Allanan casa de Santos e investigarán a Catler

Publicado por: El Deber (Santa Cruz - Bolivia)

Operativo. La Fiscalía paceña asegura haber obtenido ‘información importante' en un allanamiento a la vivienda del ex presidente de YPFB Santos Ramírez. Anuncian viaje a tres países para más pesquisas

Marco Chuquimia. La Paz

Villegas conocía alcances del contrato con Catler Uniservice

El fiscal de distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, confirmó que la madrugada de ayer se allanó la casa del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, operativo del cual se obtuvo ‘información importante' y ahora preparan viajes de la comisión de fiscales a tres países donde se pretende lograr información sobre la empresa Catler-Uniservice.

El fiscal Edward Mollinedo confirmó también que la tercera casa intervenida fue la de la esposa de Ramírez, Giovanna Navia Doria Medina, ubicada en la calle Yanacocha en el centro de la ciudad, y anunció que el allanamiento de otras oficinas se realizará en los siguientes días.
De acuerdo con la documentación recopilada, una misión de fiscales partirá rumbo a Argentina, Brasil y Panamá donde prevén encontrar documentación sobre la empresa Catler Uniservice, que supuestamente tiene oficinas en dichos lugares. Gutiérrez también confirmó que la esposa de Ramírez, Giovana Navia Doria Medina, y los hermanos de ésta, Juan Carlos y Javier Christian, fueron convocados a declarar con un cronograma y no precisó cuándo deben hacerlo los Navia Doria Medina.

Aunque la declaración de Santos Ramírez ante los fiscales estaba prevista para el próximo lunes -cuando deberá presentarse junto a Carlos Villegas-, ayer éste se presentó a declarar ante el fiscal Mollinedo y permaneció apenas siete minutos con la autoridad.

Ramírez dijo que se presentaba apenas recibió la citación del Ministerio Público, ‘para no tener problemas'. Para tomar las declaraciones de Ramírez, el fiscal Edward Mollinedo salió apresuradamente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde tomaba la declaración del tercer acompañante del fallecido Jorge O'Connor D'Alarch, Mario Cossío McGalem, que se presentó ante la división Económico-Financieros de la Felcc a informar para cooperar con la investigación. Así lo aseguró su abogado, Roberto Munín. El día del crimen Cossío portaba un maletín que contenía $us 150.000 de los 450.000 que fueron robados el 27 de enero en el atraco contra Jorge O'Connor D'Arlach. La declaración duró cinco horas y luego la Fiscalía decidió convocar a ‘varios testigos'. Los de Corrupción Pública deberán obtener declaraciones sobre las supuestas ‘coimas' interrogando a los que portaban el dinero y a quienes supuestamente lo iban a recibir. La división de Homicidios deberá indagar el robo agravado y el asesinato, mientras que la  división de Propiedades estará a cargo de la búsqueda de los bienes de los implicados.

Al abandonar las oficinas de la Felcc, Cossío no quiso declarar ante los medios.
La Fiscalía también allanó el domicilio de la avenida Tejada Sorzano 601, donde se produjo el atraco. Esta casa pertenece a Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina, familiar de la esposa de Ramírez y administrador de la fundación Kantati, ONG que figura a nombre de Ramírez y se dedica a construir casas populares.

El fiscal Gutiérrez adelantó que todos los vínculos laborales y comerciales de Santos Ramírez, incluida la Fundación, están en investigación. Añadió que hasta el momento, de todas las declaraciones recopiladas y testigos no encuentran ‘pruebas concluyentes' de la participación del ex presidente de YPFB en el asesinato y la sustracción del dinero en la casa de la Tejada Sorzano.
Asimismo, en la Fiscalía se  analiza la ‘necesidad' de un careo entre Ramírez y los hermanos Fernando y Ernesto Córdova Santiváñez, acusados de ser autores intelectuales del atraco.

Ayer, también llegó hasta la Fiscalía el abogado de la familia O'Connor D'Alarch, Iván Alemán, que dijo que se constituirán en parte civil del caso.
Luego de ello, la comisión de fiscales se dirigió al Senado, donde informaron de sus avances a los congresistas.

Destinan más auditores a YPFB
La Contraloría General de la República (CGR) decidió enviar dos abogados y cinco auditores a revisar el contrato suscrito entre YPFB y Cattler Uniservice; la decisión fue comunicada por su principal autoridad, el ex diputado del MAS Gabriel Herbas.
Los parlamentarios de la oposición descalificaron las acciones tanto del contralor como de la viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, por considerar que ambos tienen interés en encubrir los actos de Ramírez y no comprometer al MAS.
Herbas añadió que el trabajo no sólo será con   este contrato, sino con todos los contratos que suscribió YPFB a lo largo de estos tres años. Ello implica la revisión de las gestiones de cinco presidentes de la estatal petrolera.

Además, Herbas no descartó el inicio de un proceso en contra de su correligionario por incumplimiento de normas, porque explicó que cualquier contrato debe ser remitido a la Contraloría en un término de cinco días después de suscrito. El mismo fue firmado el 14 de julio del año pasado y hasta ahora no existe ninguna documentación sobre ese compromiso.
Por otro lado, el Ejecutivo se niega a brindar informes sobre ese contrato y no entrega el documento. En la estatal petrolera dijeron que no se puede entregar documentación hasta que no concluya la intervención, que se inició el lunes.

Luis Arce y su esposa están en la mira
El presidente de la comisión especial de la Cámara de Senadores, Walter Guiteras, dijo que por las declaraciones y los hechos, los hermanos Navia Doria Medina deberían estar detenidos. Ésa fue la primera observación realizada a la comisión de fiscales.
Añadió que es necesario investigar al ministro de Hacienda, Luis Arce, porque los recursos de un fideicomiso de YPFB fueron al Banco Unión, donde la máxima ejecutiva es la esposa del ministro, Lourdes Durán. Ésta rechazó las acusaciones y aseguró que su cargo se lo ganó trabajando.

Guiteras acotó que el principal componente de corrupción en la estatal petrolera es el decreto supremo que aprobó el Gobierno y que va a contramano del decreto supremo de normas básicas de contratación de bienes y servicios. "Es una norma para que Santos Ramírez pueda garantizar cuánto va a robar", acusó.
Informó, además, que la reunión con los fiscales tuvo un carácter informativo sobre los allanamientos y las convocatorias a los implicados, además de la necesidad de iniciar el trámite de la licencia de dos diputados: Marco Antonio Córdova (Podemos) y Giovanna Navia (MAS).

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