Jimena Costa Benavides*

Son múltiples las consecuencias que podría traer la aprobación del texto constitucional del “Juntos Podemos MAS”. Me concentraré en una de ellas y en un solo artículo.

Actualmente, la Cámara Baja cuenta con 70 circunscripciones uninominales y 60 plurinominales. Recordemos que ya hubo serios problemas para mover tres escaños durante el periodo de Rodríguez Veltzé. El Art. 146 de la propuesta de CPE señala que serán 130 diputados (65 plurinominales y 65 uninominales), e introduce un número indeterminado de circunscripciones especiales indígena originario campesinas en aquellos departamentos en los que estos pueblos sean minoría.

Resultado: Deberán redistribuirse los escaños entre los departamentos —lo que traerá confron- tación porque existen departamentos subrepresentados—; deberán reducirse cinco circunscripciones uninominales —otra vez confrontación—; los departamentos deberán ceder escaños a favor de mino- rías indígenas, lo que reduce su número de representantes; para lograr el control de tierra, territorio y recursos naturales en un contexto en el que no existen límites claros de territorios originarios ancestrales, ni de provincias, ni de municipios, ni de comunidades, etc, cotidianamente veremos toma de tierras, minas, pozos, etc. ¡Piedra Libre!

Estando en vigencia la actual CPE, que protege la propiedad privada, más de 300 minas han sido tomadas por campesinos —con muertos de por medio—; no hay un dato oficial de cuántas hectáreas de tierra ya han sido tomadas por los “Sin Tierra”, y el escenario más probable es que se definan límites territoriales de facto. Eso, claro, traerá más confrontación.

Un ejemplo de los cambios que traería la redistribución de circunscripciones uninominales y la determinación de circunscripciones especiales indígenas mientras no hay Tribunal Constitucional y el Parlamento elegido el 2005 se queda sin atribuciones para actuar, sería más o menos el siguiente:

Los departamentos de occidente (La Paz, Oruro y Potosí) cederían ocho circunscripciones uninominales a las minorías indígenas (Afroboliviano, Araona, Lecos, Mosetén, Tacana, Toromona, Uru La Paz, Uru Oruro); los departamentos de los valles (Cochabamba, Chuquisaca y Tarija) cederían seis circunscripciones uninominales a las minorías indígenas (Guaraní Chuquisaca, Yuracaré, Yuqui, Guaraní Tarija, Tapiete y Weenhayek); los departamentos del oriente (Santa Cruz, Beni, Pando) cederían 13 circunscripciones uninominales a las minorías indígenas (Ayoreo, Chiquitano, Guaraní, Guarasugwe, Guarayo, Yuracaré, Chacobó, Maropa, Cavineño, Baure, Canichana, Cayubaba, Chimán, Guarasugwe, Joaquiniano, Moré, Mosetén, Movima, Pacahuara, Sirionó, Tacana, Nahua, Esse Ejja, Machineri, Pacahuara, y Yaminahua). Beni y Pando sólo tendrían circunscripciones especiales indígenas y Tarija tendría tres de cinco.

Los pueblos indígenas minoritarios suman 684.377 personas, lo que hace el 7% de la población que tendría el 41% de escaños uninominales, mientras que el 93% de la población —incluyendo aymaras y quechuas— tendría sólo el 59%. ¡Eso es sobre representación! Si sumamos el detalle de que esas 38 circunscripciones uninominales que quedan deben “contener” a la población urbana (65%) y a la rural (35%), probablemente la población urbana quedará aún más subrepresentada.

*Jimena Costa B.
es analista.