Publicado por: La Prensa (La Paz - Bolivia)

Modificaciones en normas 23318-A y 26237 de 1992 y 2001, respectivamente

El recurso puede ser conocido en una de las dos cámaras y apelado ante la otra.

El Gobierno cambió dos decretos supremos, en abril y noviembre de este año, que le permitieron suspender, a través de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, al contralor General de la República, Osvaldo Gutiérrez Ortiz, designado por el Congreso el 11 de marzo de 2005.

El anterior sábado, el diputado René Martínez (MAS), presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, informó que esa instancia legislativa decidió suspender a esa autoridad porque existía una serie de denuncias de irregularidades en su contra, entre ellas que no concluyó la fiscalización a las empresas petroleras en los términos que se había previsto.

Esta última denuncia fue presentada ante esa repartición del Legislativo por el diputado José Pimentel, también del MAS.

La Ley de Hidrocarburos 3058 fija 180 días de plazo desde el 17 de mayo de 2005 para concluir y presentar informes sobre auditorías a las petroleras extranjeras. Sin embargo, el decreto reglamentario dice que este plazo corre desde la aprobación de un presupuesto especial para cumplir esa tarea.

Gutiérrez aseguró en su defensa que los 27 informes de las auditorías a las empresas petroleras están listas y arrojaron un daño económico de 1.000 millones de dólares al Estado. Explicó que para llegar a estos resultados tuvo que afrontar obstáculos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Superintendencia de Hidrocarburos y el Ministerio del ramo. Incluso dijo que para que esas entidades le den información tuvo que recurrir a acusaciones de tipo penal y requerimientos de los fiscales.

Sin embargo, no es la única denuncia que pesa en su contra, sino también supuestas irregularidades en contrataciones y el no haber investigado presuntos casos de corrupción en Santa Cruz, entre otros.

Martínez dijo que la decisión de la comisión se basa en el Decreto 29536, del 30 abril de 2008; sin embargo, también toma como referencia al 29820, del 26 de noviembre de 2008.

Ambos decretos incorporaron modificaciones en dos normativas que reglamentan la responsabilidad de la función pública: la número 23318-A, del 3 de noviembre de 1992, y la 26237, del 29 de junio de 2001.

Esas normas reconocen la facultad que tienen las comisiones del Congreso para suspender a esa autoridad cuando hay una posible responsabilidad administrativa. “Los casos de posible responsabilidad administrativa del Contralor General de la República, Fiscal General de la República o superintendentes, sus inmediatos dependientes (...), serán resueltos por las respectivas comisiones del Legislativo con arreglo a los procedimientos establecidos en las leyes vigentes”.

Se añade que oficiará como sumariante “la comisión que haya conocido el hecho o la denuncia y conocerá el recurso jerárquico la comisión homóloga en la otra Cámara”.

Antes podía hacerlo cualquiera de esas instancias. Se mantiene la idea de que cuando la comisión así lo vea necesario, podrá adoptar, a título provisional, las medidas precautorias de cambio temporal de funciones de la autoridad, pero se añade “la suspensión del cargo con goce de haberes por un periodo no mayor a 90 días, tiempo en el que deberá finalizar el proceso interno”.

Señala también que en caso de que la comisión opte por suspender temporalmente a la autoridad con goce de haberes, deberá comunicar inmediata y simultáneamente a la máxima autoridad ejecutiva de la entidad para que designe a un funcionario interino en el tiempo que dure la suspensión.

Según la Constitución Política del Estado, el Contralor depende del Presidente de la República, por lo que éste se constituye en la máxima autoridad ejecutiva. Es por ello que Evo Morales nombró al diputado Gabriel Herbas (MAS) como contralor interino.

La normativa aclara que el proceso contra la autoridad suspendida podrá ser iniciado de oficio, por denuncia, con base en dictamen o causa de informe de auditoría especial. Antes no se establecía ese procedimiento.

Otra modificación es que una vez que la comisión que se constituya en sumariante tome alguna decisión, “el denunciante como la autoridad que requirió el inicio del proceso administrativo están legitimados para impugnar” la determinación, pero no señala nada respecto a que pueda hacerlo la autoridad suspendida.

Tampoco menciona el procedimiento mediante el cual el Contralor suspendido pueda impugnar su alejamiento temporal.

Funciones inamovibles

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, calificó de incorrecta la suspensión del contralor general de la República, Osvaldo Elías Gutiérrez Ortiz, porque no existen pruebas ni una auditoría en su contra.

El Gobierno culpa a la autoridad del incumplimiento de la Ley 3058 de Hidrocarburos al no realizar las auditorías técnica, operativa y financiera a los contratos de las empresas petroleras.

Wayar explicó que, conforme a la Constitución Política del Estado, “el Contralor es inamovible en el tiempo de sus funciones que es de 10 años, salvo que exista responsabilidades”. Gutiérrez fue posesionado por el Congreso Nacional el 11 de marzo de 2005, durante el Gobierno de Carlos Mesa.

Reconoció que la Comisión de Constitución, conformada por una mayoría de masistas, si bien está facultada para llevar adelante el procedimiento de responsabilidad administrativa contra Gutiérrez, no está autorizada para suspenderlo porque sería una sanción anticipada, además que no tiene una base jurídica para esa medida.

“Lo que deberían haber hecho primero es tener los indicios que no son suficientes, las pruebas contundentes que emergen de una auditoría a la gestión del Contralor General, cuyo estudio recién se ha convocado. (Entonces) la prueba se la va a obtener mientras está suspendido, cuando este señor declaró que estaba presto a llevar informes referidos a manejos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos”.

El presidente del colegio de Abogados dedujo que la determinación de la Comisión es sugestiva y "tiene un tinte eminentemente político".

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