Mucho poder, sumado a una baja institucionalidad y una alta dispersión social, resulta el mejor escenario para que la corrupción campee

Por: Eduardo Campos V. (*)

La corrupción, es sin duda, uno de los peores males que sufren las sociedades desde los tiempos más remotos hasta la actualidad. Sin embargo, no hay que engañarse, la corrupción no es producto de la existencia de unos cuantos malos ciudadanos en la sociedad, es el resultado de un conjunto de factores que facilitan su expresión. Es una fórmula sencilla y supera los límites de cualquier modelo económico e ideología política.

Concentración de poder + baja institucionalidad + alta dispersión social = mayor corrupción.

La corrupción, entendida como un conjunto de prácticas y acciones que alteran y/o corrompen los cánones establecidos de convivencia social, es la manifestación de otros factores, que producen la "putrefacción" o "podredumbre" (sinónimos de corrupción) en el seno de una sociedad.

Entre estos factores, ocupa un lugar de privilegio, la concentración del poder. En la medida que las decisiones se concentren en un grupo privilegiado de personas, la corrupción se manifestará con mayor intensidad; indistintamente si el grupo de poder que toma las decisiones, goza o no de apoyo popular. El hecho está en la misma concentración de poder y no del apoyo que goza el grupo privilegiado. Por ejemplo, los gobiernos populistas gozan del apoyo ciudadano, pero no por eso, en esos regímenes la corrupción es menor; más por el contrario, lo que sucede es que atenidos al apoyo popular y haciendo uso de la concentración de poder que les otorgan las propias bases sociales, los detentores del poder actúan con la mayor impunidad. Una sociedad con el poder centralizado, donde no existan los equilibrios entre los poderes del estado, donde no haya controles y contrapesos, donde no exista una oposición que critique y cuestione lo que se hace en el poder, es sin duda, un buen escenario para que la corrupción campee

Pero hay otros factores que sumados al anterior, complican aun más la situación. La baja institucionalidad o la desinstitucionalización del Estado, se convierte en otra condición que facilita la corrupción. Claro, en la medida que no existan instituciones independientes, autónomas, con competencias preestablecidas, separadas del poder central, no habrá manera de perseguir y castigar los hechos de corrupción que se produzcan. Si por ejemplo: la fuerza pública, la Fiscalía, la Contraloría, el Poder Judicial y otras instituciones del Estado responden más al poder que a las leyes, ¿de qué mecanismos podemos echar mano los ciudadanos, para impedir que el poder central haga lo que quiera? Una sociedad con baja institucionalidad o en proceso de desinstitucionalización de su nivel de organización social, es un bien escenario para que la corrupción se manifieste con intensidad.

Si a los dos factores anteriores, concentración de poder y desinstitucionalización, incluimos una alta desagregación social, el escenario para que la corrupción se reproduzca de manera incontrolable, está armado. Todas las sociedades, además de sus niveles formales de organización estatal, tienen otros mecanismos de organización y articulación que operan como aglutinadores de las demandas y expectativas colectivas. Estamos hablando de los movimientos cívicos, los sindicatos, las organizaciones sociales, los clubs, los gremios y todas aquellas formas en las que la sociedad se organiza, más allá de la institucionalidad estatal. Estas formas de organización -en determinadas circunstancias- además de cumplir sus tareas propias, se convierten en operadores auxiliares del control de la gestión pública a falta o debilidad de las estructuras formales de control y fiscalización del Estado. Si ese entramado de organización social es destruido o peor aún, es copado y subordinado política e ideológicamente, la acción ciudadana de base, deja de operar como fiscalizadora, convirtiéndose más bien en facilitadora de las acciones del poder.

Ahora bien, con esos antecedentes preguntémonos: ¿La muerte de Jorge O'Connor D'Arlach Taborga y el atraco de los cuatrocientos cincuenta mil dólares destinados al pago de una coima al presidente de YPFB, será un hecho aislado? Creo que no hay por donde perderse. Estamos hablando de un hecho de corrupción que tiene como principal involucrado a uno de los cuatro hombres más fuertes del actual régimen. ¿Acaso hemos olvidado que al comienzo de la gestión, el propio presidente, en una mezcla de orgullo e ingenuidad, anunció que Alvaro García, Santos Ramírez, Edmundo Novillo y él (Evo Morales) dormirían en la residencia de San Jorge?

Por lo demás, no es el único caso, ahí están los 33 camiones de Pando, la compra de computadoras en el Ministerio de Educación, la liberación de las hermanas Terán, etc., etc. A estas alturas, los emblemáticos hechos de corrupción del pasado, francamente han quedado chicos. Pero esa comparación no es lo más importante. Lo relevante es que ahora nos damos cuenta para qué quieren el poder, ellos también.

(*) Director de A. C. Cramer

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