido en la cárcel de San Pedro. Su abogado, Jorge Borda, explicó que ayer no declaró porque "nunca fue funcionario de la estatal petrolera".

Los fiscales Edward Mollinedo y César Romano se trasladaron por la tarde a la Clínica policial Virgen de Copacabana a interrogar a Fernando Córdoba. Este último, internado porque supuestamente fue secuestrado y golpeado al día siguiente del atraco, declaró que era el "hombre de confianza" de Jorge O'Connor y aseguró también que trabajó un poco más de un año con él y su empresa Uniservice. Él acompañaba a su jefe en el día del atraco.

Fernando Córdoba también se acogió a su derecho al silencio. Su defensor, William Sánchez, señaló que calló "debido a su delicado estado de salud". El fiscal Mollinedo dijo que solicitaron información al médico forense sobre su estado de salud y se prevé que hoy se reúna la junta médica de ese centro de salud, cuyo criterio establecerá si puede o no ser trasladado al penal de San Pedro.

Los representantes del Ministerio Público, acompañados del fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez, también allanaron, por la tarde, la casa de Fernando Córdoba, ubicada en la calle Narciso Dulón, y su discoteca Ticoco's, en la avenida Las Américas, ambas en la zona Villa Fátima. El abogado Sánchez, quien estuvo presente en las intervenciones, aseguró que los investigadores no encontraron nada.

Los O'Connor se querellan

La viuda y el hermano del gerente de Catler Uniservice, Jorge O'Connor, se hicieron presentes ayer en la Fiscalía de Distrito de La Paz para ratificar la querella criminal contra los presuntos asesinos del empresario tarijeño, a quien victimaron y robaron 450.000 dólares el 27 de enero.

Déborah Denegri y Miguel O'Connor acusaron formalmente de ser autores materiales e intelectuales de esos delitos a los hermanos Ernesto y Luis Fernando Córdoba, además de Verónica Mamani, Rufino y Franz Rodríguez; todos ellos con detención preventiva en la cárcel.

El fiscal Luis Mamani informó de forma escueta que a su despacho acudieron ambas personas para prestar una declaración ratificatoria de querella, pero que no aportaron nada en la investigación.

La autoridad del Ministerio Público se negó a dar mayores datos sobre la viuda del empresario asesinado.

Mamani es la cabeza de la comisión que investiga la muerte del empresario Jorge O'Connor, quien fue asesinado el 27 de enero mientras le arrebataban un maletín con 450.000 dólares. Ese dinero era presuntamente una comisión para el ex presidente de YPFB Santos Ramírez, quien fue destituido de ese cargo el sábado 31 de enero.

Los detalles

La toma de declaraciones continuará la próxima semana a funcionarios estatales.

Fueron citados el presidente de YPFB, Carlos Villegas y el "Súper" de Hidrocarburos.

También se tomarán declaraciones a los empleados suspendidos el sábado.

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